La Universidad y el movimiento estudiantil

EL PROCESO constituyente de las universidades espa?olas, enfrentadas con la tarea de elaborar sus propios estatutos, no ha justificado las pesimistas expectativas formuladas hace unos meses en torno a su conclusi¨®n. Aunque el claustro de la universidad Aut¨®noma de Madrid haya sido disuelto, 19 universidades han aprobado ya sus estatutos y otras ocho pueden hacerlo en plazo relativamente breve. Sin embargo, la participaci¨®n ha sido desigual seg¨²n los distritos universitarios, los grupos de electores y las fases de desarrollo de los trabajos estatutarios. Las dudas existentes respecto a los contenidos de algunos estatutos ya aprobados (prolongaci¨®n del mandato de claustros y rectores, titularidad de hospitales cl¨ªnicos, estabilidad de profesores no numerarios, acceso de alumnos al cargo de vicerrector, recortes de competencias de los consejos sociales, etc¨¦tera) s¨®lo podr¨¢n ser despejadas mediante un adecuado control de su legalidad. En cualquier caso, la democratizaci¨®n de las estructuras universitarias y la elevaci¨®n de los techos de autonom¨ªa, que la ley de Reforma Universitaria (LRU) ha hecho posibles, crean ¨²nicamente las condiciones para que nuestra anquilosada ense?anza superior inicie el camino de su recuperaci¨®n. Los grandes desaf¨ªos con los que se enfrenta ahora nuestra ense?anza superior se relacionan fundamentalmente con la elevaci¨®n de la calidad de la ense?anza (que exige buen profesorado, instalaciones adecuadas y una relaci¨®n personalizada entre docentes y alumnos), el desarrollo de la investigaci¨®n (indisociable de la pol¨ªtica de universidades) y la conexi¨®n del mundo acad¨¦mico con las demandas de la sociedad. Es evidente que estos objetivos requieren un incremento sustancial de las inversiones presupuestarias en ense?anza superior. Las 160.000 pesetas anuales dedicadas a cubrir cada una de las 750.000 plazas universitarias existentes en Espa?a se hallan muy por debajo -tanto en t¨¦rminos absolutos como relativos- de las asignaciones de las naciones desarrolladas. Incluso desde perspectivas puramente productivistas, tan caras al actual Gobierno, la teor¨ªa econ¨®mica del capital humano permite defender la prioridad de las inversiones aplicadas a la cualificaci¨®n laboral de una sociedad. S¨®lo un adecuado sistema de retribuciones permitir¨ªa la permanencia en la Universidad de los profesores m¨¢s capacitados y la creaci¨®n de los alicientes econ¨®micos precisos para el desempe?o de los cargos acad¨¦micos. La inveros¨ªmil indigencia de las bibliotecas universitarias, inadecuaci¨®n de los laboratorios y el hacinamiento de las aulas ponen de relieve la insuficiencia y la irracional distribuci¨®n territorial de unas instalaciones que hacen irremediable en demasiadas facultades y cursos la masificaci¨®n de la ense?anza y el distanciamiento entre los profesores y los alumnos.

