Fuerte rechazo en Canarias al proyecto de ley de aguas

El proyecto de ley de aguas, aprobado por el Consejo de Ministros, ha sido rechazado por la oposici¨®n y los sectores afectados en Canarias, al extender la declaraci¨®n de dominio p¨²blico de los recursos hidr¨¢ulicos al territorio del archipi¨¦lago, lo que ha sido interpretado en tales fuentes como una invasi¨®n de las competencias exclusivas de la comunidad aut¨®noma en dicha materia. En contra de esta opini¨®n, el consejero de Industria, Agua y Energ¨ªa del Gobierno aut¨®nomo, Nicol¨¢s ?lvarez, del PSOE, ha declarado: "Nosotros tambi¨¦n hubi¨¦ramos calificado todas las aguas canarias de dominio p¨²blico. Canarias tiene competencia para elaborar una ley propia que, seg¨²n el Gobierno aut¨®nomo, ser¨¢ aprobada al mismo tiempo que la de ¨¢mbito nacional.El Grupo Popular en el Parlamento regional, donde constituye la primera fuerza de oposici¨®n, ha expresado a trav¨¦s de su portavoz, Francisco Marcos, una "gran preocupaci¨®n por el grave da?o causado a las comunidades de aguas con este tipo de anuncios, fruto de la frivolidad y las veleidades del PSOE". Alianza Popular ha propuesto en un comunicado que sea enmendada en el Parlamento nacional la disposici¨®n adicional del proyecto de ley de aguas que establece la aplicaci¨®n en Canarias del principio de dominio p¨²blico. Desde su punto de vista de defensa de la propiedad privada de los pozos y galer¨ªas de las islas, esta consideraci¨®n supone el desmantelamiento de un sector b¨¢sico, sin que el Parlamento aut¨®nomo haya ejercido su soberan¨ªa en la materia. El agua es uno de los tenias m¨¢s conflictivos de la reciente historia pol¨ªtica del archipi¨¦lago.

En el mismo sentido, el CDS, el grupo mixto en la c¨¢mara regional y las agrupaciones independientes de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura reclaman que la comunidad aut¨®noma se acoja al derecho estatutario de legislar y regular las aguas en todo el archipi¨¦lago. El estatuto de autonom¨ªa confiere a esta comunidad competencias legislativas y de ejecuci¨®n en aguas superficiales y subterr¨¢neas. Los citados grupos insulares proponen que el Parlamento regional interponga un recurso de inconstitucionalidad ante la futura ley nacional.