Declarado inconstitucional el criterio de central m¨¢s representativa utilizado por el Gobierno para repartir las subvenciones sindicales

principio, las ayudas -800 millones anuales durante tres a?os- quedaban limitadas a las organizaciones firmantes y ten¨ªan car¨¢cter de a cuenta del patrimonio acumulado. Las centrales firmantes se compromet¨ªan a no presentar durante esos tres a?os -1982, 1983 y 1984- reclamaci¨®n alguna.Posteriormente, se ampli¨® el n¨²mero de beneficiarios hasta alcanzar a todos los que ostentaban el car¨¢cter de m¨¢s representativos -aquellos que tuvieran el 10% de los delegados a nivel nacional o el 15% a nivel auton¨®mico-. La CNT present¨® recurso ante la Audiencia Nacional que anul¨® el reparto. El Tribunal Supremo ratific¨® despu¨¦s la sentencia. El Gobierno de UCD, ya en los ¨²ltimos d¨ªas de su mandato, decidi¨® repartir las subvenciones a todos los sindicatos, aunque tuvieran un s¨®lo delegado. El nuevo Gobierno socialista se mostr¨® conforme con esos criterios y distribuy¨® entre 270 organizaciones los fondos correspondientes a 1982. Sin embargo, en los presupuestos de 1983 volvi¨® a incluir la expresi¨®n de "m¨¢s representativos", como condici¨®n para acceder a las subvenciones sindicales. Tras las ¨²ltimas elecciones sindicales, ¨²nicamente cuatro organizaciones cumpl¨ªan este requisito: UGT, CC OO, ELA e INTG. Manuel Zaguirre, secretario general de USO, present¨® una queja formal ante el Defensor del Pueblo quien, a su vez, present¨® recurso de inconstitucionalidad. Nuevo reparto