Lluch y Boyer aproximan posiciones sobre la reforma sanitaria

La divisi¨®n en el Gobierno a prop¨®sito del proyecto de ley de Sanidad ha entrado en v¨ªas de soluci¨®n. Tras el acuerdo alcanzado por una comisi¨®n de expertos de los tres ministerios implicados -Econom¨ªa y Hacienda, Sanidad y Consumo, y Trabajo y Seguridad Social-, el superministro Miguel Boyer mantiene algunas reservas sobre la forma de financiar el incremento de gasto que supondr¨¢ la reforma: un m¨ªnimo de 105.000 millones de pesetas de 1985, adicionales al actual bill¨®n de pesetas. Pero la mediaci¨®n del presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y una propuesta para escalonar el nuevo gasto en ocho a?os, tres m¨¢s de los previstos hasta ahora, han empezado a allanar el camino para que el proyecto reciba definitivo respaldo del Ejecutivo en las pr¨®ximas semanas.

El enfrentamiento entre Miguel Boyer y Ernest Lluch, ministros de Econom¨ªa y Hacienda y de Sanidad y Consumo, respectivamente, dividi¨® durante los ¨²ltimos meses las opiniones del resto del Gobierno y demor¨® la aprobaci¨®n del proyecto de ley de Sanidad. Esta ley pretende extender la protecci¨®n a todos los ciudadanos (en la actualidad no cubre a dos millones de personas), concibe la salud como un servicio integral (hoy limitado a atender la enfermedad) y ampl¨ªa la cobertura sanitaria a nuevos campos (psiquiatr¨ªa, venta de productos terap¨¦uticos, y orientaci¨®n familiar, principalmente).Para superar las discrepancias gubernamentales, una comisi¨®n de expertos de los tres ministerios implicados alcanz¨® diversos acuerdos. Este consenso fue facilitado por el XXX Congreso del PSOE, que consider¨® urgente la reforma y manifest¨® el prop¨®sito de elevar en los pr¨®ximos a?os los gastos sociales por encima del crecimiento de la actividad econ¨®mica.

No s¨®lo hubo acuerdo en los nuevos costes que provocar¨ªa la ley: unos 105.000 millones de pesetas anuales cuando estuv¨¦ en pleno vigor, hacia 1990, frente a los cerca de 300.000 estimados en principio por Econom¨ªa y Hacienda.

Tambi¨¦n se logr¨® consenso en que esta cifra deber¨ªa ser financiada ¨ªntegramente por el paulatino aumento de la aportaci¨®n del Estado a la Seguridad Social, y escalonada a lo largo de los citados cinco a?os. Primero, para pagar la extensi¨®n del servicio a todos los ciudadanos; y luego, para atender la integraci¨®n hospitalaria (centros de la Seguridad Social, Estado, diputaciones, ayuntamientos, etc¨¦tera), las equiparaciones salariales que se derivar¨¢n de ella y la ampliaci¨®n de servicios.

Aunque el trabajo de la comisi¨®n lleg¨® a manos del presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, Boyer ha mantenido una serie de reticencias sobre c¨®mo pagar el incremento de gasto.

Pero estas diferencias, a juzgar por las fuentes consultadas de los tres ministerios que participaron en la discusi¨®n, carecen ya de la profundidad inicial, cuando la posici¨®n del titular de Econom¨ªa y Hacienda parec¨ªa cuestionar el modelo de reforma.

La ratificaci¨®n que otorg¨® el Congreso del PSOE al modelo de la ley ha disipado los recelos del Ministerio de Econom¨ªa.

A¨²n as¨ª, Boyer ha insistido en la dificultad de que el Estado afronte, tal y como pretend¨ªa Sanidad y Consumo, el coste adicional de la ley. Pero varias entrevistas celebradas durante las ¨²ltimas semanas entre Felipe Gonz¨¢lez y Ernest Lluch, as¨ª como tiambi¨¦n entre ¨¦ste y Boyer, han abierto nuevas perspectivas, seg¨²n fuentes allegadas a ambos ministros.

Admitido por todas las partes el imperativo pol¨ªtico de una pronta aprobaci¨®n de la ley, que sintoniza con la pretensi¨®n de promover una serie de medidas populares en los dos a?os que restan de legislatura, ha tomado fuerza una propuesta del Ministerio de Trabajo para terminar de superar las observaciones de Boyer.

La propuesta de Trabajo se basa en no demorar m¨¢s la ley y aplazar tres a?os m¨¢s de los previstos en principio su completa aplicaci¨®n, que se alargar¨ªa hasta 1993. Todo ello sin perjuicio de que en 1985 y 1986 se haga efectiva la prestaci¨®n gratuita del servicio sanitario a los dos millones de personas no cubiertas actualmente por la Seguridad Social.

De esta forma, cerca de la midad de los costes adicionales tendr¨ªa que ser cargada en los dos primeros a?os; y el resto ser¨ªa graduada en los seis restantes.

Si prosperase la mediaci¨®n de Trabajo y Seguridad Social, como parece probable, ser¨ªa en 1993 cuando el patrimonio sanitario de la Seguridad Social pasar¨ªa al Estado, que para entonces habr¨ªa incrementado su aportaci¨®n a la Seguridad Social (0,75 billones de pesetas en 1985) hasta los dos billones de pesetas. A partir de ese momento, una vez efectuada dicha segregaci¨®n, el Estado asumir¨ªa la totalidad de los gastos sanitarios (es decir, los dos billones de pesetas de 1993).