Del sindicalismo de pana a la socialdemocracia
El Gobierno socialista ha elegido, entre las dos alternativas que se le presentaban, el camino de una pol¨ªtica reformista de centro, con algunas incrustaciones de izquierda en determinados sectores, para no perder identidad, seg¨²n el autor de este trabajo. De ah¨ª que el sindicato UGT no pueda incorporar a la pol¨ªtica socialdem¨®crata del PSOE el traje de pana, que parece estar fuera de lugar.
Pugnan en la central ugetista dos corrientes o, dicho en t¨¦rminos m¨¢s asimilables, dos visiones distintas de car¨¢cter estrat¨¦gico. Parad¨®jicamente, en 1981, los l¨ªderes ugetistas trataban de dise?ar un modelo de pacto social -implicando al Gobierno de UCD presidido por Calvo Sotelo- contra la voluntad de buen n¨²mero de dirigentes del PSOE, no muy propicios a entregar un bal¨®n de ox¨ªgeno a un Gobierno inseguro de s¨ª mismo y, por ello, propiciador del cambio socialista. Sin embargo, Nicol¨¢s Redondo hab¨ªa asumido en 1979 la necesidad de llevar a cabo una pr¨¢ctica sindical compatible con los compromisos en el sistema que pudieran deducirse de la pol¨ªtica de concertaci¨®n.Todas las encuestas registran la voluntad manifiesta de los trabajadores en pro de la consecuci¨®n de acuerdos. Un sindicato, en un contexto de crisis, ha de dar prioridad a la defensa de valores fundamentales -empleo, capacidad adquisitiva, servicios sociales, etc¨¦tera-, si desea satisfacer no tanto a su militancia, pero s¨ª a sus potenciales electores.
Comisiones Obreras olvid¨® tan incuestionable premisa en 1980, apremiada por otras consideraciones conexas con su praxis comunista, y ha pagado duramente las consecuencias. En efecto, poseyendo un s¨®lido aparato de acci¨®n, comparece en la escena subordinada a la estrategia de UGT.
Para Marcelino Camacho debi¨® de constituir una ingrata sorpresa comprobar c¨®mo las huelgas convocadas contra el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), en la primavera de 1980, fracasaban frente a la actitud contraria de UGT, a la firmeza empresarial y, sobre todo, el contenido, no rechazado por las bases obreras, de un buen acuerdo.
Sin embargo, los mismos dirigentes ugetistas que defend¨ªan contra viento y marea, dentro de la familia socialista, la necesidad del pacto sosten¨ªan la conveniencia de que CC 00 suscribiera tales acuerdos.
Pacto secretoEl ANE se configura como un pretexto para emplazar al Gobierno, una y otra vez, demand¨¢ndole el cumplimiento estricto de lo pactado. La propia Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones Empresariales (CEOE), en septiembre de 1981, resta casi absoluta credibilidad al Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), al poner de manifiesto que el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 1982 contribuir¨¢ a agudizar las contradicciones que imped¨ªan relanzar la inversi¨®n privada y, con ella, acrecentar el empleo. Al mismo tiempo, el pacto secreto de 800 millones de pesetas anuales de subvenci¨®n a los sindicatos, con distintas lecturas, pero firmado por un ministro del Gobierno, otorgaba a la operaci¨®n un cierto aire siniestro de compraventa.
Ello explica, y no otra cosa, que en 1983, con Felipe Gonz¨¢lez en la Moncloa, UGT no rechazara la proposici¨®n de la CEOE de resucitar el modelo, AMI de concertaci¨®n, es decir, sin el Gobierno en, la mesa de negociaci¨®n. De otra parte, UGT no deseaba negociar el cumplimiento del programa electoral con el que los socialistas hab¨ªan ganado las elecciones. El empresariado, asimismo, apetec¨ªa mucho m¨¢s la negociaci¨®n directa con el Gobierno y adivinaba el .car¨¢cter cancerbero con el que UGT deseaba comparecer en la escena pol¨ªtica de la era felipista. Para la CEOE resultaba evidente que el tiempo y los condicionamientos del poder se encargar¨ªan de edulcorar los maximalismos socialistas. Los afanes de supuesta independencia ugetista no pasar¨ªan de ser meros gestos simb¨®licos sin trascendencia alguna.
Pero nunca suele ser bueno tirar demasiado de la cuerda, porque existe el riesgo de que se rompa. En 1984, el Gobierno aport¨® dos cifras a los interlocutorers sociales, y no una sola, como ven¨ªa siendo habitual, para tratar as¨ª de asegurar que los incrementos salariales pactados por todos los conceptos, con deslizamientos incluidos, no exceder¨ªan del 6,5%, es decir, 1,5 puntos menos del ¨ªndice de precios al consumo (IPC) previsto para 1984. En tal situaci¨®n, el acuerdo derivar¨ªa en imposible, sin que haya constituido una cat¨¢strofe, pero, en cualquier caso, el coste desde el punto de vista social ha sido elevado. Los trabajadores han perdido conquistas consolidadas -como la cl¨¢usula de garant¨ªa o revisi¨®n salarial-, el n¨²mero de huelgas se ha elevado en un 55,76% con respecto a 1983 y, lo que es muy importante, el papel de UGT ha resultado extremadamente desabrido, al no poder viajar del bracete con CC 00 ni convocar demasiados conflictos, lo que hubiera producido el gravisimo contrasentido de posicionar a UGT contra el Gobierno socialista.
