La salud de las mujeres y el Tribunal Constitucional

El debate sobre el aborto se ha convertido en el Rubic¨®n ideol¨®gico que separa dos sistemas de valores claramente diferenciados. En este momento, el recurso de inconstitucionalidad que parece prosperar en contra del proyecto de ley de Despenalizaci¨®n Parcial del Aborto convierte a esta diferencia en un pulso que enfrenta al poder judicial, representado por el Tribunal Constitucional, con el sentir mayoritario del pueblo espa?ol.Generalmente se admite ?que la existencia de una legislaci¨®n permisiva en relaci¨®n al aborto es un ¨ªndice del desarrollo civil de una sociedad, que la poblaci¨®n mundial adopta posturas tolerantes respecto a este tema y que existe un consenso social que reconoce la privacidad, responsabilidad y libertad de conciencia del individuo que se enfenta a ¨¦l.

En este momento, Espa?a, pese a contar con una Constituci¨®n y un desarrollo jur¨ªdico general que se pretenden equiparables a los de los pa¨ªses desarrollados, forma parte del 8% de la poblaci¨®n. mundial cuya legislaci¨®n proh¨ªbe el aborto en cualquier caso, corno sucede en Filipinas y en Indonesia.

El proyecto de despenalizaci¨®n propuesto por el Gobierno del PSOE se ha caracterizado por una extrema cautela con el supuesto objetivo de evitar enfentamientos. La restrictiva despenalizaci¨®n s¨®lo afectar¨ªa al 5% de los casos de aborto, seg¨²n datos del propio Ministerio de Sanidad y Consumo. Incidentalmente, no deja de resultar asombroso que el titular de dicho ministerio haya afirmado en declaraciones recientes no tener previsto dispositivo asistencial alguno para los supuestos que contempla la ley una vez sea ¨¦sta aprobada. En el contexto descrito, los t¨¦rminos del debate del Tribunal Constitucional conocidos a trav¨¦s de la Prensa escapan a cualquier intento de racionalidad o de l¨®gica, y en todo caso, a las directrices de una minor¨ªa enfrentada a los intereses de la mayor parte de los ciudadanos de este pa¨ªs.

Los m¨¦dicos, como es sabido, no formamos un bloque monol¨ªtico. En la encuesta realizada por la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial, casi la mitad del colectivo m¨¦dico se pronunciaba a favor de la propuesta de despenalizaci¨®n. Muchos de los que nos incluimos en este grupo pensamos que las legislaciones represivas respecto al tema, lejos de evitar o disminuir la incidencia de abortos, simplemente los convierten en un hecho clandestino que repercute negativamente en la salud de la poblaci¨®n y que constituye una de las causas m¨¢s importantes de mortalidad y enfermedad materna a nivel mundial (se calculan en 68.000 las muertes de mujeres a consecuencia de abortos clandestinos anuales en el mundo). En nuestro caso podemos suponer que la clasificaci¨®n de d¨¦cima potencia industrial y el sistema sanitario de que disponemos puede modificar la resoluci¨®n hospitalaria de las complica ciones del aborto ilegal, pero no las condiciones en las que se realizan los abortos ilegales por perso nal no cualificado, utilizando ins trumentos burdos, agentes c¨¢usticos o t¨®xicos.

Adem¨¢s, y como es sabido, la si tuaci¨®n geogr¨¢fica espa?ola permite que las mujeres con medios econ¨®micos suficientes escapen al riesgo que supone el aborto clandestino para su salud o su vida buscando condiciones sanitarias adecuadas en el Reino Unido, Holanda, Francia, Portugal, Italia o Suiza. En realidad, lo que diferencia en el riesgo de muerte o secuelas por aborto a Espa?a de Kenia no es la racionalidad legislativa, sino nuestra privilegiada situaci¨®n geogr¨¢fica.

En otro orden de cosas y refiri¨¦ndonos a los supuestos concretos contemplados en el proyecto de despenalizaci¨®n, queremos hacer referencia a la incongruencia que supone el esfuerzo cient¨ªfico y m¨¦dico para diagnosticar los riesgos y las malformaciones fetales con la situaci¨®n legislativa actual.

?Qu¨¦ utilidad tiene el que mediante sofisticadas tecnolog¨ªas como la realizaci¨®n de estudios ecogr¨¢ficos, pr¨¢ctica de amniocentesis, estudios citogen¨¦ticos y bioqu¨ªmicos, podamos llegar a suponer que un feto est¨¢ gravemente afectado? Una vez realizado el diagn¨®stico e informada la paciente, s¨®lo nos queda acompa?arla en el sentimiento.

En el supuesto de violaci¨®n, ?tienen noticia los miembros del Tribunal Constitucional que alegan inconsistencia jur¨ªdica de las dificultades t¨¦cnicas que entra?a el diagn¨®stico de paternidad en una gestaci¨®n de pocas semanas? Y eso suponiendo que el violador se encontrara a disposici¨®n judicial. En cualquier caso, la detenci¨®n o no del delincuente no obvia la protecci¨®n y asistencia a la v¨ªctima.

En el tercer supuesto, que se refiere al aborto frente al peligro de muerte o riesgo para la salud de la madre, creemos que evidentemente no merece comentario.

Como profesionales m¨¦dicos y desde la defensa de la salud de la poblaci¨®n, consideramos inadmisible que las mujeres sigan arriesgando su salud f¨ªsica o ps¨ªquica y su vida por una legislaci¨®n defendida por una minor¨ªa anclada en el pasado.