Una ley necesaria (pero no suficiente)

En un art¨ªculo hist¨®rico, pero no obsoleto (Informaci¨®n Comercial Espa?ola, mayo de 1976), Peter O'Brien estableci¨® las coordenadas que delimitan nuestro peculiar extra?amiento entre ciencia y sociedad. Tras 10 a?os de crecimiento econ¨®mico continuado, con tasas anuales del 8% -superiores a las de cualquier pa¨ªs de la OCDE, con la excepci¨®n de Jap¨®n-, Espa?a entra en la d¨¦cada de los setenta con una renta industrial superior al 30% del producto nacional bruto, que nos sit¨²a para entonces entre los 10 grandes por el volumen de producci¨®n industrial.Este prodigioso despegue industrial tiene su tal¨®n de Aquiles en un enorme crecimiento de la importaci¨®n de tecnolog¨ªa, que nos sit¨²a tambi¨¦n a la cabeza de los pa¨ªses dependientes, tanto por el n¨²mero absoluto de contratos de transferencia tecnol¨®gica -superior a los censados en Argentina, Brasil o la Rep¨²blica de Corea, entre otros- como por su participaci¨®n en la renta nacional, que representa un 0,5% del producto nacional bruto. El argumento se cierra al considerar que, por aquellas fechas, el total de inversiones en investigaci¨®n cient¨ªfica y desarrollo tecnol¨®gico (I+D) no superaba el 0,25% del producto nacional. Una situaci¨®n cualitativamente similar a la actual.

Prioridades

Nuestro subdesarrollo cient¨ªfico es, pues, bien conocido; ha sido repetidamente denunciado y no necesita mayor argumentaci¨®n, excepto para se?alar que las soluciones no admiten excesiva demora en una carrera contra reloj, frente al envejecimiento de plantillas investigadoras que no se renuevan y los plazos relativamente largos de maduraci¨®n de la inventiva cient¨ªfica y la innovaci¨®n tecnol¨®gica.

Urge, pues, y ya van m¨¢s de 15 a?os de apremio, una pol¨ªtica que se plantee como primer objetivo una estrategia de desarrollo cient¨ªfico. En este sentido, la ley de Fomento y Coordinaci¨®n de la Investigaci¨®n Cient¨ªfica y T¨¦cnica puede ser el necesario punto de apoyo para poner en marcha el sistema de ciencia espa?ol, en consonancia con una sociedad que en los pr¨®ximos a?os va a depender crucialmente de su capacidad para generar conocimiento.

No es ¨¦sta la primera ocasi¨®n en que el problema del desarrollo de la ciencia se aborda desde las altas instituciones del Estado. La creaci¨®n del Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC) en 1939 -en sustituci¨®n de la diezmada Junta de Ampliaci¨®n de Estudios- y la superposici¨®n ulterior de una Comisi¨®n Asesora de Investigaci¨®n y Ciencia (CAICYT) en 1958 constituyen los pilares de t¨ªmidos intentos por sentar las bases de un fomento de las actividades cient¨ªficas. Sin embargo, la existencia de estos dos organismos de nivel ministerial establece conflictos de competencias por la coincidencia de fines y no resuelve la coordinaci¨®n intersectorial, que afecta a organismos de investigaci¨®n dependientes de ministerios econ¨®micos y defensa.

T¨¦cnicamente, el actual anteproyecto de ley de la Ciencia resuelve el galimat¨ªas legislativo precedente de forma que el CSIC pierde las prerrogativas hist¨®ricas de coordinaci¨®n, mientras que la CAICYT se configura como unidad de apoyo t¨¦cnico para una Comisi¨®n Interministerial de Investigaci¨®n Cient¨ªfica y Desarrollo Tecnol¨®gico, que se establece como el ¨²nico responsable de la coordinaci¨®n y fomento de la ciencia, as¨ª como de la elaboraci¨®n del Plan Nacional y de su seguimiento. Ambos, Comisi¨®n Interministerial y Plan Nacional, constituyen en el anteproyecto los pilares sobre los que deber¨¢ gravitar nuestro futuro cient¨ªfico.

