Desterrados en su patria

"Una crueldad innecesaria", musit¨® el obispo de Iquique, en la sede de Investigaciones, que es como llaman en Chile a la Jefatura de Polic¨ªa. Eran las ocho de la ma?ana, un domingo, v¨ªsperas de Navidad. Acababan de detener a dos de sus pr¨®ximos colaboradores miembros destacados de la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Ambos pasaron la Navidad viajando penosamente hacia el Sur, a 2.000 kil¨®metros de su casa, relegados (desterrados). ?Acusaci¨®n? Ninguna. "No se sabe, es una cosa del Ministerio del Interior", respond¨ªan educadamente en Investigaciones al preguntar por su caso. ?Defensa, recurso de amparo? In¨²til, pues el estado de sitio vigente permite detener y desterrar sin dar ninguna justificaci¨®n ni oportunidad de defensa o apelaci¨®n.Hay detenidos o relegados con responsabilidades pol¨ªticas o sindicales, deportados desde hace mucho tiempo, a los que nadie ha acusado nunca de cometer ning¨²n acto ilegal. Tambi¨¦n los hay que eran simples residentes en barrios populares donde hubo protestas y que fueron deportados a bulto. Por el contrario, en Chile hay tambi¨¦n gente con responsabilidades pol¨ªticas o sociales conocidas p¨²blicamente a la que no le ocurre nada y que vive en su casa sin que nadie la moleste.

Probablemente hay una l¨®gica interna en una represi¨®n que aparece a primera vista ciega y ca¨®tica: se trata de amedrentar a todo el mundo, golpear sobre todo a los cuadros pol¨ªticos y sociales intermedios, reprimir a las poblaciones m¨¢s conflictivas, separar a la gente que es de centro de la gente que es de izquierda, hacer callar a la Prensa y a los intelectuales... Es decir, devolver el pa¨ªs al inmovilismo que la leve apertura pol¨ªtica y la presi¨®n social democr¨¢tica de los dos ¨²ltimos a?os hab¨ªa roto. Es como si a la Espa?a de los a?os setenta se le hubiera aplicado la pol¨ªtica de los cincuenta.

El campo de Pisagua

Monse?or Prado, entre la indignaci¨®n y la tristeza, dice: "Esta pol¨ªtica s¨®lo favorece la violencia". Y no es precisamente un representante de la teolog¨ªa de la liberaci¨®n ni un cura progresista, sino m¨¢s bien todo lo contrario: hermano del ministro de Agricultura, primo del de Educaci¨®n y hasta hace pocos meses director espiritual de un colegio de clase alta, es, en principio, una persona m¨¢s pr¨®xima al Gobierno que a la oposici¨®n. Pero es tambi¨¦n una buena persona, que mira con inter¨¦s y simpat¨ªa a la gente que le rodea, y ha descubierto el horror de la represi¨®n y la tragedia de la pobreza. Y, sencillamente, dice lo que ve.Y ve Pisagua, un campo de concentraci¨®n ubicado en su di¨®cesis. Y Pisagua son 500 personas detenidas, en tiendas de campa?a o en barracones, que viven sobre arena, vigilados d¨ªa y noche por ametralladoras y perros, mal alimentadas y sometidas a frecuentes malos tratos (el mismo obispo me contaba que durante varios d¨ªas a unos dirigentes de asociaciones de vecinos les hab¨ªan hecho levantar en plena noche para obligarles a permanecer varias horas dentro del agua).

En Pisagua hay supuestos delincuentes comunes, dirigentes sociales de barrios con fama contestataria y gente absolutamente an¨®nima. Todos est¨¢n detenidos indefinidamente, sin acusaci¨®n precisa, sin defensa, sin derecho a visitas. El obispo es una de las pocas personas a las que se ha autorizado a entrar en el campo.

Los desterrados, tanto all¨ª como en otros lugares parecidos, viven una extra?a situaci¨®n. Fueron detenidos por sorpresa, y casi ninguno se lo esperaba. En muchos casos resultaron golpeados, o padecieron simulacros de fusilamiento, o fueron torturados abiertamente. Raramente interrogados ni acusados de nada, al cabo de unos de d¨ªas de detenci¨®n, con los ojos vendados casi siempre, se les comunic¨® que iban relegados a... Y hacia all¨ª iban, sin otra ropa que la puesta, sin dinero ni equipaje y sin haber podido tomar contacto con la familia.

No se hallan detenidos, no cumplen ninguna condena: s¨®lo est¨¢n obligados a residir en un pueblo peque?o determinado y deben presentarse cada varias horas -tres veces al d¨ªa, normalmente- a los carabineros. A partir de ah¨ª, intentan sobrevivir. En algunos casos la gente de los pueblos, pobres y amedrentados, no les prestan ning¨²n apoyo, pero en muchos otros s¨ª. A veces, muy pocas, pueden hacer alg¨²n trabajo o consiguen alguna ayuda familiar, pero casi siempre dependen de la solidaridad.

