Resistencias en el Consejo de Estado a la aplicaci¨®n de las incompatibilidades y al nuevo cuerpo de letrados

Algunos de los altos cargos del Consejo de Estado a los que corresponde elegir, antes del 24 de abril pr¨®ximo, entre continuar en los mismos o en el segundo puesto que vienen desempe?ando en el sector p¨²blico han manifestado, seg¨²n fuentes gubernamentales, sus reticencias al cumplimiento de tal opci¨®n, establecida en la vigente ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones P¨²blicas. Seg¨²n las mismas fuentes, la mayor¨ªa de los letrados del Consejo de Estado -entre los que figuran cuatro ex ministros, tres de ellos de Franco-, que ejercen, como m¨ªnimo, dos actividades, se opone tambi¨¦n a la fusi¨®n con otros profesionales en el cuerpo de letrados del Estado creado por la ley de la Funci¨®n P¨²blica.

Seg¨²n la disposici¨®n adicional 9? de esta ley, de 2 de agosto de 1984, se crea en la Administraci¨®n del Estado, entre otros nuevos cuerpos de funcionarios, el de letrados del Estado, en el que corresponde que se integren los funcionarios pertenecientes a los siguientes cuerpos: abogados del Estado, letrados del Ministerio de Justicia, letrados de la Direcci¨®n General de los Registros y del Notariado y letrados del Consejo de Estado.Estos ¨²ltimos argumentan que, aunque forman parte de un cuerpo que asesora al Gobierno, no est¨¢n incorporados a la Administraci¨®n como los abogados del Estado, que pertenecen al Ministerio de Hacienda, o los otros dos cuerpos de letrados, que se integran en el de Justicia. Entre los funcionarios de estos cuerpos de elite, en especial entre los abogados del Estado, que han pasado ya a formar parte del nuevo cuerpo, existe expectaci¨®n sobre lo que ocurrir¨¢ en el Consejo de Estado, cuerpo que consideran especialmente privilegiado, entre otras cosas porque sus miembros s¨®lo van al Consejo de Estado una ma?ana a la semana, la de los jueves, a los plenos.

El plazo cumple el 24 de abril

En cuanto a las incompatibilidades, una disposici¨®n transitoria de la ley establece un plazo de tres meses, que concluye el pr¨®ximo 24 de abril, para optar por uno de los dos cargos p¨²blicos desempe?ados. El art¨ªculo 3.1 establece la incompatibilidad "con el ejercicio de cualquier cargo, profesi¨®n o actividad, p¨²blico o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia". Fuentes de la Secretar¨ªa de Estado para la Administraci¨®n P¨²blica se?alaron que las medidas previstas para quienes incumplan estas normas "son muy duras y pueden llevar consigo incluso la devoluci¨®n de los sueldos percibidos".

Respecto a las actividades privadas, el art¨ªculo 11 las proh¨ªbe cuando "se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado". Las fuentes citadas recordaron que algunos letrados est¨¢n adscritos a secciones del Consejo de Estado que entienden de dict¨¢menes sobre materias de su especialidad profesional privada, como, por ejemplo, urbanismo, t¨ªtulos nobiliarios y responsabilidad de la Administraci¨®n.

Altos cargos gubernamentales han manifestado en privado la necesidad de que la reforma administrativa alcance al Consejo de Estado y han recordado que la ley exige "de los servidores p¨²blicos un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos". El Gobierno, y de modo directo el vicepresidente Alfonso Guerra, cuenta con la buena disposici¨®n del presidente del Consejo de Estado, Antonio Hern¨¢ndez Gil, para que no se obstaculice la reforma.

Consejeros vitalicios

La Administraci¨®n reconoce las dificultades del empe?o, dadas las caracter¨ªsticas del Consejo de Estado, en muchos aspectos anacr¨®nicas -como la existencia de una capilla y la adscripci¨®n de un capell¨¢n, Juli¨¢n Garc¨ªa Hernando, a pesar de la aconfesionalidad del Estado-, y la situaci¨®n hasta ahora privilegiada de sus miembros, entre los cuales los consejeros permanentes han logrado mantener su car¨¢cter vitalicio en la ley org¨¢nica de 1980, lo cual produce irritaci¨®n en especial entre los miembros de la carrera judicial, en un momento en que se les va a adelantar la edad de jubilaci¨®n para homologarla en los 65 a?os con el resto de la funci¨®n p¨²blica.

Actualmente, los ocho consejeros permanentes, con emolumentos mensuales superiores a las 350.000 pesetas, tienen m¨¢s de 70 a?os, con excepci¨®n de Landelino Lavilla. Entre los consejeros permanentes figura el general en la situaci¨®n B Miguel Vizca¨ªno M¨¢rquez, consejero de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

Los letrados del Consejo de Estado afectados por la incompatibilidad es dif¨ªcil que opten por permanecer en el cargo, dado que los sueldos medios que reciben, de unas 170.000 pesetas, no les retendr¨¢n. Algunos de ellos argumentan que la aplicaci¨®n masiva de la ley dejar¨ªa en cuadro al Consejo de Estado y han pedido al consejero permanente y viejo socialista, Gregorio Peces-Barba del Br¨ªo, que medie en su favor cerca de la Administraci¨®n.

Argumentan tambi¨¦n que no tienen horario porque hacen los dict¨¢menes en sus domicilios, del mismo modo que los jueces y magistrados hacen con las sentencias. El razonamiento no es considerado v¨¢lido por la Administraci¨®n, que recuerda que los magistrados acuden cada ma?ana a su juzgado o tribunal.