En resumen, la futura ley de la Ciencia pretende adecuar nuestro sistema de ciencia a lo existente en la Europa comunitaria y dem¨¢s pa¨ªses de la OCDE en el sentido de un reforzamiento de la coordinaci¨®n transectorial (interministerial) y una planificaci¨®n de los gastos p¨²blicos consagrados a la ciencia y tecnolog¨ªa mediante la formulaci¨®n de prioridades inversoras. En nuestro caso concreto, el anteproyecto considera tres grandes categor¨ªas de programas: a) Programas nacionales intersectoriales, que afectan a varios departamentos ministeriales y que ser¨ªan financiados por fondos reguladores, fondos ministeriales y, eventualmente, por inversiones del sector privado. b) Programas sectoriales propios de los distintos departamentos ministeriales y organismos p¨²blicos de titularidad estatal. c) Programa de formaci¨®n y empleo de personal investigador y tecnol¨®gico, que puede ser una pieza fundamental de nuestra futura proyecci¨®n cient¨ªfica, dada la penuria de partida.

Una larga marcha

Como la nueva ley no aspira m¨¢s que a establecer el marco legal sobre el que proyectar soluciones a las graves insuficiencias de nuestro sistema de ciencia, no estar¨¢ de m¨¢s recapitular algunos de los grandes problemas y obst¨¢culos que deber¨¢n ser afrontados en el pr¨®ximo futuro.

En primer lugar habr¨ªa que considerar los derivados del ordenamiento constitucional, cuyo art¨ªculo 149.1.15 reserva al Estado el fomento y coordinaci¨®n de la investigaci¨®n cient¨ªfica y el desarrollo estatutario de las comunidades aut¨®nomas, a las que se les reconocen competencias exclusivas en dicha materia. Se trata, obviamente, de un problema delicado que se pasa como sobre ascuas en el anteproyecto de ley de la Ciencia mediante el sencillo expediente de establecer un consejo general de representantes de las autonom¨ªas como ¨®rgano consultivo de la comisi¨®n interministerial.

En segundo lugar habr¨ªa que situar los obst¨¢culos a la coordinaci¨®n intersectorial, derivados del celo de los diferentes departamentos ministeriales por conservar sus parcelas de poder en materia de ciencia y tecnolog¨ªa. Ah¨ª residi¨® seguramente el fracaso de la Comisi¨®n Delegada del Gobierno para Pol¨ªtica Cient¨ªfica y del IV Plan de Desarrollo. Leyendo entre l¨ªneas el actual anteproyecto, se percibe que estos problemas est¨¢n lejos de haberse resuelto, por la ausencia de menci¨®n a organismos y competencias de investigaci¨®n cient¨ªfica de los Ministerios de Sanidad y Consumo, Obras P¨²blicas, Transportes y Agricultura. Si esta ausencia refleja una oposi¨®n a la ley de la Ciencia, su viabilidad puede estar en entredicho.

Menci¨®n especial merece en este apartado el Ministerio de Hacienda, en cuyas manos ha estado aherrojado hasta ahora nuestro sistema de ciencia y tecnolog¨ªa, no s¨®lo por su celo en recortar la financiaci¨®n de la ciencia, sino tambi¨¦n por su falta de flexibilidad en la intervenci¨®n del gasto y su tenaz oposici¨®n a la creaci¨®n de plazas para personal formado o la contrataci¨®n de personal en formaci¨®n.

No puede pasarse por alto en este recuento de problemas los que puedan derivarse de la reconversi¨®n del CSIC en organismo exclusivamente ejecutor de la pol¨ªtica cient¨ªfica nacional definida por el Plan. Se corre el riesgo de que esta definici¨®n funcional, unida a su direcci¨®n presidencialista indicada en el anteproyecto, conviertan al CSIC en una estructura jacobina y burocratizada en lugar de liberar el potencial creativo de sus centros y equipos de trabajo.

Finalmente, hay que se?alar la aparente incongruencia existente entre la formulaci¨®n de un programa nacional de formaci¨®n de personal cient¨ªfico y la competencia exclusiva en materia de formaci¨®n posgraduada que la LRU y el decreto sobre el tercer ciclo conceden a los departamentos universitarios. ?stos tienen ahora la llave de ese programa, mientras que estatutariamente gozar¨¢n de una doble autonom¨ªa que les viene dada por los estatutos universitarios y los de las autonom¨ªas a las que se transfieren. Para el CSIC, que compite con la Universidad en la formaci¨®n de posgraduados, esta situaci¨®n no puede ser m¨¢s desfavorable, y corre el riesgo de reabrir viejas heridas quiz¨¢ no definitivamente curadas.

es director del Instituto de Investigaciones Biom¨¦dicas del Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC).