La izquierda adopta una posici¨®n 'conservadora' para defender el patrimonio

La izquierda ha adoptado "una posici¨®n correctamente conservadora" en favor del patrimonio cultural, seg¨²n Miguel Satr¨²stegui, secretario general t¨¦cnico del Ministerio de Cultura. El Pleno del Congreso debate hoy el proyecto de ley de Patrimonio Hist¨®rico Espa?ol, que prev¨¦ sanciones de hasta 100 millones por el derribo de un "bien de inter¨¦s cultural", y beneficios fiscales por su protecci¨®n.

Se pretende hacer un inventario de los bienes m¨¢s relevantes del patrimonio, aunque no est¨¦n declarados de inter¨¦s cultural, y por primera vez se incluyen, adem¨¢s de los hist¨®ricos y art¨ªsticos, bienes arqueol¨®gicos y cient¨ªficos. Los investigadores podr¨¢n consultar parte de la documentaci¨®n oficial archivada, salvo los secretos oficiales y datos personales privados, lo que, en principio, beneficiar¨¢ la investigaci¨®n hist¨®rica.El anteproyecto fue acogido en su d¨ªa con recelos por la oposici¨®n, ciertas comunidades aut¨®nomas e instituciones como la Iglesia. La mayor¨ªa socialista acept¨® en comisi¨®n parte de las enmiendas de los otros grupos: casi la mitad de las de Minor¨ªa Catalana y cerca de la tercera parte de las del Grupo Popular. Este esp¨ªritu constructivo fue juzgado in¨¦dito en esta legislatura por Jos¨¦ Luis ?lvarez, diputado de Alianza Popular, si bien su grupo sigue creyendo excesivas ciertas competencias que el proyecto adjudica a la Administraci¨®n.

El ministro de Cultura, Javier Solana, explic¨® a este peri¨®dico la voluntad del Gobierno de que ¨¦sta sea una ley que perdure, raz¨®n del esp¨ªritu de comprensi¨®n hacia las enmiendas de las minor¨ªas, que a su juicio han enriquecido el proyecto. Seg¨²n Miguel Satr¨²stegui, secretario general t¨¦cnico del Ministerio de Cultura, la ley intenta responder al evidente desarrollo cultural de los ¨²ltimos a?os en Espa?a, como quiso en su d¨ªa la de 1933, a la que viene a sustituir.

El 1% del coste de cada obra p¨²blica superior a 100 millones de pesetas y que no afecte a la defensa del Estado revertir¨¢ en la conservaci¨®n del patrimonio o en el fomento de creaci¨®n art¨ªstica, seg¨²n el proyecto de ley. ?ste prev¨¦, adem¨¢s, cr¨¦ditos oficiales para la conservaci¨®n de bienes del patrimonio y la exenci¨®n del impuesto de lujo en la compra de obras de artistas vivos o en la importaci¨®n de bienes culturales.

Pagar impuestos con cuadros

Beneficios fiscales diversos disfrutar¨¢n quienes inviertan en la mejora de los bienes o realicen donaciones al Estado o entidades ben¨¦ficas. Los impuestos de renta, del patrimonio y de sucesiones podr¨¢n ser pagados con la entrega de bienes del patrimonio hist¨®rico. ?stas medidas han sido inspiradas por las legislaciones francesa -la ley Malraux- e italiana, "pa¨ªses que tienen no poco que conservar", seg¨²n recuerda Satr¨²stegui.

Estas disposiciones son en general apoyadas, con matices, por los diferentes grupos, pero no as¨ª los derechos de tanteo y retracto que el Estado se reserva en la venta de todo bien de inter¨¦s cultural o tan s¨®lo incluido en el inventario general.

A juicio de ?lvarez, es esta una competencia excesiva que no ser¨¢ cumplida, y, por tanto, no contribuir¨¢ a la pretendida transparencia del mercado art¨ªstico. Deber¨ªa reservarse para los bienes de reconocido inter¨¦s.

Miguel Satr¨²stegui subraya el acceso previsto en la ley a la documentaci¨®n oficial archivada sin plazos de tiempo, como ocurre en la legislaci¨®n norteamericana por ejemplo, y salvo en lo que ata?a a secretos oficiales o pueda perjudicar la intimidad de las personas. A su juicio, ello obligar¨¢ a las diferentes administraciones a conservar su patrimonio documental, y, en algunos casos, a proceder a su archivo y clasificaci¨®n.

