El Consejo del Poder Judicial acuerda plantear ante el Tribunal Constitucional su conflicto contra el Congreso

BONIFACIO DE LA CUADRA, El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acord¨® ayer plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Congreso de los Diputados, por entender que ha invadido competencias que le son propias. El conflicto materializa el rechazo de la mayor¨ªa conservadora de la judicatura a la introducci¨®n por la mayor¨ªa socialista del Congreso, en el proyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), de la elecci¨®n parlamentaria de los 12 vocales del consejo que hasta ahora eleg¨ªan los propios jueces y, magistrados. Fuentes jur¨ªdicas creen muy improbable que el alto tribunal anule el acuerdo del Congreso.

El poder judicial ya hab¨ªa enviado el pasado abril al Congreso un requerimiento donde expon¨ªa su posici¨®n sobre la invasi¨®n de atribuciones. La C¨¢mara contest¨® negando tal hecho, lo que ha dado pie a que ahora el consejo general. presente formalmente el conflicto.El acuerdo del pleno del Consejo General del Poder Judicial fue adoptado despu¨¦s de una reuni¨®n de una hora, al t¨¦rmino de la cual se emiti¨® un lac¨®nico comunicado en el que se aplazaba una informaci¨®n m¨¢s completa sobre la materia hasta tanto se formalizara el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, este peri¨®dico ha podido saber que el documento, preparado por el jefe del gabinete de estudios del consejo, Fernando Lorente, y revisado personalmente por el presidente, Federico Carlos Sainz de Robles, considera vulnerados por el Congreso, entre otros, los art¨ªculos 122 y 66 de la Constituci¨®n.

El CGPJ estima que el art¨ªculo 122 atribuye impl¨ªcitamente al cuerpo judicial, representado por el consejo, la elecci¨®n de sus 12 vocales de procedencia judicial, al establecer que ser¨¢n nombrados "entre jueces y magistrados", y que el propio art¨ªculo, al configurar al consejo como ¨®rgano de gobierno M poder judicial, le asigna la potestad reglamentaria sobre el estatuto judicial. Como consecuencia de estas premisas, el consejo considera que la elecci¨®n parlamentaria de los 12 vocales citados y la asignaci¨®n al Gobierno de la potestad reglamentaria sobre el estatuto de la magistratura son atribuciones que deben excluirse de lo preceptuado por el art¨ªculo 66, cuando confiere a las Cortes Generales, integradas por el Congreso y el Senado, entre otras, Ias dem¨¢s competencias que les atribuya la Constituci¨®n".

Frente a este planteamiento, fuentes jur¨ªdicas estimaron muy improbable que el Tribunal Constitucional anule el acuerdo legislativo del Congreso sobre ambas materias. ' A este respecto, recordaron la doctrina sentada por el alto tribunal en su reciente sentencia sobre el recurso previo, a prop¨®sito de la presunci¨®n de legitimidad de los actos o normas que emanan de poderes leg¨ªtimos, "que obliga", dice, "a considerar como excepcional la posibilidad de suspender su vigencia o ejecutoriedad"

La sentencia a?ade que tal presunci¨®n de legitimidad es "tanto m¨¢s en¨¦rgica cuanto m¨¢s directa es la conexi¨®n del ¨®rgano con la voluntad popular, y llega por eso a sugrado m¨¢ximo en el caso del legislador, que lo es precisamente por ser el representante de tal voluntad". En tales fuentes se resalta el hecho de que esta sentencia se ha dictado cuando ya se conoc¨ªa la voluntad del consejo de plantear el conflicto.

El comunicado oficial difundido ayer por el consejo daba cuenta, contra lo usual, de que el acuerdo fue adoptado "por mayor¨ªa". Seg¨²n fuentes oficiosas, este dato refleja "con palidez" la tensi¨®n registrada entre los consejeros. En cuanto a la mayor¨ªa que respalda el acuerdo adoptado, aunque el portavoz oficial del consejo, Gonzalo Casado, se neg¨® a ampliar el escueto comunicado, se ha podido saber que los consejeros se mantuvieron en sus posiciones del 27 de marzo ¨²ltimo, cuando Sainz de Robles propuso plantear el conflicto: 12 vocales se manifestaron a favor de la propuesta y los otros ocho -Eduardo Jauralde, Fernando Garc¨ªa Mon, Jaime Cortezo, Juan Garc¨ªa Barb¨®n, Gonzalo Casado, Perfecto Andr¨¦s, Manuel Garc¨ªa Miguel y Adolfo Carretero- se pronunciaron en contra.

Reacciones al conflicto

El 30 de abril, el Congreso contest¨® al requerimiento del ¨®rgano judicial con un extenso escrito donde afirmaba que no hab¨ªa existido invasi¨®n de competencias y que el Congreso hab¨ªa actuado en todo caso "en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones". El presidente de la C¨¢mara, Gregorio Peces-Barba, manifest¨® sobre el conflicto que no le produce "una gran preocupaci¨®n". La opini¨®n del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, como jurista, es que este conflicto "no tiene fundamento", dijo, porque "el poder legislativo lo tienen las C¨¢maras y otro poder no puede sustraerles ese derecho".

En cambio, la alegr¨ªa con que el Grupo Popular recibi¨® la noticia fue grande, a pocos d¨ªas de que el Tribunal Constitucionaldiera v¨ªa libre a la supresi¨®n del recurso previo, e hiciera imposible su planteamiento por esa v¨ªa contra el proyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial. El diputado conservador especializado en temas jur¨ªdicos Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n explic¨® que las tesis de su grupo coinciden con las del consejo general, y expres¨® su esperanza en que el Tribunal Constitucional dictamine pronto sobre este conflicto, "dada la personalidad del recurrente".