Primeros acuerdos judiciales para impedir las corruptelas en los juzgados

Los jueces civiles y penales de Madrid se han puesto de acuerdo, tras largos meses de deliberaciones, sobre la erradicaci¨®n de las corruptelas econ¨®micas en las oficinas judiciales. De acuerdo con el primer bloque de medidas adoptadas para impedir que los funcionarios judiciales perciban dinero de los ciudadanos, queda ya sin justificaci¨®n cobrar cantidades por "reintegros y suplidos". Asimismo, la ejecuci¨®n de los embargos se realizar¨¢ por riguroso orden cronol¨®gico. Tambi¨¦n se prohibir¨¢ a las compa?¨ªas de seguros que abonen cantidades al presentar denuncias sobre hechos relacionados con la circulaci¨®n de veh¨ªculos.

Hasta ahora, los funcionarios de los juzgados civiles permit¨ªan la presentaci¨®n de documentos sin los timbres exigibles y exped¨ªan luego unos recibos por suplidos y reintegros, que muchas veces exced¨ªan del importe legal. Uno de los acuerdos, adoptado por unanimidad por la Junta de Jueces, elimina los pagos en dinero por suplidos y reintegros. Los Juzgados de Primera Instancia s¨®lo admitir¨¢n escritos presentados por los procuradores con el correspondiente reintegro, y rechazar¨¢n los que carezcan de este requisito. Para las sucesivas actuaciones, no cuantificables previamente, los juzgados utilizar¨¢n papel en blanco "con cargo a la partida de material". Al finalizar el pleito, se requerir¨¢ a las partes para que reintegren los timbres que falten o para que abonen su importe equivalente en papel de pagos al Estado.Tambi¨¦n fue un¨¢nime el establecimiento de un orden en el se?alamiento y ejecuci¨®n de los embargos, para evitar tratos de favor. Salvo casos singulares, en los que el juez se reserva la posibilidad de alterar ese orden, de forma motivada, los embargos se efectuar¨¢n siguiendo el orden de presentaci¨®n en el registro general del juzgado respectivo y la fecha que se acuerde se especificar¨¢ en la resoluci¨®n que establezca la ejecuci¨®n del embargo. Para la eficacia de este acuerdo, en todos los juzgados se abrir¨¢ un libro oficial, a fin de que el secretario controle el cumplimiento del orden establecido.

Como medida complementaria, la Junta de Jueces aprob¨® -en este caso s¨®lo por mayor¨ªa- la creaci¨®n de un futuro registro general de escritos de procuradores sobre asuntos en tr¨¢mite, ubicado en el decanato y debidamente informatizado, que los distribuir¨¢ al d¨ªa siguiente al juzgado civil o penal correspondiente.

Tambi¨¦n se acordaron medidas contra las disfunciones en los juzgados penales. La Junta de Jueces decidi¨® que se prohiba "cualquier trato de favor para la r¨¢pida tramitaci¨®n de querellas" y, en concreto, la exhibici¨®n de procesos y actuaciones para la toma de notas con objeto de conocer su contenido. Para la efectividad de esta prohibici¨®n, adem¨¢s del control de jueces y secretarios y de la orden circular del decano a los funcionarios, se colocar¨¢n r¨®tulos o carteles en las secretar¨ªas, para general conocimiento de la medida.

Asimismo, se acord¨® hacer saber a las compa?¨ªas de seguros "la absoluta prohibici¨®n" de abonar cantidades con motivo de la presentaci¨®n en el Juzgado de Guardia de denuncias sobre hechos relativos a la circulaci¨®n. Se encarg¨® al decano que se dirija a dichas entidades, para recordarles "la responsabilidad criminal" en que pueden incurrir.

El final de una larga lucha

Con estos acuerdos, la larga lucha librada casi en solitario por la magistrada Manuela Carmena, cuyas posiciones quedaban habitualmente en minor¨ªa en las reuniones de jueces, fue asumida el lunes pasado por la Junta de Jueces. Su decano, Salvador Dom¨ªnguez, manifest¨® ayer su satisfacci¨®n por "la buena acogida", dijo, "de los 62 jueces de Madrid a unas inquietudes que yo siempre tuve". Dom¨ªnguez reconoci¨® la importancia que ha tenido para alcanzar el acuerdo el "estudio interesante", realizado por la comisi¨®n integrada por Manuela Carmena, Rom¨¢n Garc¨ªa Varela y Jos¨¦ Mar¨ªa G¨®mez Castroverde, y la ayuda del Ministerio de Justicia.En relaci¨®n con la eficacia de los acuerdos adoptados, el decano se?al¨® la conveniencia de que los profesionales que se relacionan con la administraci¨®n de justicia presten tambi¨¦n su colaboraci¨®n para la erradicaci¨®n de las disfunciones. Durante la reuni¨®n del lunes pasado, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7, Epifanio Legido, plante¨® la conveniencia de que todos los jueces se vinculen a los acuerdos de la junta. La adopci¨®n de un acuerdo formal en este sentido qued¨® para una futura reuni¨®n. La pr¨®xima sobre el problema de las disfunciones est¨¢ convocada para el lunes, 20 de mayo.

En la reuni¨®n de la Junta de Jueces del lunes ¨²ltimo estuvieron ausentes 12 jueces civiles, entre los que figuran los m¨¢s reacios al establecimiento de, medidas contra las corruptelas econ¨®micas (en la terminolog¨ªa del decano, disfunciones). En cambio, tanto el decano como los miembros de la comisi¨®n de magistrados destacaron la colaboraci¨®n de los representantes de los secretarios y de los procuradores. Tambi¨¦n coincidieron en el efecto ejemplarizador de los acuerdos adoptados por la Junta de Jueces de Madrid para su extensi¨®n al resto de Espa?a.

Seg¨²n c¨¢lculos realizados por algunos procuradores, un 80% de los funcionarios de los juzgados viene percibiendo cantidades irregulares, en algunos casos de hasta 500.000 pesetas, en relaci¨®n con determinados embargos o suspensiones de pagos. Por otra parte, desde la entrada en vigor del decreto del Ministerio de Justicia que impide percibir cantidades por salidas, se han producido situaciones de boicoteo en algunos juzgados. En Canarias existen juzgados en los que se est¨¢n se?alando embargos para 1987.