?Qui¨¦n miente?

LA NOTA facilitada ayer por la oficina de prensa del Ministerio del Interior, resuelto al parecer a proseguir indefinidamente la fatigosa pol¨¦mica del titular de ese departamento con EL PAIS, est¨¢ salpicada de errores gramaticales, tergiversaciones de hechos, contradicciones flagrantes, explicaciones no solicitadas y amenazas. La circunstancia de que Jos¨¦ Barrionuevo dirija sus quejas a la vez a la opini¨®n p¨²blica y a los tribunales de justicia nos obliga, muy a pesar nuestro, a responder a ese peregrino documento, digno reto?o de la literatura policial de la ¨¦poca de la dictadura.Las informaciones publicadas por EL PAIS durante la ¨²ltima semana se limitaron a poner en relaci¨®n la dimisi¨®n o el relevo del fiscal Valerio, que interven¨ªa en el caso Brouard, con sus peticiones para que el juez instructor del sumario practicara determinadas diligencias cuya realizaci¨®n afectaba a funcionarios dependientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Aunque no resulta f¨¢cil determinar con exactitud todos y cada uno de los pasos de la informaci¨®n circulada dentro del aparato del Estado, se sabe ya, en buena parte gracias a la investigaci¨®n de este peri¨®dico, que la remoci¨®n del fiscal Valerio fue precedida por las comunicaciones facilitadas al ministro de Justicia por el ministro del Interior y por el ministro de Defensa. Tambi¨¦n est¨¢ confirmado que el ministro de Justicia transmiti¨® tal informaci¨®n a la Fiscal¨ªa General del Estado, que la hizo llegar al fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Bilbao. El director de EL PAIS no consult¨® anteayer con el ministro del Interior, sino que pregunt¨® a Jos¨¦ Barrionuevo, a Fernando Ledesma y a Narc¨ªs Serra acerca de las circunstancias en que se hab¨ªan producido esas comunicaciones. Respetando criterios profesionales, la informaci¨®n aparecida ayer en este peri¨®dico se bas¨® exclusivamente en las respuestas oficiales de los tres ministros.

El rasgo m¨¢s sorprendente de esta historia es que, al menos formalmente, no hay nada ilegal en esa secuencia informativa dentro del aparato del Estado. Resulta casi obligado que los subordinados del ministro del Interior comuniquen al titular del departamento la recepci¨®n de esas diligencias. Es comprensible que el ministro del Interior transmita al ministro de Justicia esa informaci¨®n. Y se halla dentro de las posibilidades legales que el ministro de, Justicia ponga tales hechos en, conocimiento del fiscal general del Estado: las comunicaciones del Gobierno, a trav¨¦s de su presidente o del ministro de Justicia, con el fiscal general del Estado est¨¢n previstas por el Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, que establece que "el Gobierno podr¨¢ interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del inter¨¦s p¨²blico". Dado que el ministerio fiscal ejerce sus funciones "conforme a los principios de unidad de acci¨®n y dependencia jer¨¢rquica", el fiscal general. del Estado, una vez interesado en un asunto espec¨ªfico por el poder ejecutivo, tiene pleno derecho a impartir a sus subordinados las ¨®rdenes e instrucciones convenientes y a designar a cualquier miembro del ministerio p¨²blico para un asunto determinado.

?A qu¨¦ viene entonces la irritaci¨®n y el desasosiego del ministro del Interior en este asunto? La nota de la oficina de prensa, redactada con un notable desprecio por la exactitud y por el idioma, se debate con un adversario inexistente. El ministro del Interior, que reconoci¨® anteayer haber informado al ministro de Justicia de la existencia de las providencias judiciales relacionadas con el caso Brouard, aclara a los ciudadanos que la palabra informaci¨®n no debe ser entendida como "iniciativa o adopci¨®n de medida alguna". Ninguna de las definiciones dadas por el Diccionario de la Academia a ese t¨¦rmino contiene esa disparatada acepci¨®n. Obsesionado por la mala conciencia, el redactor de la nota insiste en que los datos transmitidos por el ministro del Interior al ministro de Justicia sobre esas diligencias no deber¨ªan entenderse como informaci¨®n transmitida de manera oficial "con la intencionalidad pol¨ªtica de promover cualquier tipo de acci¨®n administrativa". El se?or ministro del Interior, se nos viene a decir, acostumbra a charlar con otros colegas del Gobierno sobre conflictos interdepartamentales con el exclusivo objeto de matar el tiempo, distraer los ocios o ampliar sus conocimientos de cultura general.

La nota tambi¨¦n afirma que el ministro del Interior "no ha recibido muestra alguna de ning¨²n tipo de posicionamiento por parte de los servicios de ¨¦l dependientes, y que hubieran recibido providencias judiciales en relaci¨®n con el caso Brouard, todas las cuales fueron atendidas en su momento con la discreci¨®n a que obliga la ley de Enjuiciamiento Criminal". Aunque no resulta f¨¢cil desentra?ar el significado de la frase, la misteriosa negativa parece dar a entender que los subordinados afectados por las diligencias judiciales comunicaron su existencia al ministro del Interior con gesto imperturbable, sin a?adir comentarios y tal vez en posici¨®n de firmes.

El ministro del Interior, finalmente, pasa a "explicar las razones" que le impulsan a "rechazar con firmeza" cualquier "sombra de duda" sobre las responsabilidades propias o de cualquier servicio de su departamento "en relaci¨®n con el necesario esclarecimiento del asesinato de don Santiago Brouard". Esas razones, sin embargo, brillan por su ausencia en el texto, que se limita, a considerar una "insidiosa y grave acusaci¨®n" la insinuaci¨®n de que los servicios dependientes del Interior o de otra instancia gubernamental se hallen ocultamente interesados en dificultar esas actuaciones judiciales. Pero si los argumentos faltan, siempre existe la posibilidad de que una buena amenaza supla su ausencia. De esta forma, el ministro del Interior anuncia el env¨ªo a los tribunales de las informaciones publicadas por EL PAIS en torno a la rocambolesca sarta de silencios, desmentidos, contradicciones y omisiones oficiales que ha acompa?ado a la sustituci¨®n del fiscal Valerio en el sumario de Brouard. Para su desgracia, no ha sido EL PAIS, sino la propia torpeza del Ministerio del Interior la causa de que algunos medios -y en ning¨²n caso este peri¨®dico- hayan dado p¨¢bulo a esa ominosa hip¨®tesis. Alguien ha mentido en este asunto. Y desde luego no ha sido EL PAIS, que se ha limitado trabajosamente a esclarecer un asunto in¨²tilmente oscurecido por el Ministerio del Interior.