Estas im¨¢genes reflejan la realidad chilena, del mismo modo que tambi¨¦n forma parte de esta realidad el hecho de que en un teatro del centro de Santiago se ha representado recientemente una obra de Benedetti, abiertamente de izquierdas, en la que actores y p¨²blico en un determinado momento cantaban La Internacional. O que se Puedan concertar entrevistas con destacados miembros de la oposici¨®n sin precauciones ni temores especiales. O que se encuentre en las librer¨ªas el ¨²ltimo libro de Isabel Allende.

El complicado legalismo chileno no proh¨ªbe los partidos (aunque ha ilegalizado hace poco a los partidos de izquierda que integran el Movimiento Democr¨¢tico Popular), sino que suspende sus actividades. No reprime, en principio, a sindicatos u organizaciones populares, pero con el estado de sitio en cualquier momento se puede detener a cualquiera. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero ser pobre es tener muchas m¨¢s posibilidades de acabar enviado a Pisagua.

El ?ltimo a?o

Chile no es, sin embargo, Centroam¨¦rica, ni responde a los esquemas simples que a veces se tienen de las dictaduras militares-olig¨¢rquicas. A pesar del car¨¢cter masivo y arbitrario de la represi¨®n, no es tampoco la Espa?a de la posguerra. La oposici¨®n ha conquistado espacios fr¨¢giles pero reales de libertad. El desarrollo de las clases medias urbanas y modernas es considerable. La democracia cristiana, socialistas y comunistas poseen un indiscutible arraigo popular, y el grado de organizaci¨®n gremial y corporativo existente es importante. Seg¨²n las encuestas, un 70% de la poblaci¨®n quiere la democracia ya y un 20% est¨¢ de acuerdo en esperar a 1989 para recuperarla, acatando as¨ª el proyecto de la Junta Militar.Quien estuvo en Chile hace un a?o y lo compara con la situaci¨®n de ahora tiene la sensaci¨®n de que el panorama ha oscurecido de repente. En noviembre se decret¨® el estado de sitio, con los allanamientos consiguientes, la prohibici¨®n de informar sobre pol¨ªtica en la Prensa, la vuelta de las noticias o rumores sobre torturas y desapariciones, centenares de deportaciones, enormes restricciones para celebrar actos sociales y culturales, prohibici¨®n de elecciones corporativas y de actos p¨²blicos de talante democr¨¢tico...

En el curso de 1984 en Chile han sido detenidas unas 6.000 personas, sin contar las capturadas en redadas masivas y dejadas en libertad al cabo de pocos d¨ªas. Ahora hay unos 500 detenidos en Pisagua, entre 200 y 300 relegados en otros pueblos peque?os y alejados de las grandes ciudades, m¨¢s un n¨²mero dif¨ªcil de determinar en c¨¢rceles y en servicios de cuerpos armados. Casi un centenar de personas han muerto con violencia en el ¨²ltimo a?o, en algunos casos despu¨¦s de haber desaparecido a ra¨ªz de una detenci¨®n, como la joven dinamitada Loreto Castillo, o como Juan Antonio Aguirre, descubierto descuartizado 51 d¨ªas despu¨¦s de ser capturado.

La Iglesia chilena ha creado una estructura impresionante de protecci¨®n de los derechos humanos y de defensa de la sociedad civil. Carteles reclamando "Ignacio vuelve" recuerdan al hasta hace poco vicario, el jesuita espa?ol Ignacio Guti¨¦rrez de la Fuente, expulsado del pa¨ªs. En la Vicar¨ªa se atienden denuncias y peticiones de ayuda para los represaliados, se organiza su asistencia jur¨ªdica y se informa a la Prensa. Unas 200 personas trabajan all¨ª, sin representar a ninguna organizaci¨®n pol¨ªtica y negando incluso estar en la oposici¨®n al Gobierno.

La Iglesia

Ante cada atentado a los derechos humanos, la Vicar¨ªa responde con contundencia. Se dice que lo que precipit¨® la expulsi¨®n de Guti¨¦rrez de la Fuente fue una rueda de prensa que organiz¨® en torno a un poblador que sobrevivi¨® milagrosamente a una sobrecogedora tragedia: ¨¦l y su mujer, dirigentes de una organizaci¨®n vecinal, fueron maniatados y dinamitados en su misma casa por elementos uniformados. Muri¨® la mujer, pero ¨¦l se salv¨® y pudo denunciarlo porque existe la Vicar¨ªa.En la Vicar¨ªa se tiene constancia de unos 1.400 casos denunciados de torturas y violencias en 1984. Las recientes confesiones de un ex agente de la Fuerza A¨¦rea, Andr¨¦s Valenzuela Morales, constituyen una prueba concluyente de estas pr¨¢cticas, pues explic¨® con detalles las detenciones ilegales, citando 14 casos de personas desaparecidas, y expuso las rivalidades sangrientas entre distintos cuerpos armados a la hora de efectuar estas actividades. De ello se deduce que la represi¨®n y el terror que ejercen cuerpos y grupos armados y uniformados sobre la ciudadan¨ªa probablemente no responde siempre a ¨®rdenes recibidas o a pol¨ªticas deliberadas, sino que en muchas ocasiones se hacen simplemente para evitar que desaparezca el estado de temor.