El Estado ha gastado ya m¨¢s de 40 millones para la defensa jur¨ªdica de los encausados

Fuentes gubernamentales espa?olas han cifrado en m¨¢s de 40 millones de pesetas el total, hasta el momento, de los gastos desembolsados por el Estado para la asistencia jur¨ªdica al capit¨¢n y los tripulantes del petrolero Izarra, detenidos en Nigeria desde el 19 de junio acusados de contrabando de crudo. Esa cantidad supone por s¨ª sola el doble del presupuesto con que cuenta al a?o el Ministerio de Asuntos Exteriores para la defensa jur¨ªdica de los espa?oles en el extranjero.De los gastos ocasionados por el apresamiento del Izarra, el cap¨ªtulo m¨¢s fuerte es la minuta del abogado Jimi Oduba, que cobra 3.750 d¨®lares (unas 640.000 pesetas) por cada d¨ªa de proceso, adem¨¢s de otros 3.000 d¨®lares (m¨¢s de 510.000, pesetas) por cada d¨ªa de gestiones, por lo que la factura final ascender¨¢ previsiblemente a m¨¢s de 17 millones de pesetas.

Las autoridades diplom¨¢ticas espa?olas, que desde hace casi seis meses han venido intentando la puesta en libertad de la tripulaci¨®n del petrolero Izarra, conf¨ªan en que su capit¨¢n, Jos¨¦ Luis Peci?a, logre la conmutaci¨®n de la pena de muerte que le fue impuesta hace cinco d¨ªas, si bien no esperan que el asunto tenga todav¨ªa una soluci¨®n definitiva -con la vuelta a Espa?a de ¨¦ste- hasta dentro de unas semanas o meses.

Funcionarios espa?oles que han seguido el caso aseguran que el Izarra, cuando fue capturado, se dedicaba por tercera vez a la exportaci¨®n clandestina de crudo nigeriano. Antes de poner rumbo al puerto de Calabar el 19 de junio pasado, tras varios d¨ªas de espera en las cercan¨ªas de la costa, el Izarra fue advertido dos o tres veces por el buque Zabat 1, de bandera espa?ola, del peligro que corr¨ªa. Ese barco espa?ol acababa de ser liberado por las autoridades nigerianas tras sufrir problemas por causas similares a las que dar¨ªan lugar al proceso de la tripulaci¨®n del Izarra.

El 20 de julio, m¨¢s de un mes despu¨¦s del apresamiento, un n¨²mero extraordinario de la Official Gazette (bolet¨ªn oficial) de Nigeria publicaba una ley, con fecha de entrada en vigor el 31 de diciembre anterior, que introduc¨ªa la pena de muerte como ¨²nica sanci¨®n para los condenados por exportaci¨®n ilegal. Hasta entonces, la pena prevista era de 21 a?os de prisi¨®n.

Espa?a rechaz¨® desde un primer momento la posibilidad de sancionar econ¨®micamente a Nigeria si no dejaba libres a los encausados; entre otras razones, porque era pr¨¢cticamente imposible: casi todo el petr¨®leo de ese pa¨ªs que llega a Espa?a es comprado indirectamente y las exportaciones directas son superiores a las importaciones. Tampoco exist¨ªa la posibilidad de actuar internacionalmente argumentando que la ley nigeriana por la que se procesaba a los tripulantes del Izarra era contraria a Derecho por su car¨¢cter retroactivo, ya que Nigeria no es firmante del Pacto de Derechos Humanos. La diplomacia espa?ola opt¨® finalmente por enviar un emisario real: el teniente general Manuel D¨ªez-Alegr¨ªa.