La accidentada instrucci¨®n del 'caso Banca Catalana'

Barcelona

El 9 de julio de 1984 Ignacio de Lecea, magistrado de la Secci¨®n Segunda de lo Civil, recibi¨® el encargo de instruir el sumario del caso Banca Catalana. El nombre de De Lecea se ven¨ªa barajando, desde hac¨ªa semanas, en los corrillos del Palacio de Justicia, despu¨¦s de que se descartaran los de los responsables de las seis salas de lo penal. El presidente de la Audiencia Territorial, Ces¨¢reo Rodr¨ªguez Aguilera, hab¨ªa planteado, al parecer, al presidente de la Provincial, Alfonso Hern¨¢ndez Pardos, la necesidad de que la instrucci¨®n de la causa recayera en un experimentado procesalista y solicit¨® su apoyo para que se nombrara a cualquiera de los presidentes de las secciones dedicadas a asuntos penales. Alfonso Hern¨¢ndez rechaz¨® la sugerencia, afirmando que aquellas salas estaban sobrecargadas de trabajo, pero insinu¨® la posibilidad de que se le encargara el asunto a un magistrado de lo civil. As¨ª surgi¨® el nombre de Ignacio de Lecea en el caso Banca Catalana.

La asamblea del 9 de julio recibi¨® con frialdad la propuesta de su presidente de nombrar a Ignacio de Lecea como instructor de la causa. S¨®lo uno de los asistentes, el magistrado Manuel Osc¨¢riz Gonz¨¢lvez, alz¨® la voz para objetar que aquella no era la forma "m¨¢s correcta" para elegir el instructor. Fue el ¨²nico voto en contra. El nombramiento de De Lecea, a caballo entre la designaci¨®n a dedo y la elecci¨®n, provoc¨® algunas discusiones en el pleno de la Audiencia cuando, meses m¨¢s tarde, surgieron los primeros conflictos. En cierta ocasi¨®n, un sector de magistrados achac¨® a Ces¨¢reo Rodr¨ªguez Aguilera-la responsabilidad de aquella designaci¨®n, pero ¨¦ste ataj¨® la discusi¨®n al recordar que nadie se hab¨ªa opuesto a su nombramiento.

De Lecea, hijo y nieto de magistrados, de 68 a?os de edad, de origen aragon¨¦s, hab¨ªa accedido a la carrera judicial como fiscal de las audiencias de Baleares y Barcelona. Como juez instructor estuvo destinado en los juzgados de Balaguer (L¨¦rida), El Vendrell (Tarragona), Vilanova i la Geltr¨² (Barcelona) y Zaragoza, de donde pas¨® a la Audiencia de Barcelona como magistrado de la Secci¨®n Segunda de lo Civil. De firmes convicciones cat¨®licas y de talante liberal, De Lecea estaba considerado adem¨¢s como un hombre equilibrado e ¨ªntimamente vinculado a Catalu?a, lo que evitar¨ªa una imagen "centralista" a la instrucci¨®n de la causa. Pero, sobre todo, era el hombre sereno que necesitaba la Audiencia de Barcelona para investigar un tema excesivamente crispado, al que hab¨ªa que dar una soluci¨®n r¨¢pida y justa.

El equipo instructor se complet¨® con el nombre de Enric Anglada, un joven magistrado de la secci¨®n sexta, al que se le asignaron tareas de instructor suplente, y el del propio Ces¨¢reo Rodr¨ªguez Aguilera, presidente de la Audiencia Territorial, que se reserv¨® el papel de ponente. El pleno la Audiencia Territorial se aseguraba, con este ¨²ltimo nombramiento, el control efectivo de la instrucci¨®n de la causa, confirm¨¢ndose el primer esquema procesal, seg¨²n el cual, De Lecea realizaba las funciones de instructor delegado de la asamblea. Meses m¨¢s tarde el equipo se reforz¨® con el nombramiento del magistrado Vicente Navarro, un experto penalista que durante muchos a?os estuvo destinado a la Secci¨®n Primera de lo Penal de Barcelona y que actualmente est¨¢ en una sala de lo contencioso. Este nombramiento, realizado por el propio Ces¨¢reo Rodr¨ªguez Aguilera, dej¨® tras de s¨ª una estela de rumores y cr¨ªticas de quienes cre¨ªan que la f¨®rmula escogida para aquella designaci¨®n era discutible. Las funciones de ponente adjunto, asumidas por Vicente Navarro, le permitieron al presidente de la Audiencia Territorial desvincularse, con discreci¨®n, del caso Banca Catalana.

