P¨¦rdidas privadas transferidas al Presupuesto

El Estado, como ocurre en muchos otros pa¨ªses europeos, es el mayor empresario de Espa?a. La vocaci¨®n patronal, como en el caso de Italia, arranca del fascismo y sus veleidades aut¨¢rquicas (creaci¨®n de Renfe y del Instituto Nacional de Industria en 1941, compra a ITT de la Compa?¨ªa Telef¨®nica en 1945, y constituci¨®n del Instituto Nacional de la Vivienda nada m¨¢s terminar la guerra civil). Este peculiar origen explica algunas de las caracter¨ªsticas del denostado sector p¨²blico espa?ol, que surge entre sue?os imperiales "para la promoci¨®n de industrias de defensa nacional y aquellas que aseguren la autarqu¨ªa econ¨®mica".La estabilizaci¨®n de 1959 y la paulatina apertura al mundo del r¨¦gimen franquista suponen una creciente liberalizaci¨®n de la econom¨ªa espa?ola y el abandono de proyectos industriales ut¨®picos, como el famoso de Suances de obtener gasolina de las pizarras de Puertollano, en unos a?os en que los pocos autom¨®viles que circulaban en nuestro pa¨ªs lo hac¨ªan con gas¨®leo. La empresa p¨²blica participa con ¨¦xito en el desarrollo industrial de Espa?a asumiendo cuantiosas inversiones que el capital privado no est¨¢ en condiciones de afrontar, pese a que presidencias y consejos de administraci¨®n son utilizadas con gran frecuencia por el r¨¦gimen franquista para recompensar servicios a sus leales.

La crisis econ¨®mica y las incertidumbres de la transici¨®n pol¨ªtica propician la ¨²ltima etapa de la empresa p¨²blica espa?ola. Decenas de empresas privadas atrapadas de lleno por la crisis traspasan sus p¨¦rdidas y sus plantillas al erario p¨²blico. Actividades irrentables, instalaciones obsoletas y procesos de gesti¨®n ineficientes acaban desembocando en los presupuestos del Estado. Miner¨ªa, siderurgia, astilleros, empresas textiles, industria del aluminio y transportes, constituyen un amplio abanico de actividades, con gran incidencia ocupacional y elevados costos, que son endosados en los ¨²ltimos a?os del franquismo, y sobre todo durante los gobiernos de UCI), desde el sector privado al Estado.

La Intervenci¨®n General del Estado, en el primer balance consolidado que se ha realizado sobre el sector p¨²blico empresarial, acaba de identificar la existencia de 747 sociedades no financieras en las que existe alguna participaci¨®n p¨²blica. De ellas, 379 empresas cuentan con mayor¨ªa de capital p¨²blico o est¨¢n sometidas en su actividad a un control pol¨ªtico (caso de Telef¨®nica). Los datos concretos del balance, referidos a 244 sociedades que absorbieron el 95% de la actividad del sector p¨²blico en 1983, reflejan la dram¨¢tica situaci¨®n de la empresa p¨²blica estatal: 406.790 millones de p¨¦rdidas (el 11,07% de la producci¨®n bruta) y un endeudamiento de 5,3 billones de pesetas (m¨¢s del triple de sus recursos propios). No obstante, no todas las empresas p¨²blicas van mal. Ocho sociedades (CTNE, Endesa, EMP, Aldeasa, Cempsa, Encasur, H¨ªspanoil y Sepes) obtuvieron unos beneficios globales de 71.000 millones de pesetas.