Modernizar o revolucionar la justicia / y 2

Debe dignificarse la funci¨®n de juzgar si ponemos el acento en la dimensi¨®n de servicio como cometido ¨²ltimo de la labor de nuestros jueces; hay que eliminar gratuitas descalificaciones globales, cuando a la sociedad se le est¨¢n ocultando, desde instancias m¨¢s poderosas, las condiciones de infraestructura tercermundista en que la mayor¨ªa de nuestros jueces realiza su trabajo, al igual que ocurre con el secretariado, postergado de sus importantes funciones t¨¦cnicas, o con los m¨¦dicos forenses, tan alejados de poder realizar una efectiva medicina legal.Los cuerpos auxiliares soportan el peso de un injusto y generalizado reproche de disfunci¨®n, que efectivamente se produce, y no siempre, en las grandes capitales y n¨²cleos de poblaci¨®n, que es donde la justicia se colapsa, porque, desbordado, el juez no controla el proceso, y delega en aqu¨¦llos funciones que no tienen la obligaci¨®n de asumir.

No puedo pasar por alto el papel de la abogac¨ªa en la justicia; existe una afirmaci¨®n tradicional y absolutamente inequ¨ªvoca de que ¨¦sta es colaboradora esencial de la funci¨®n de juzgar y, por tanto, no podr¨ªa entenderse la justicia sin ella, por cuanto el cometido esencial de la abogac¨ªa es el de la defensa de intereses leg¨ªtimos, individuales y colectivos.

Al crearse el Consejo, algunos auguraban tensiones entre los vocales judiciales y los que proced¨ªamos de la funci¨®n de defensa, pero bastaron apenas unos d¨ªas para romper tal afirmaci¨®n; la sinton¨ªa se produjo en una entra?able, creciente y permanente ¨®smosis, que contin¨²a todo el mandado. El sector judicial valor¨®, tal vez en exceso, nuestra incorporaci¨®n al Consejo y el abandono temporal de nuestro oficio, cuando esto se hac¨ªa por una vocaci¨®n de sumar, desde una ¨®ptica distinta, nuestra com¨²n voluntad de aportar una experiencia t¨¦cnica al servicio de la justicia.

Los abogados profundizamos en el entramado m¨¢s ¨ªntimo de los hombres llamados al oficio de aplicar el Derecho; comprendimos sus tribulaciones, sus dificultades y la responsabilidad y soledad que comporta la funci¨®n de juzgar.

La anterior reflexi¨®n, creo, sirve para valorar un fen¨®meno de distanciamiento y, en ocasiones aisladas, de tensi¨®n entre jueces y abogados, que no puede ignorarse y que en nada beneficia a la Administraci¨®n de justicia.

Se vive por gran parte de la abogac¨ªa un no deseable papel de sumisi¨®n -en ocasiones, de temor casi reverencial- al juzgador, cuando, en definitiva, est¨¢ postulando con su t¨¦cnica en favor de unos ciudadanos que son los destinatarios ¨²ltimos de aquel servicio del Estado. No se trata de calibrar dignidades, sino de que cada uno ocupe su cometido sin frustraciones, asuma su rol, de una parte, sin sumisiones, y de otra, sin extrapolar el car¨¢cter de autoridad en el ¨¢mbito interno del proceso.

l'ampoco podernos ignorar que en los ¨²ltimos tiempos, por factores m¨²ltiples -entre los que destacar¨ªa la masificaci¨®n universitaria y la retribuci¨®n por el Estado de la defensa de oficio-, la incorporaci¨®n colegial ha crecido en progresi¨®n geom¨¦trica, lo que ha comportado un claro deterioro en su formaci¨®n t¨¦cnica. A los colegios de abogados les incumbe el m¨¢s riguroso control deontol¨®gico de sus colectivos, impidiendo con ello un importante factor de disfunci¨®n. Corresponde, asimismo, al colegio estimular cursos y mecanismos de reciclaje permanente en las distintas ramas del Derecho, para poder defender despu¨¦s, con la m¨¢s clara legitimaci¨®n y sin miedo alguno, la independencia de su funci¨®n y la tutela de su libertad actuativa, signo esencial de cuantos hemos ejercido y volveremos a ejercer este oficio.

Hasta aqu¨ª la apretada s¨ªntesis de una observaci¨®n absolutamente personal, pero en cualquier caso fruto de horas de reflexi¨®n, marcadas por esa triple experiencia que apuntaba al principio, que me conduce al concreto y grave diagn¨®stico de que la justicia en el momento presente est¨¢ aquejada del acoso de la incomprensi¨®n, y que est¨¢ faltando el pulso pol¨ªtico y la visi¨®n de Estado capaces de salvarla y contribuir con ello a la ya apuntada e irreversible consolidaci¨®n del nuevo Estado.

La terapia no es dif¨ªcil si las reflexiones precedentes nos han ayudado a ver lo que est¨¢ en juego; con vocaci¨®n de pol¨ªtica de Estado, corresponsables en el tema los tres poderes del mismo, hay que realizar, de una vez por todas, lo que ya se ha denominado en alguna ocasi¨®n la gran empresa de la justicia, simultaneando el incremento presupuestario y el desarrollo legislativo con una necesaria y precedente valoraci¨®n de criterios y an¨¢lisis macroecon¨®micos.

