Hacienda somos los de siempre

SIETE A?OS despu¨¦s de la reforma fiscal casi nadie cree ya que Hacienda seamos todos. Aquel mensaje de lanzamiento a la sociedad del nuevo impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF) suena hoy a canto de sirena: uno de cada cuatro contribuyentes no declara a Hacienda, y de cada peseta recaudada por IRPF, 85 c¨¦ntimos proceden de las n¨®minas salariales. Las bolsas de fraude contin¨²an casi intactas, pero la recaudaci¨®n aumenta porque aumenta la presi¨®n sobre los ya declarantes. Los nuevos responsables han incrementado las plantillas y las actuaciones de la inspecci¨®n, pero sus meritorios logros son ¨ªnfimos en relaci¨®n con la gigantesca dimensi¨®n del fraude (se estima en un bill¨®n de pesetas anuales en el IRPF).Las actuaciones se estrellan frecuentemente con la lentitud e incomprensi¨®n del aparato judicial. Los procesos judiciales se eternizan y los fallos, en su mayor¨ªa, son contrarios a las pretensiones de Hacienda. Los tribunales pr¨¢cticamente no han condenado a nadie por delito fiscal desde que se regul¨® en octubre de 1977. Las relativamente frecuentes apropiaciones indebidas que realizan algunas empresas de las retenciones a sus trabajadores por IRPF o de las correspondientes al impuesto de tr¨¢fico de empresas rara vez fructifican en una sanci¨®n por delito social. Hay demasiadas inconcreciones en la legislaci¨®n y escasez de pruebas reales -aun en casos flagrantes en que no ha habido ingreso alguno de impuestos al Tesoro- que prueben la voluntariedad de evadir o el ¨¢nimo defraudador.

Pero junto a la impotencia tambi¨¦n est¨¢ la arrogancia. El secretario de Estado de Hacienda declara un d¨ªa "que en este pa¨ªs s¨®lo pagan impuestos los trabajadores asalariados", y meses despu¨¦s defiende en televisi¨®n la "alcaldada" de Joaqu¨ªn Leguina en el caso del recargo del 3% sobre el IRPF a los contribuyentes de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid. Si es injusto que s¨®lo paguen impuestos los asalariados, ?por qu¨¦ hacerles pagar m¨¢s? Estado, comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos se aprestan a requerir esfuerzos fiscales suplementarios a los contribuyentes de siempre (que, como se ha reconocido, no son todos los ciudadanos). La improvisaci¨®n de normas, decretos y reglamentos ha sido otra de las caracter¨ªsticas de la pol¨ªtica fiscal. Los textos han debido modificarse una y otra vez al ritmo de los fallos judiciales que han ido desautorizando al Ministerio de Hacienda y respaldando las reclamaciones de los contribuyentes. Los tribunales han anulado las tareas de liquidaci¨®n que Hacienda atribuy¨® por decreto a sus inspectores, no han aceptado su tesis sobre una ¨²nica deducci¨®n general de 10.000 pesetas en el IRPF y han rechazado la pretensi¨®n del fisco de hacer tributar el subsidio de desempleo, por s¨®lo citar unos ejemplos. Otras veces la improvisaci¨®n se ha puesto de manifiesto anunciando reformas que razones de complejidad t¨¦cnica y de calendario legislativo hac¨ªan inviables a corto plazo.

Hacienda ha seguido sufriendo las presiones de determinados colectivos que han propiciado un tratamiento fiscal favorable a sus intereses. La patronal, en el Acuerdo Econ¨®mico y Social, logr¨® rectificar los proyectos de Hacienda de suprimir para 1985 determinadas subvenciones y desgravaciones a la inversi¨®n. Y se cedi¨® en este punto, a pesar de repetir una y otra vez en p¨²blico, tanto el secretario de Estado como el secretario general de Hacienda, que a trav¨¦s de estos incentivos se est¨¢ produciendo una costos¨ªsima evasi¨®n legal de impuestos. Los m¨¦dicos han logrado evitar que sus facturas incluyan el impuesto de tr¨¢fico de empresas, como una premonici¨®n de la escapatoria que pretenden del impuesto del valor a?adido, al que ya se est¨¢n resistiendo activamente otras profesiones.

Pero lo m¨¢s curioso es que, mientras los responsables de Hacienda ordenan controvertidos peinados fiscales en determinadas poblaciones, con la pretensi¨®n de sacar a la luz bolsas importantes de econom¨ªa sumergida, el Gobierno hace la vista gorda ante el tema y se?ala los beneficios laborales de esa situaci¨®n.

Es verdad que en este pa¨ªs se pagan pocos impuestos -y que hay muchos que no pagan ninguno-. Pero las necesidades de la econom¨ªa y las preocupaciones del d¨¦ficit parecen hacer primar la voluntad recaudatoria sobre la redistributiva. Un viraje de pol¨ªtica en ese sentido y una moderaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas, que pueden ser presas de la voracidad inane de la que ha sido v¨ªctima la de Madrid, igual que un m¨¢s severo control del gasto p¨²blico, podr¨ªan servir para devolver a los contribuyentes la sensaci¨®n de que no son todos ellos -precisamente ellos, que contribuyen- unos delincuentes en potencia, y la confianza en que las cargas est¨¢n socialmente menos repartidas. Ser¨ªa un buen prop¨®sito para el a?o entrante.