En el texto aprobado por la comisi¨®n parlamentaria, el art¨ªculo 52 insta a permitir la inspecci¨®n del patrimonio documental por los organismos competentes, previa solicitud razonada, y el 57 establece la libre consulta, salvo previsibles excepciones.

En cuanto a ciertos recelos sobre una posible expropiaci¨®n de bienes a la Iglesia -de la que depende cerca del 80% de los monumentos-, Solana niega tajantemente ninguna intenci¨®n expropiatoria, no s¨®lo porque el Ejecutivo respeta los acuerdos internacionales, como el firmado con el Vaticano, sino por la sencilla raz¨®n de que la ley no pone para nada en cuesti¨®n el problema de la propiedad del patrimonio. Se pretende ¨²nicamente, seg¨²n dijo, que todos los bienes de inter¨¦s cultural puedan ser objeto de la protecci¨®n prevista en la ley. El ministro asegur¨® que ¨¦sta es una ley m¨¢s abierta, a este respecto, que la de 1933.

Oposici¨®n auton¨®mica

Las comunidades aut¨®nomas de Galicia, Baleares, Catalu?a y Euskadi han manifestado su desacuerdo con el proyecto de ley del Patrimonio Hist¨®rico Espa?ol. El PNV ha presentado una enmienda para que se incluya una disposici¨®n adicional, seg¨²n la cual la ley no ser¨ªa aplicable en el Pa¨ªs Vasco.

La Generalitat y Minor¨ªa Catalana han manifestado su oposici¨®n a aspectos importantes del proyecto por considerarlo reglamentista y un recorte a las competencias transferidas. Un portavoz de la Generalitat declar¨® a este diario que se ha negociado con el Ministerio de Cultura la supresi¨®n de la expresi¨®n, muy reiterada en el texto legal, "es propio del Estado" por la de "es propio de la autoridad competente" para evitar una concepci¨®n restringida de la autoridad facultada para intervenir.

Se prev¨¦ legislar mediante real decreto la declaraci¨®n de Bienes de Inter¨¦s Cultural (BIC). Las comunidades aut¨®nomas citadas piden la supresi¨®n del t¨¦rmino 'real' que implica la asunci¨®n por parte del Estado de una competencia traspasada. En caso de mantenerse, las comunidades reclaman la incoaci¨®n de los expedientes de declaraci¨®n y la canalizaci¨®n de los recursos destinados a la conservaci¨®n y mantenimiento de los BIC.

Antoni Pladevall, director general del Patrimonio Art¨ªstico de la Generalitat, manifest¨® que el decreto asume las declaraciones realizadas hasta ahora, lo que supone para Catalu?a un total de 600 BIC sin que se precisen las obligaciones econ¨®micas derivadas de esta definici¨®n. Consideran competencia auton¨®mica la aprobaci¨®n del expediente de desplazamiento y se discute la propiedad de los bienes recuperados de una exportaci¨®n ilegal. Se reconoce al Estado la competencia para defender el patrimonio pero no el monopolio de su titularidad. Solana rechaza que la ley sea "atentatoria contra las competencias de las autonom¨ªas". A juicio de Miguel Satr¨²stegui, estas protestas responden a un mal entendimiento de lo que son las competencias del Estado en esta materia, por lo dem¨¢s previstas en la Constituci¨®n: en su art¨ªculo 149 establece que es deber del Estado proteger la cultura, y le corresponde su defensa frente a la expoliaci¨®n y la exportaci¨®n.

Expoliaci¨®n es todo aquello que ponga en peligro los bienes del patrimonio o que perturbe su funci¨®n social. Quien exporte indebidamente un bien del patrimonio deber¨¢ devolver el dinero al comprador de buena fe, y el bien pasar¨¢ a ser propiedad del Estado. El proyecto de ley prev¨¦ la creaci¨®n de un grupo de investigaci¨®n especial.

Para Jos¨¦ Luis Alvarez, es preciso respetar la Constituci¨®n y los estatutos de autonom¨ªa, con la l¨®gica primac¨ªa de la primera. Aun as¨ª, considera que el de las competencias respectivas es asunto de gran complejidad. Frente a posibles susceptibilidades nacionalistas, Satr¨²stegui explica que la ley no define ninguna cultura nacional, sino v¨ªas de protecci¨®n de bienes.