Auto de prisi¨®n contra el catedr¨¢tico Garc¨ªa de Enterr¨ªa por un presunto delito de evasi¨®n de capitales
El juez de delitos monetarios, Luis Lerga, ha ordenado el ingreso en prisi¨®n del ahogado y catedr¨¢tico de Derecho Administrativo Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa y de su esposa, Amparo Vel¨¢zquez, debido a su presunta participaci¨®n en un delito de evasi¨®n de capitales en ¨¦l que est¨¢n implicadas otras personalidades de la vida p¨²blica espa?ola. El juez fij¨® sendas fianzas de 25 millones de pesetas, que fueron pagadas por el matrimonio para evitar su ingreso en prisi¨®n. En relaci¨®n con este caso, descubierto tras la detenci¨®n del diplom¨¢tico Francisco Javier Palaz¨®n Espa?ol, varias personas han sido ya detenidas por la Brigada de Delitos Monetarios. Las cantidades evadidas son muy importantes, y se barajan cifras superiores a algunos miles de millones de pesetas, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.
Fuentes policiales afirmaron ayer que los detenidos son seis, y que los implicados en el caso son "dos docenas", aunque otras fuentes aseguraron que los implicados son 16 ¨® 18 personas, algunas de ellas conocidos personajes de la alta sociedad espa?ola, como la princesa Mar¨ªa Teresa, Tessa, de Baviera, y determinados miembros de la aristocracia, como Juan Antonio Gamazo y Arn¨²s, conde de Gamazo. En medios jur¨ªdicos se habla del asunto como del caso de la prensa del coraz¨®n, debido a la personalidad de los implicados.Al parecer, el dinero era evadido a trav¨¦s de un diplom¨¢tico espa?ol en excedencia que fue c¨®nsul general de Espa?a en Ginebra, Francisco Palaz¨®n Espa?ol, de 55 a?os, y de Carlos Varela Dopazo, un empleado sobre el que no se conoc¨ªan ayer otros datos.
Francisco Palaz¨®n fue detenido en el aeropuerto de Barajas cuando presumiblemente se dispon¨ªa a viajar a Ginebra, donde tiene su domicilio habitual. La Brigada de Delitos Monetarios ten¨ªa desde hace m¨¢s de dos a?os sospechas acerca de su persona. Durante su etapa de c¨®nsul general en Ginebra, entre el 11 de diciembre de 1975 y mayo de 1981, estaba encargado de la llamada cuenta del cuerpo diplom¨¢tico, donde se ingresaban los derechos que devengaban los espa?oles por actos de notar¨ªas y cantidades por otros conceptos. Esta cuenta registr¨® tan fuertes ingresos que despert¨® las sospechas de las autoridades. Palaz¨®n fue sometido a una discreta vigilancia y finalmente detenido. Su confesi¨®n determin¨® que la princesa Tessa de Baviera fuera llamada a declarar al Banco de Espa?a. Los miembros de la Brigada de Delitos Monetarios, dependiente del banco emisor, le expusieron las acusaciones que exist¨ªan contra ella, ante lo que Tessa de Baviera explic¨® todo lo que conoc¨ªa del caso, seg¨²n las fuentes informantes.
Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa y su esposa prestaron ayer asimismo declaraci¨®n en el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional en relaci¨®n con una supuesta evasi¨®n de 200 millones de pesetas. Seg¨²n la acusaci¨®n facilitaron esta cantidad a su hija, Ana, de 28 a?os, que tiene su domicilio en Ginebra, est¨¢ casada con un periodista y posee la nacionalidad suiza desde hace unos dos a?os.
Garc¨ªa de Enterr¨ªa y su esposa acudieron en uno de los coches de su propiedad, de color gris metalizado, acompa?ados por su abogado, el catedr¨¢tico de derecho penal Gonzalo Rodr¨ªguez Mourullo. Garc¨ªa de Enterr¨ªa vest¨ªa en su comparecencia un traje gris y, al abandonar el juzgado, reflejaba en su rostro un gesto de preocupaci¨®n.
Fuentes relacionadas con el caso informaron que Garc¨ªa de Enterr¨ªa neg¨® en su declaraci¨®n ante el juez toda participaci¨®n en cualquier hecho delictivo.
Su esposa, que suele llevar personalmente las minutas de Garc¨ªa de Enterr¨ªa, manifest¨® ante el juez que cuando su hija se cas¨® s¨®lo le hab¨ªan dado 10 millones de pesetas y que la joven quer¨ªa adquirir una casita t¨ªpica suiza, pero que no ten¨ªa dinero suficiente, por lo que ella le hizo llegar el dinero a trav¨¦s de Palaz¨®n. A preguntas de cu¨¢l era la raz¨®n por la que no comunic¨® nada a su marido, Amparo Vel¨¢zquez afirm¨® que ella no entend¨ªa de derecho y desconoc¨ªa que el dar dinero a su hija pudiera ser un delito.
