La jubilaci¨®n a los 65 a?os no ser¨¢ efectiva hasta 1991

La Comisi¨®n de Justicia e Interior, que debati¨® durante toda esta semana el proyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), fij¨® la jubilaci¨®n forzosa de los jueces y magistrados -que, actualmente, se produce a los 70 a?os, prorrogable otros dos- en la edad de 65 a?os, como el resto de los funcionarios de la Administraci¨®n p¨²blica. Dado el gran n¨²mero de afectados, unos 500, est¨¢ previsto un per¨ªodo transitorio de seis a?os, que se aprobar¨¢ el pr¨®ximo martes, seg¨²n el cual la nueva edad de jubilaci¨®n no entrar¨¢ en funcionamiento efectivo hasta 1991.El proyecto del Gobierno hab¨ªa establecido, como excepci¨®n, la jubilaci¨®n de los magistrados del Tribunal Supremo a los 68 a?os, pero la ponencia y la comisi¨®n han homogeneizado la jubilaci¨®n de jueces y magistrados de todas las categor¨ªas.

El conservador Antonio Pillado reproch¨® a los socialistas que pretendieran jubilar a los jueces "en plena madurez" y contra su voluntad.

El socialista Javier Barrero contest¨®: "Tampoco muchos trabajadores y funcionarios desean jubilarse a esa edad".

No a las c¨¢rceles para jueces.

Pillado pidi¨® para los miembros de la carrera judicial instituciones penitenciarias especiales, "para que los que tengan la desgracia de ser condenados no se encuentren en la c¨¢rcel con delincuentes a los que ellos justamente condenaron". No se acept¨® la propuesta y Barrero explic¨® que, en ese caso, habr¨ªa que crear c¨¢rceles especiales para mucha otra gente, por ejemplo "para aquel ministro del Interior que corriera el peligro de encontrarse en la c¨¢rcel con una tropa de detenidos por funcionarios a sus ¨®rdenes".

Remuneraciones. El Grupo Popular, plante¨®: "La alta responsabilidad de los jueces y magistrados exige el m¨¢s alto nivel retributivo de la Administraci¨®n". La com¨ªsi¨®n se limit¨® a establecer que el Estado "garantiza la independencia econ¨®mica de los jueces y magistrados mediante una retribuci¨®n adecuada a la dignidad de la funci¨®n jurisdiccional". Josep Mar¨ªa Tr¨ªas de Bes solicit¨®, sin ¨¦xito, que se concretara la dignidad de la retribuci¨®n para no cerrar el acceso a la carrera de nuevos jueces y magistrados.

Secretarios y corruptelas. La LOPJ reforzar¨¢ la figura del secretario judicial. Entre otras novedades, la representaci¨®n en juicio podr¨¢n conferirla los ciudadanos ante el secretario, lo cual permitir¨¢ evitar los hasta ahora necesarios y costosos poderes notariales. No se acept¨® la propuesta conservadora de legalizar las corruptelas actuales por las que algunos secretarios practican diligencias que corresponden al juez. El secretario actuar¨¢ siempre "bajo la direcci¨®n del juez o presidente del tribunal" y sujeto a la responsabilidad que corresponda.

El juramento de los abogados. Los abogados y procuradores, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestar¨¢n juramento o promesa de acatamiento a la Constituci¨®n. Bandr¨¦s defendi¨®, sin ¨¦xito, eliminar este precepto, que consider¨® excesivo.