Pero si la reforma de la ense?anza universitaria exige un aumento sustancial de las inversiones p¨²blicas, cuya inmediata puesta en marcha se halla gravemente dificultada por las alarmantes cifras del d¨¦ficit presupuestario, la adecuaci¨®n de los planes de estudio y de las titulaciones a las expectativas de la sociedad no es menos decisiva. Los planes de estudio de la mayor¨ªa de las carreras, tributarios de un pasado muy alejado de nuestra realidad presente y de las exigencias del futuro, necesitan ser urgentemente flexibilizados, a fin de permitir que los m¨ªnimos fijados por el Estado y por cada universidad dejen, sin embargo, un cierto margen de libertad para que cada estudiante pueda construir su propio curr¨ªculo. La diversificaci¨®n de la actividad productiva y la creciente especializaci¨®n tecnol¨®gica aconsejan tambi¨¦n desarrollar la imaginaci¨®n para promover nuevas titulaciones. Parad¨®jicamente, las universidades polit¨¦cnicas han sido hasta ahora los centros menos sensibles, como consecuencia de las presiones corporativistas de los colegios profesionales, al aumento de las especializaciones tituladas. Si bien la estrecha subordinaci¨®n de la formaci¨®n universitaria al mercado de trabajo resultar¨ªa empobrecedora, la coordinaci¨®n de la ense?anza superior con las necesidades de esa misma sociedad que la sufraga es igualmente imprescindible. Mientras los licenciados en Ciencias de la Informaci¨®n y en Psicolog¨ªa presentan los mayores porcentajes de paro, los nuevos ingenieros son menos castigados por el desempleo. En la actualidad, casi el 80% de los universitarios est¨¢ matriculado en carreras de ciclo largo. Sin embargo, la dignificaci¨®n y cualificaci¨®n de los estudios de primer ciclo, que ofrecieran a los diplomados un t¨ªtulo socialmente apreciado, permitir¨ªa reservar los cursos de segundo y tercer ciclo a quienes demostraran capacidad y voluntad de esfuerzo.

Las reivindicaciones y los objetivos del movimiento estudiantil, relanzado en buena medida gracias a las medidas democratizadoras de la LRU, cobran nuevo sentido sobre ese trasfondo de recursos escasos, masificaci¨®n de la ense?anza, planes de estudio anticuados, titulaciones r¨ªgidas, absentismo docente, desconexi¨®n con el mercado de trabajo, instalaciones insuficientes y distanciamiento entre profesores y alumnos. Las resistencias de los alumnos a la elevaci¨®n de las tasas acad¨¦micas (muy por debajo del coste de la plaza escolar) encuentran justificaciones o pretextos en la escasa inversi¨®n p¨²blica (destinada a edificios, instalaciones, laboratorios, bibliotecas, despachos y remuneraciones) y en las deficiencias de la pol¨ªtica de becas. Por lo dem¨¢s, las violentas alteraciones del orden p¨²blico provocadas en ocasiones por las protestas universitarias se explican unas veces por la disparatada pol¨ªtica de orden p¨²blico de los responsables de la seguridad ciudadana (tal y como sucedi¨®, al menos parcialmente, en Galicia, Pa¨ªs Vasco, Madrid, Sevilla y Valladolid) y otras por la agitaci¨®n de grupos radicales. Pero ser¨ªa pueril ignorar tanto las razones objetivas que nutren esa contestaci¨®n como las arraigadas tradiciones del movimiento universitario. Nadie puede olvidar que buena parte de los pol¨ªticos hoy en el poder -entre otros, la plana mayor del Ministerio de Educaci¨®n- ganaron sus primeros entorchados como dirigentes estudiantiles en la d¨¦cada de los sesenta y en el primer lustro de los setenta.

Las escasas oportunidades que brindan el burocratismo y el sectarismo de los partidos -casi ausentes, por lo dem¨¢s, de la ense?anza superior- a la promoci¨®n de cuadros juveniles pueden contribuir asimismo a que la conflictividad universitaria de los a?os ochenta desempe?e funciones de criba selectiva de futuros dirigentes pol¨ªticos muy parecidas al papel jugado hace 10 o 20 a?os por las luchas estudiantiles. Que esa inevitable conflictividad transcurra por los cauces pac¨ªficos de la democracia representativa, tal y como nuestro ordenamiento constitucional permite (a diferencia de lo que suced¨ªa bajo el r¨¦gimen franquista), o adopte los bruscos modales del asamble¨ªsmo radical, cuya ret¨®rica participativa esconde en ocasiones la simple manipulaci¨®n de una mayor¨ªa desorganizada por una minor¨ªa autodesignada como vanguardia, depende en buena medida de la capacidad del Gobierno socialista para recordar sus propios or¨ªgenes, hacer suyas las teor¨ªas del capital humano mediante una pol¨ªtica adecuada de inversiones en la ense?anza superior y promover el di¨¢logo y la negociaci¨®n con los representantes libremente elegidos por los alumnos.