La Fiscal¨ªa de Barcelona prepara una denuncia por desacato contra el presidente de la patronal catalana

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido presentar una denuncia contra Alfredo Molinas por supuesto desacato, seg¨²n se aseguraba ayer en medios judiciales de Catalu?a. Esta denuncia, que, de materializarse, ser¨ªa presentada en las pr¨®ximas horas, est¨¢ motivada por las decla raciones que Molinas, presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional y vicepresidente de la CEOE, realiz¨® a este peri¨®dico, en las que criticaba a los magistrados por su decisi¨®n de procesar a los tres inspectores de polic¨ªa implicados en la muerte del grapo Juan Mart¨ªn Luna, ocurrida el 5 de diciembre de 1982.

Molinas (ver EL PA?S de ayer) calific¨® el auto de procesamiento dictado por la Secci¨®n Quinta de lo Penal de la Audiencia de Barcelona como "un acto de propaganda de los se?ores terroristas de los GRAPO" (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre). El dirigente de la patronal hizo hincapi¨¦ en la "indignaci¨®n" de los empresarios catalanes, asegur¨® que hab¨ªa reclamado la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad Urbana de Barcelona, y pidi¨® un acto de apoyo en favor de los polic¨ªas procesados y de las fuerzas de seguridad en general.Estas afirmaciones provocaron a su vez la indignaci¨®n de determinados sectores de la judicatura barcelonesa, que decidieron pedir a la fiscal¨ªa que presentara una denuncia en el juzgado de guardia, por si tales afirmaciones pudieran ser constitutivas de un delito de desacato. El escrito de denuncia, que ser¨ªa presentado ante el juzgado de guardia, deber¨¢ ser ratificado en las pr¨®ximas horas por el teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona, ya que el fiscal jefe se encuentra enfermo desde hace tres d¨ªas.

Las declaraciones de Molinas han coincidido con una avalancha de amenazas, supuestamente realizadas por los GRAPO, dirigidas a empresarios catalanes, en las que se exige un impuesto revolucionario. Una de estas cartas amenazadoras, que reclama cinco millones de pesetas, fue presentada recientemente por su destinatario en el juzgado de guardia.

El documento, de un folio, lleva junto al nombre del empresario extorsionado un n¨²mero en clave que, seg¨²n los firmantes, "se utilizar¨¢ para el cobro o para cualquier otro contacto". El texto reclama discreci¨®n con relaci¨®n a este n¨²mero clave de identificaci¨®n, "entre otras cosas para evitar que nadie pueda chantajearle en nuestro nombre". El mensaje contin¨²a advirtiendo que "entre la misma polic¨ªa hay listos que se aprovechan de su posici¨®n y conocimiento para forrarse a costa de los incautos".

La carta ordena al empresario que tenga preparada la cantidad reclamada, desde el momento de la recepci¨®n del texto, y "lista para ser entregada en la fecha y en las condiciones que en su d¨ªa le indicaremos, teniendo bien presente que al m¨ªnimo intento de evadirse, de retrasar el pago de este impuesto o de poner en peligro nuestra seguridad, le consideraremos un enemigo y tomaremos las medidas oportunas y ejemplarizadoras".

Preguntas parlamentarias

Por su parte, el Grupo Popular presentar¨¢ en el Congreso de los Diputados dos preguntas orales al Gobierno para conocer las acciones que piensa adoptar el Ejecutivo, y de manera especial los ministerios de Interior y Justicia, para asegurar "la permanente defensa jur¨ªdica de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" y, en concreto, de los tres inspectores del Cuerpo Superior de Polic¨ªa procesados por la muerte de Mart¨ªn Luna.

