Los recargos municipales se baten en retirada

convencido por Felipe Gonzalez de la conveniencia de retirar el recargo del 3%, numerosos ayuntamientos han manifestado tambi¨¦n su intenci¨®n de suprimir los recargos: Las Palmas, Valladolid, La Coru?a, Logro?o y Guadalajara.Esta situaci¨®n va a provocar una gran confusi¨®n entre numerosos contribuyentes, que en los juegos de declaraci¨®n de IRPF van a encontrar recargos municipales correspondientes a su lugar de residencia, aunque ¨¦stos no existan, y graves complicaciones en la gesti¨®n de la campa?a de renta por parte de Hacienda (van a producirse ingresos por conceptos y en lugares d¨®nde no deber¨ªan efectuarse, lo que provocar¨¢ reclamaciones y posteriores liquidaciones al contribuyente; aparte de que en muchos casos las declaraciones son con derecho a devoluci¨®n y habr¨¢ que calacular y deducir el recargo municipal cuando el contribuyente no lo haya abonado). Todas estas renuncias de los ayuntamientos al recargo son ilegales, ya que no cumplen los plazos preceptivos de la ley.

Instrumentos transitorios

Enrique Mart¨ªnez Robles, director general de Haciendas Territoriales, es consciente de esta confusi¨®n, aunque asegura, sin embargo, que se va a reclamar el recargo a quienes no lo pagaron en 1984. "El recargo ha sido un instrumento de recaudaci¨®n transitorio hasta la aprobaci¨®n de la ley definitiva de financiaci¨®n de las Haciendas Locales. No obstante, en los borradores elaborados hasta ahora de esta futura ley no se contempla la continuidad del recargo".

El problema es el enorme d¨¦ficit. A pesar de estos tributos, el Estado tendr¨¢ que seguir subvencionando este a?o a las haciendas locales con 128.000 millones. En este contexto, ?qu¨¦ va a ocurrir en los ayuntamientos que han suprimido ahora los recargos municipales previstos en sus presupuestos o han eliminado distintas tasas de basuras y alcantarillado pensando sus ingresos por los del malogrado 3% de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid? En la mayor¨ªa de los municipios las recaudaciones previstas por el recargo sobre el IRPF se absorber¨¢n el a?o pr¨®ximo con mayores incrementos en la contribuci¨®n urbana, en algunos otros -como se ha llegado a advertir a los vecinos con tono admoratorio por un alcalde castellano- se suprimir¨¢n servicios y en otros, finalmente, se incrementar¨¢ lisa y llanamente el d¨¦ficit.

Las intervenciones del defensor del pueblo, Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez, han sido decisivas para la supresi¨®n del recargo auton¨®mico del 3%, en Madrid y para la reconsideraci¨®n por numerosos ayuntamientos, de sus respectivos acuerdos para la imposici¨®n de cantidades adicionales sobre la tributaci¨®n por el impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF). Ruiz-Gim¨¦nez envi¨® hace meses un informe a las Cortes advirtiendo de la posible ilegalidad de la ley de Medidas Urgentes de Saneamiento de las Haciendas Locales, en cuanto autoriza a los ayuntamientos para que fijen libre y discrecionalmente recargos sobre el IRPF, y present¨® hace unas semanas un recurso de inconstitucionalidad contra el recargo de la Comunidad de Madrid.Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez rechaza cualquier responsabilidad exclusiva en el recurso contra el recargo Leguina ("¨¦sta es una instituci¨®n colegiada con 13 ¨¢reas de estudio distintas, donde se elaboran informes de asesoramiento jur¨ªdico") y niega con vehemencia que el Defensor del Pueblo haya cedido ante la campa?a de la derecha. "No podemos impedir que 100, 1.000 o 300.000 ciudadanos escriban solicitando que el Defensor del Pueblo interponga recurso de inconstitucionalidad"."Nosotros hemos planteado el recurso ante el Tribunal Constitucional porque estim¨¢bamos que, aun admitiendo (como la admitimos) la. competencia tributaria de la comunidad aut¨®noma, y pareci¨¦ndonos extraordinariamente laudable el principio de solidaridad en que se inspiraba el recargo, la estructuraci¨®n del mismo infring¨ªa, a nuestro entender, dos principios muy importantes en nuestro sistema constitucional: por una parte, el principio de seguridad jur¨ªdica, y por otra, la posibilidad de que por el juego del impuesto en s¨ª mismo y del recargo auton¨®mico se pudieran sobrepasar los l¨ªmites que la legislaci¨®n actual establece (la ley de Presupuestos de 1984)".

"Tampoco es cierto, como se ha llegado a escribir, que yo hubiera dicho a la Comunidad Aut¨®noma de Madrid o a otras personas que no iba a presentar recurso". Lo ¨²nico que hizo el Defensor del Pueblo fue comunicar estos criterios al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, aconsejando que se suspendiera la recaudaci¨®n del recargo hasta que se rectificaran esos puntos. "Nosotros nunca hemos promovido la desobediencia civil ni tampoco hemos sido responsables de la suspensi¨®n del recargo".

Por otra parte, contin¨²a Ruiz

Gim¨¦nez, el problema de los recargos impositivos nos viene preocupando desde hace mucho tiempo. Con motivo de la elaboraci¨®n y discusi¨®n de la ley de Medidas Urgentes para Financiaci¨®n de las Haciendas Locales, a finales del 1983, se recibieron en el Defensor del Pueblo numerosas solicitudes para que se presentara recurso de anticonstitucionalidad contra la ley. Por tratarse de una ley de medidas urgentes y de car¨¢cter provisional, como se dec¨ªa en el pre¨¢mbulo, se desisti¨® de presentar recurso contra la misma, a pesar de que exist¨ªan puntos que rozaban la inconstitucionalidad. Y se opt¨® por enviar una serie muy detallada de recomendaciones para que se subsanara el texto al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda y al presidente de las Cortes. "No se nos dio respuesta, y es posible que si nos hubieran hecho caso se habr¨ªa evitado el actual conflicto".