Ser¨ªa necio desconocer que, desde la transici¨®n, los sucesivos Gobiernos, y de manera muy especial el que, con tan leg¨ªtimo respaldo popular, ostenta hoy el poder, han realizado un esfuerzo presupuestario al respecto; se han acometido importantes reformas legislativas, y se ha profundizado, con notorio esfuerzo econ¨®mico, en la dignificaci¨®n y humanizaci¨®n del sistema penitenciario. El esfuerzo, por tanto, es a todas luces plausible.

La falta de infraestructura

Ahora bien, se ha planteado hist¨®ricamente una objeci¨®n, que la sabidur¨ªa popular expresa en la conocida afirmaci¨®n de "construir la casa por el tejado": poco importa la mayor o menor bondad del desarrollo legislativo si se carece de la infraestructura adecuada, que hace imposible la aplicaci¨®n de la ley. En las democracias occidentales, la atenci¨®n econ¨®mica al poder judicial es tres o cuatro veces superior a la nuestra, hablando en t¨¦rminos acumulativos y durante decenios. Hay que partir, pues, de la sensibilizaci¨®n profunda de lo que la justicia comporta en la consolidaci¨®n del nuevo Estado, para comprender seguidamente, y a sensu contrario, los riesgos que conlleva un desarrollo legislativo de imposible o, cuando menos, de dif¨ªcil cumplimiento.

Si el paso tiene una dimensi¨®n macroecon¨®mica, precedente y simult¨¢nea a la elaboraci¨®n legislativa, tendr¨¢ que darse, pese a vivir una situaci¨®n de econom¨ªa en crisis, pasando en este punto por un giro de esfuerzo de 180 grados, para lo cual hay que acudir a t¨¦cnicos en econom¨ªa, soci¨®logos, expertos en racionalizaci¨®n y m¨¦todos de trabajo, en suma, a un amplio equipo capaz de dise?ar las necesidades reales de la justicia, en un trabajo com¨²n con juristas de los diversos ¨¢mbitos del Derecho, hasta producir el adecuado desarrollo de la legislaci¨®n org¨¢nica, procesal y material resultante de aquel estudio, elaborando con urgencia un ambicioso plan de inversiones a corto, medio y largo plazo.

S¨®lo as¨ª podremos conocer con rigor el n¨²mero de jueces necesarios capaces de cumplir el principio de inmediaci¨®n, controlando el proceso en su integridad y erradicando, de modo pr¨¢cticamente total, la tan aireada y apuntada corrupci¨®n; se cumplir¨¢ el principio de igualdad ante la, ley; el ciudadano perder¨¢ el miedo a la justicia; conoceremos la demarcaci¨®n m¨¢s adecuada y los niveles necesarios de informatizaci¨®n; se crear¨¢ la tecnolog¨ªa m¨¢s acorde para que la esperada polic¨ªa judicial, con dependencia funcional y org¨¢nica de los jueces, act¨²e con eficacia y prontitud; el futuro centro de estudios judiciales deber¨¢ contar con el importante respaldo econ¨®mico que produzca en ¨¦l la profunda transformaci¨®n de su estructura actual, desde el tiempo de formaci¨®n hasta la potenciaci¨®n de cuantos mecanismos did¨¢cticos sean necesarios para que su nivel alcance los resultados de conocimiento y t¨¦cnicas auxiliares del mismo; as¨ª podr¨ªa continuarse un largo etc¨¦tera de consecuencias de esta terapia, que es capaz de cerrar la vieja e hist¨®rica herida del poder judicial espa?ol.

Ojal¨¢ se aten¨²en un poco las voces de peque?os enfrentamientos, de cortinas de humo que no nos dejan ver la realidad; ojal¨¢ se rompa la trampa apuntada de la politizaci¨®n de los jueces, y vayamos a la esperanzadora tarea de modernizar o revolucionar -t¨¦rminos sin¨®nimos en este caso-, con criterios por elevaci¨®n y visi¨®n de Estado, la justicia, situando sus estructuras, ancladas en un pasado secular, en los umbrales del siglo XXI.

El pueblo espa?ol ha experimentado una transici¨®n sin los traumas que parec¨ªan inevitables hace s¨®lo una d¨¦cada, y ello merced al di¨¢logo conciliador de las distintas fuerzas pol¨ªticas.

Estoy seguro de que no faltar¨¢ la sensibilidad para superar con igual visi¨®n de Estado la ceremonia de la confusi¨®n, que entre todos podemos estar creando en torno al mundo de la justicia, asumiendo sin miedo nuestras respectivas cuotas de responsabilidad en el problema.

Yo aseguro al lector m¨¢s esc¨¦ptico, incluso a quien pueda calificar como utop¨ªa estas reflexiones, que potenciando la justicia se ha salvado para siempre la democracia en Espa?a.