El presidente provincial de Alianza Popular de Barcelona, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, manifest¨® ayer que la actuaci¨®n de la polic¨ªa en la muerte del grapo era "perfectamente justificable como un acto de leg¨ªtima defensa", y apoy¨® la petici¨®n de convocatoria urgente del Consejo de Seguridad Urbana de Barcelona solicitada por el presidente de la patronal catalana, Alfredo Molinas, informa . "Me extra?a que el gobernador civil, Ferran Cardenal (presidente de aquel consejo), a¨²n no la haya convocado", a?adi¨®.

Las preguntas al Gobierno ser¨¢n presentadas en el Congreso de los Diputados en las pr¨®ximas horas. Otras fuentes de la direcci¨®n de Alianza Popular de Catalu?a indicaron ayer su "total respaldo" a los actos de apoyo a la polic¨ªa que piensa realizar la patronal catalana. "La infraestructura del partido est¨¢ al servicio de todas estas iniciativas".

Fern¨¢ndez D¨ªaz, gobernador civil de Barcelona entre 1980 y 1982, durante cuyo mandato muri¨® en un enfrentamiento con la polic¨ªa barcelonesa el grapo Enrique Cerd¨¢n Calixto, se?al¨® que, "desde el respeto m¨¢s absoluto al poder judicial", consideraba que la decisi¨®n de dictar auto de procesamiento contra tres funcionarios de la polic¨ªa "nos causa una honda preocupaci¨®n", ya que "es evidente que la peligrosidad de Mart¨ªn Luna era muy conocida" y, por tanto, "si, como se ha afirmado, intent¨® desenfundar su arma e, incluso, lleg¨® a hacerlo, la actuaci¨®n policial est¨¢ perfectamente justificada".

En total sinton¨ªa con la opini¨®n de la patronal catalana, Fern¨¢ndez D¨ªaz a?adi¨® que actuaciones como la del auto de procesamiento de los polic¨ªas "pueden sumir a la sociedad en un estado de indefensi¨®n ante la amenaza terrorista, por la v¨ªa de la desmoralizaci¨®n que pueda causar a los integrantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que, con un elevado riesgo para sus vidas y permanente sacrificio, hacen frente a los terroristas".

Todos los inspectores de la Brigada Regional de Informaci¨®n, a la que pertenec¨ªan hace dos a?os los tres polic¨ªas procesados, participaron ayer en el despliegue de fuerzas ordenado por sus mandos para prever atentados de los GRAPO en el segundo aniversario de la muerte de Mart¨ªn Luna, lo que desmiente una supuesta dimisi¨®n masiva de sus efectivos. Uno de los objetivos de la operaci¨®n era la localizaci¨®n de Mercedes Padr¨®s Corominas y Mar¨ªa Teresa Jes¨²s Gonz¨¢lez, dos de las responsables de los GRAPO que siguen en libertad.

El presidente del Sindicato Profesional de Polic¨ªa (SPP) en Catalu?a, Andr¨¦s Evaristo Rodr¨ªguez, declar¨® ayer que "el enfado de los inspectores de Informaci¨®n se debe a la falta de apoyo jur¨ªdico que han tenido los procesados por parte de la direcci¨®n general", aunque desminti¨® la existencia de un plante.

Los tres inspectores procesados se hallan desde hace dos d¨ªas rebajados de servicio, seg¨²n especifica el art¨ªculo 143 del Reglamento Org¨¢nico de la Polic¨ªa para todos aquellos agentes que son procesados por "supuestos hechos dolosos relacionados con el servicio".

Ese art¨ªculo, que actualmente est¨¢ revisando el Tribunal Constitucional a petici¨®n de los sindicatos policiales, se?ala que el inspector que "haya sido declarado en situaci¨®n de suspenso quedar¨¢ privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos y prerrogativas anejas a su condici¨®n de funcionario, procedi¨¦ndose a recogerle los distintivos del cargo y el arma reglamentaria".

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Barcelona admiti¨® ayer a tr¨¢mite el recurso contra el procesamiento de los tres polic¨ªas, presentado por el abogado del Estado y el fiscal.