Los ayuntamientos temen perder 30.000 millones en impuestos durante este a?o por un error que achacan al Gobierno

Los municipios que iban a subir este a?o el valor de sus catastros y no hab¨ªan terminado el proceso antes del primero de enero temen perder casi 30.000 millones de pesetas, pues unos tendr¨¢n dificultades legales para subir los impuestos y otros no podr¨¢n hacerlo definitivamente. Como los ayuntamientos afectados achacan el fallo al Gobierno y no consiguieron introducir las modificaciones necesarias para corregirlo, han iniciado gestiones ante Hacienda para que el Estado les pague lo que no puedan obtener de sus contribuyentes.

El problema consiste en que muchos ayuntamientos iniciaron el pasado a?o importantes revisiones en los valores catastrales de las propiedades urbanas, con el fin de lograr as¨ª una mayor recaudaci¨®n por su principal impuesto propio: la contribuci¨®n territorial urbana. Los contribuyentes pagan un porcentaje (en torno al 20%. o 25% por t¨¦rmino medio) sobre la renta catastral, que es definida por Hacienda a su vez como otro porcentaje del valor de los inmuebles en catastro.La revisi¨®n al alza de los catastros es una pol¨ªtica que se ha generalizado ¨²ltimamente, pues los valores catastrales est¨¢n bastante alejados de los precios de mercado, a los que pretende acercarlos el proyecto de ley de financiaci¨®n de las haciendas locales. Mediante tales revisiones, adem¨¢s de elevar sus ingresos por contribuci¨®n territorial urbana, algunos ayuntamientos incrementan tambi¨¦n los procedentes de los recargos que han establecido desde el a?o pasado en el mismo tributo seis centenares de municipios.

Sin embargo, al concretar la renta catastral para 1985, la ley de Presupuestos Generales del Estado para el presente a?o, en su art¨ªculo 61, la define como el 4% del valor "vigente" a 31 de diciembre de 1984. Seg¨²n fuentes municipales, ni Hacienda ni los ayuntamientos advirtieron la transcendencia que tendr¨ªa esta redacci¨®n.

Revisi¨®n de catastros

En efecto, decenas de ayuntamientos que hab¨ªan iniciado la revisi¨®n de sus catastros no ten¨ªan "vigentes" los nuevos valores catastrales el 31 de diciembre del pasado a?o. La causa radica en que el proceso legal hasta considerar en vigor la rectificaci¨®n del catastro suele ser dilatado y requiere, adem¨¢s de formalizar los acuerdos municipales, la publicaci¨®n de edictos y otros tr¨¢mites.En la mayor parte de los casos -cuando el acuerdo de la corporaci¨®n y el edicto salieron en 1984-, la vigencia del nuevo catastro puede ser susceptible de interpretaci¨®n. La recaudaci¨®n que esperan obtener estos municipios se sit¨²an entre los 18.000 y los 20.000 millones de pesetas. Pero entre ellos se ha extendido el temor de que algunos contribuyentes discutan o recurran el pago de la contribuci¨®n territorial urbana, efectuado en el ¨²ltimo trimestre del a?o. Recuerdan al respecto que, por la proliferaci¨®n de recursos contra los recargos municipales en el impuesto sobre la renta implantados en 1984, el medio centenar largo de corporaciones que los pusieron s¨®lo recaudaron unos 4.000 millones de pesetas, la mitad de la cifra prevista.

Otros -cerca de una treintena de ayuntamientos- no ten¨ªan claramente en vigor la revisi¨®n el 31 de diciembre de 1984, aunque ya la hab¨ªan anunciado y hab¨ªan previsto legalizarla durante el primer semestre del presente a?o. Con este motivo, y debido a la potencia recaudatoria que proporcionan dichas revisiones, distintos municipios en esta situaci¨®n hab¨ªan suprimido varias tasas, para compensar los cambios.

Por ello, se han quedado sin los ingresos de las tasas y sin la posibilidad de cobrar la contribuci¨®n con el nuevo catastro. Las p¨¦rdidas ciertas de este segundo grupo se estiman en unos 8.000 millones de pesetas. Entre ellos figuran algunos de gran poblaci¨®n: Alicante (se estima que puede perder 1.00.0 millones de pesetas), Villena (tambi¨¦n en la provincia de Alicante) y cuatro de la Corporaci¨®n Metropolitana de Barcelona (San Cugat del Vallet, Molins del Rey, San Boy y el Prat de Llobregat).

Una vez advertida la redacci¨®n del art¨ªculo 61 de los Presupuestos del Estado para 1986 cuando ¨¦stos hab¨ªan entrado en vigor, los ayuntamientos, a trav¨¦s de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP), se dirigieron al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, donde les reconocieron que se hab¨ªa tratado de un error, seg¨²n fuentes de la FEMP.

En consecuencia, los ayuntamientos pidieron que el presunto error fuera admitido p¨²blicamente y rectificado mediante una ley de art¨ªculo ¨²nico, a lo que se ha negado dicho Departamento. Nuevamente, con motivo de los proyectos de ley para la represi¨®n del fraude fiscal, la FEMP intent¨® sin ¨¦xito la introducci¨®n, con el apoyo de Hacienda, de una enmienda que corrigiera dicho art¨ªculo de los Presupuestos.

Por todo ello, los ayuntamientos afectados, especialmente los del segundo grupo citado, han cerrado filas durante las ¨²ltimas semanas y se han propuesto pedir a Hacienda que les compense de las p¨¦rdidas de recaudaci¨®n que previsiblemente van a sufrir con cargo a los Presupuestos de este mismo a?o. Sin embargo, tambi¨¦n el fisco se ha mostrado resistente a esta soluci¨®n.