La declaraci¨®n de Pujol

De Lecea cont¨® al principio con el apoyo de la asamblea de magistrados y, especialmente, con el respaldo del propio presidente de la Audiencia Territorial. Este apoyo se explicit¨® el pasado mes de septiembre, cuando se reuni¨® la asamblea de magistrados para debatir la forma en que deb¨ªa prestar su declaraci¨®n Jordi Pujol, presidente de la Generalitat y uno de los 25 ex consejeros de Banca Catalana implicados en el caso. Los magistrados discutieron el tema desde un punto de vista estrictamente jur¨ªdico, pero se preocuparon tambi¨¦n de que el voto se convirtiera en una moci¨®n de confianza hacia el magistrado. El portavoz del pleno tuvo especial cuidado en se?alar que con aquella resoluci¨®n -que aprob¨® que Pujol declarara oralmente- no se desautorizaba a De Lecea y que la nueva disposici¨®n era "salom¨®nica". En opini¨®n del portavoz, se daba la raz¨®n a las dos partes en conflicto, cuando en realidad se hab¨ªa aceptado ¨ªntegramente la petici¨®n de los fiscales Carlos Jim¨¦nez Villarejo y Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, que solicitaban que la declaraci¨®n no fuera realizada por escrito.Ante la opini¨®n p¨²blica, De Lecea sali¨® reforzado de aquel litigio procesal -el segundo recurso de reforma-, pero en realidad dentro del pleno de la Audiencia Territorial la pol¨¦mica hab¨ªa provocado ya cierta bipolar¨ªzaci¨®n de los, magistrados, un sector de los cuales empez¨® a mostrarse beligerante con las decisiones del instructor. Las cr¨ªticas m¨¢s duras hacia el instructor partieron, a partir de entonces, del sector de magistrados penalistas que cre¨ªa ver en sus decisiones graves incorrecciones procesales, en la mayor¨ªa de las ocasiones provocadas por la formaci¨®n civilista de De Lecea. Se le criticaba tambi¨¦n a De Lecea el hecho de que en sus decisiones asumiera determinadas tesis de las defensas.

Los sucesivos recursos planteados por los fiscales contra las decisiones de De Lecea -negativa a que se dejara fotocopiar determinada documentaci¨®n sumarial, a acceder a pruebas documentales de la doble contabilidad, a que se investigara el destino dado a los cr¨¦ditos otorgados a Jaume Carner Su?ol o petici¨®n para que se aclarara el car¨¢cter procesal de unas pruebas periciales sugeridas por la defensa de los querellados- fueron minando aquella debilitada confianza y aumentando las cr¨ªticas hacia el juez.

La crisis estall¨® con la presentaci¨®n del quinto recurso de reforma de los fiscales, cuando ¨¦stos pidieron que se adjuntaran a la causa nuevos documentos relativos a la doble contabilidad de Banca Catalana y a los cr¨¦ditos otorgados a Jaume Carner. Los fiscales hab¨ªan descubierto en el mes de septiembre, durante la declaraci¨®n del ex presidente de Banca Catalana, que ¨¦ste hab¨ªa suscrito con la entidad unos cr¨¦ditos de 400 millones de pesetas que no hab¨ªan sido devueltos. En opini¨®n de los fiscales, la concesi¨®n de estos cr¨¦ditos pod¨ªa haberse realizado de forma irregular, sin las debidas garant¨ªas y aprovechando la influencia de Carner en la entidad, lo que podr¨ªa ser objeto de un delito de apropiaci¨®n indebida. El juez instructor rechaz¨® ambas peticiones alegando, entre otras cosas, que en aquel momento no se pod¨ªa dispersar la documentaci¨®n sobre Banca Catalana y que los hechos que se ¨ªmputaban a Carner no estaban recogidos en la querella.

La no tramitaci¨®n de aquellas pruebas indign¨® a un sector de magistrados, que se sent¨ªa ya irritado por un reciente auto del juez De Lecea en el que se justificaban los problemas de Banca Catalana y alud¨ªa a la crisis bancaria, asumiendo, de nuevo, tesis pr¨®ximas a las de la defensa. Estos mismos magistrados jugaron un papel decisivo en la sesi¨®n del pasado 22 de febrero, cuando se decidi¨® admitir a tr¨¢mite el recurso de apelaci¨®n y supeditar las decisiones del instructor a las de la asamblea. La modificaci¨®n del papel jur¨ªdico de De Lecea fue interpretado por el instructor como "una disminuci¨®n de confianza".

La posterior reacci¨®n de Ignacio de Lecea remitiendo el 25 de febrero al pleno de la Audiencia un "voto reservado", en el que se alertaba de los peligros jur¨ªdicos, sociales y pol¨ªticos de aquella modificaci¨®n procesal, enoj¨® a¨²n m¨¢s a los magistrados, ya que consideraban que el escrito ten¨ªa car¨¢cteres de ultim¨¢tum, redactado en un momento de enfado. La crispaci¨®n y el enfrentamiento se agudizaron con el escrito en el que ped¨ªa el relevo. En los plenillos informales, que a diario se celebran en la Audiencia de Barcelona, el presidente de la Territorial critic¨® duramente y de manera abierta al magistrado y le conmin¨®, mediante un decreto de la presidencia, a continuar en su cargo. La posterior resoluci¨®n de la Audiencia, confirmando en el cargo a De Lecea y no aceptando su dimisi¨®n, para algunos magistrados no signific¨® otra cosa que la congelaci¨®n coyuntural del problema.

Objetivo desfigurado

Seg¨²n algunos magistrados, De Lecea ser¨ªa el responsable de que la investigaci¨®n sobre Banca Catalana se haya convertido en una pol¨¦mica procesal. Los fiscales encargados del caso, Carlos Jim¨¦nez Villarejo y Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, con discreci¨®n, se niegan a se?alar qui¨¦n es el responsable de esta deformaci¨®n, pero reconocen que "un 80% de sus esfuerzos deben dedicarlos a plantear o intentar resolver los litigios procesales", y recuerdan que hace m¨¢s de tres meses que solicitaron la documentaci¨®n sobre la doble contabilidad de Catalana y sobre los cr¨¦ditos otorgados a Carner, sin que se les haya contestado. Por su parte, los abogados defensores de los implicados guardan un escrupuloso silencio en relaci¨®n al tema, pero algunos de ellos aseguran que "nunca han trabajado tan poco por un tema del que se habla tanto".