El proyecto de ley de ordenaci¨®n del transporte entrar¨¢ en junio en el Parlamento

Las personas que presten servicio p¨²blico o privado de transporte por carretera deber¨¢n suscribir un documento denominado declaraci¨®n de porte, cuya finalidad ser¨¢ el control administrativo de la prestaci¨®n del servicio, seg¨²n se contiene en el art¨ªculo 158 del proyecto de ley de Ordenaci¨®n de los Transportes Terrestres, elaborado por el Ministerio correspondiente. Esta declaraci¨®n, que deber¨¢ exhibirse a los servicios de inspecci¨®n y a las fuerzas de vigilancia en carretera cuando lo soliciten, puede convertirse en una medida revolucionaria para el control del impuesto sobre el valor a?adido (IVA), el conocimiento de los movimientos comerciales entre las distintas zonas del pa¨ªs o la detecci¨®n de las econom¨ªas sumergidas.

El texto del proyecto de ley, presentado ayer a los medios informativos por Manuel Panadero L¨®pez, director general de Transportes Terrestres, ha sido distribuido ya a los organismos oficiales afectados y ser¨¢ examinado por la comisi¨®n de subsecretarios en dos o tres semanas, pudiendo entrar en el Parlamento, en el mejor de los casos, a finales del pr¨®ximo mes de junio.

El nuevo proyecto de ley, cuyo primer borrador data de agosto del pasado a?o, supone una ruptura radical con el modelo de transporte actualmente vigente, cuya normativa b¨¢sica data nada menos que de 1947, para el transporte por carretera, y de 1877, para el ferroviario. Es una ley presidida por un esfuerzo sintetizador y liberalizador, que pretende acabar con la mara?a legislativa actualmente existente en el transporte.

Autonom¨ªa para las empresas

Las comunidades aut¨®nomas desarrollar¨¢n la normativa espec¨ªfica que se acomode a sus peculiaridades, dentro del marco general de la ley. "Este proyecto supone un cambio fundamental, al poner su confianza en la capacidad de gesti¨®n empresarial, dotando a la empresa de transportes del mayor grado de autonom¨ªa posible, en lugar de limitarla mediante controles burocr¨¢ticos, como pretend¨ªa la de 1947", ha se?alado Manuel Panadero, "haciendo m¨¢s competitivo el sistema y permitiendo una mayor rentabilidad de los veh¨ªculos". El texto establece una distinci¨®n fundamental entre mercanc¨ªas y viajeros, con reg¨ªmenes distintos para cada una de ellas.Se prev¨¦ que la ley pueda establecer reglas para compensar los servicios p¨²blicos que la Administraci¨®n obligue a asumir a las empresas y sobre la cobertura de los riesgos mediante la suscripci¨®n de los seguros correspondientes. En viajeros, el proyecto mantiene el r¨¦gimen discrecional, aunque reduciendo dr¨¢sticamente los plazos de la concesi¨®n, que actualmente pueden llegar hasta los 99 a?os, al tiempo que da marco legal al transporte tur¨ªstico y al urbano.

Las empresas que lleven a cabo servicios regulares podr¨¢n realizar otros de car¨¢cter discrecional, lo que les permitir¨¢ dimensionar su parque de veh¨ªculos en funci¨®n de la demanda real. El proyecto establece una tasa de infraestructura, destinada fundamentalmente a que los veh¨ªculos pesados paguen el coste que generan de mantenimiento de la infraestructura viaria.