Tras la declaraci¨®n, el juez Luis Lerga dict¨® auto de prisi¨®n contra ambos, y fij¨® una fianza de 50 millones de pesetas para eludir el ingreso del matrimonio en la c¨¢rcel. Est¨¢n considerados autores de un delito previsto en la ley de Delitos Monetarios. En relaci¨®n con estos hechos, Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa manifest¨® ayer a EL, PAIS: "Estoy muy sorprendido por la publicidad producida en torno a mi persona. Creo que se trata de un equ¨ªvoco, que opino podr¨¢ aclararse en breve plazo".
"En mi condici¨®n de hombre de derecho", a?adi¨®, "expreso mi plena confianza en la actuaci¨®n de los tribunales de justicia".
Cautela
Tanto el juez como el fiscal y los implicados se mostraron ayer cautelosos y declinaron hacer declaraciones. A las once de la ma?ana, el magistrado Luis Lerga Gonz¨¢lbez se refiri¨® al caso como "un asunto muy importante" y explic¨® que no pod¨ªa comentar nada al respecto. El juez se neg¨® a realizar otras valoraciones, aunque, preguntado acerca de alg¨²n posible procesamiento, precis¨® que todav¨ªa no hab¨ªa adoptado ninguna resoluci¨®n. El abogado Rodr¨ªguez Mourullo visiblemente preocupado, dijo que no sab¨ªa nada en el momento en que entraba en el juzgado en compa?¨ªa de Amparo Vel¨¢zquez, esposa de Garc¨ªa de Enterr¨ªa.
A media ma?ana de ayer, el fiscal de la Audiencia Nacional Manuel de Villanueva, encargado de los delitos monetarios, tampoco quiso informar sobre la identidad de las personas que estaban declarando.
Fuentes judiciales informaron a este peri¨®dico que muy probablemente prestar¨ªan hoy declaraci¨®n ante el juez el diplom¨¢tico Fran cisco Palaz¨®n y Carlos Varela Dopazo. Palaz¨®n ten¨ªa que haber comparecido ayer a declarar, pero no lo hizo, por causas desconocidas al cierre de esta edici¨®n. E juez Lerga ha precisado sin embargo que no hay ninguna persona citada para declarar hoy.
El resto de los implicados declarar¨¢ ante el juez en los pr¨®ximos d¨ªas. Otras fuentes comentaron que el magistrado Lerga no tiene por costumbre dictar autos de procesamiento hasta que no concluyan las declaraciones de todos los implicados.
La Direcci¨®n General de la Polic¨ªa hizo p¨²blico ayer un comunicado en el que se?ala que la Brigada de Delitos Monetarios, en funciones de polic¨ªa judicial, trabaja a las ¨®rdenes del juzgado de delitos monetarios para esclarecer un supuesto caso de evasi¨®n de capitales descubierto en Madrid, pero precisaba su "imposibilidad para facilitar m¨¢s informaci¨®n" sobre el caso, "por la necesaria discreci¨®n a la que obliga la vigente ley de Enjuiciamiento Criminal". Ayer surgieron diversos rumores relativos a la implicaci¨®n de otras personas muy conocidas, al menos, tres de ellas de Barcelona, datos que no fueron confirmados. Uno de estos personajes rechaz¨® cualquier relaci¨®n con el asunto y los restante no pudieron ser localizados.
Penas de hasta 12 a?os
La legislaci¨®n espa?ola sobre tr¨¢fico internacional de dinero, recientemente reformada, castiga con penas de hasta 12 a?os de prisi¨®n y fuertes multas a quienes sean declarados culpables del llamado delito monetario. La ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico de Control de Cambios establece que es delito monetario la exportaci¨®n o importaci¨®n, realizadas sin el correspondiente permiso obtenido legalmente, de moneda espa?ola o extranjera, o cualquier otro medio de pago, por una cuant¨ªa superior a los dos millones de pesetas.La misma ley, que fue promulgada el 16 de agosto de 1983, establece que los autores de delito monetario podr¨¢n ser condenados a penas que var¨ªan entre prisi¨®n mayor y multa. Si la cantidad del delito supera los 50 millones de pesetas, la pena ser¨¢ de prisi¨®n mayor -esto es, entre seis a?os y un d¨ªa y 12 a?os- y multa que oscilar¨¢ entre el "tanto" -la cantidad evadida- y 10 veces la misma-, entre 10 y 50 millones, la pena ser¨¢ de prisi¨®n menor -seis meses a seis a?os- y multa de la suma en cuesti¨®n al qu¨ªntuple; entre cinco y 10 millones, arresto mayor -uno a seis meses- y multa del mismo monto hasta el triple, y si es de dos a cinco millones, multa del tanto al doble. La ley dispone asimismo que los tribunales espa?oles ser¨¢n competentes en estos delitos, cualquiera que fuera el lugar donde se cometieran.
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