Las bases empresariales se hallan tan acostumbradas al pacto como las obreras, y coinciden con rara unanimidad en recabar de su organizaci¨®n c¨²pula que les preste los servicios de firmar peri¨®dicamente un gran acuerdo. Pero la CEOE se atrevi¨® en 1984 a no suscribir acuerdo alguno y sus bases no se resintieron; las altas cotas de conflictividad no preocuparon en exceso a muchos sectores con capacidad productiva e instalada no utilizada; de ah¨ª que, a mediados de 1984, la propuesta de abrir negociaciones acerca de un acuerdo -modelo ANE-, efectuada por el Gobierno, y, bien vista por UGT, no asustara a los dirigentes empresariales. Sin duda, estos ¨²ltimos son extremadamente realistas y, por ello, conocedores de sus limitaciones, pero est¨¢n dispuestos siempre a cobrar el precio l¨®gico y necesario por estampar su firma, junto a la de sus contrapartes socialistas, en el documento final que reflejar¨¢ los compromisos mutuamente asumidos, con las consecuencias de todo orden que podr¨ªan derivarse.
Programa de reformas
Pero la negociaci¨®n misma del AES ha obligado a aplazar la contradicci¨®n ugetista a la que nos refer¨ªamos al principio. El Gobierno apuesta por la moderaci¨®n del pa¨ªs y no le importa asum.ir un programa de reformas, aunque pueda inquietar a grupos de poblaci¨®n entre los que est¨¦n sus votantes. Tal ha ocurrido con la reconversi¨®n industr¨ªal, y se reproducir¨¢ la misma imagen con la inminente reforma de la Seguridad Social, etc¨¦t¨¦ra. El Gobierno sustituye la imagen negativa que puede suponer el, coste de la reforma por la superior positiva que trasluce el valor de afrontarla. Por el contrario, para UGT cualquier cambio del precario statu quo la inquieta sobremanera. A pesar del tiempo transcurrido, la direcci¨®n de UGT no ha conseguido pactar con el Gobierno unas reglas de juego, ni de otra parte hubieraj sido posible convencer a la opini¨®n p¨²blica acerca del hipot¨¦tico car¨¢cter aut¨®nomo de UGT con respecto al Gobierno.
Para Felipe Gonz¨¢lez, las alternativas est¨¢n, claras: o se gobierna claramente en socialista, a riesgo de sufrir una p¨¦rdida segura (le electorado, o, por el contrario, asume el PSOE una posici¨®n reformista, ocupando un espacio de centro, con escarceos suficientes hacia la izquierda -ense?anza, sanidad, pol¨ªtica exterior-, a fin de no perder identidad. Evidentemente, Felipe Gonz¨¢lez ha preferido la segunda opci¨®n, por lo que sus tesis en materia econ¨®mico- social coinciden en buena parte con las de la CEOE; de ah¨ª que proclame a los cuatro vientos su fe en el sistema capitalista, la necesidad de liberalizar la econom¨ªa y el mercado de trabajo y, tras el affaire Rumasa, se apresure a no conservar en manos p¨²blicas no s¨®lo un gran almac¨¦n, sino adem¨¢s 17 bancos.
Los ugetistas, defensores ac¨¦rrimos de la autonom¨ªa del sindicato frente al Gobierno, van a perder la partida.
Resulta parad¨®jico que dirigentes no radicales personalmente -por el contrario, han defendido en a?os dificiles, cuando tales ideas no hab¨ªan sido contrastadas con la realidad, una visi¨®n moderada de las relaciones sociales y la pol¨ªtica de pactosresulten los perdedores de una confrontaci¨®n estrat¨¦gica que nunca deber¨ªa haberse producido.
A nuestro juicio, la pol¨ªtica global de concertaci¨®n se ha constituido en un instrumento capaz de consolidar un m¨¦todo ciertamente progresista para afrontar la crisis y, al mismo tiempo, consolidar el sistema democr¨¢tico. Pero los ¨¦xitos del Gobierno ser¨¢n los de UGT, y al rev¨¦s. Tal simplismo coyuntural es inevitable; de ah¨ª que sindicato y Gobierno deber¨ªan haber extremado su cuidado para evitar la contradicci¨®n que supone la actual lucha enconada entre fines y medios, y que el instrumento de opci¨®n m¨¢s importante de que dispone el poder socialista no comparta el sentido de la direcci¨®n de la marcha y, a pesar de ello, se vea obligado a caminar.
Las grandes mayor¨ªas que han permitido gobernar a UCD y despu¨¦s al PSOE aspiran a una vida mejor, pero sin violencias ni traumas internos en los complejos mecanismos sociales, a trav¨¦s de los cuales esta sociedad espa?ola ha pasado de ser predominantemente agraria a industrial, y puede aspirar ahora a no quedarse atr¨¢s en la pr¨®xima revoluci¨®n posindustrial, caracterizada por la irrupci¨®n galopante de las nuevas tecnolog¨ªas.
La tecnoestructura socialista en el poder profundiza desvelando determinados tab¨²es sociales -laicismo, civilismo, progresividad fiscal, etc¨¦tera-, a sabiendas de que tales planteamientos son compatibles con el segmento electoral seudoprogresista que, con las bases obreras, otorga la victoria electoral. UGT no puede incorporar a la pol¨ªtica socialdem¨®crata del PSOE el traje de pana. Hoy est¨¢ fuera de lugar.
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