Sostenerla y no enmendarla

LA AUDIENCIA de Barcelona ha condenado a tres inspectores de polic¨ªa a seis meses y un d¨ªa como responsables del homicidio de Juan Mart¨ªn Luna, dirigente de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), abatido a la luz del d¨ªa y en plena calle dos d¨ªas despu¨¦s de que Felipe Gonz¨¢lez formase Gobierno.Los jueces han apreciado una eximente incompleta de cumplimiento del deber, y han rebajado la pena (inicialmente superior a los 12 a?os y un d¨ªa) a prisi¨®n menor -de seis meses y un d¨ªa a seis a?os- en su grado m¨ªnimo. Los magistrados entienden que la actuaci¨®n de los inculpados fue "desproporcionada" respecto al fin propuesto, que era la detenci¨®n de Juan Mart¨ªn Luna. La sentencia considera que los condenados obraron con ¨¢nimus necandi (¨¢nimo de matar); esa intencionalidad queda demostrada por "las vitales regiones del cuerpo afectadas, la insistencia del ataque, las armas utilizadas, la corta distancia desde donde se efectuaron los disparos y las propias manifestaciones de los acusados, que evidencian que dispararon al bulto". Aunque los inspectores arguyeron haber actuado en leg¨ªtima defensa-otra circunstancia eximente de responsabilidad- al disparar contra su v¨ªctima, los hechos probados muestran que el fallecido, aunque iba armado, no tuvo tiempo material para tirar de pistola. Seg¨²n la sentencia, el paso atr¨¢s dado por Mart¨ªn Luna al ver a los agentes "no puede reputarse como in¨ªcio de una agresi¨®n, pues dicho movimiento es un claro reflejo de sorpresa que produce verse atrapado por tres inspectores de polic¨ªa". Los polic¨ªas testimoniaron que Mart¨ªn Luna hab¨ªa esgrimido su pistola con la mano derecha, pero la defensa argument¨® que era zurdo. En cualquier caso, la sentencia concluye que "no tuvo tiempo el fallecido de sacar el arma".

La sentencia ser¨¢ recurrida ante el Supremo tanto por la defensa y por el representante del ministerio p¨²blico (dependiente del fiscal general del Estado, nombrado a su vez por el Gobierno), que solicitan la libre absoluci¨®n de los condenados, como por la acusaci¨®n particular, que no aprecia atenuantes en el homicidio. Hasta que el Supremo no se pronuncie, no existir¨¢, por tanto, sentencia firme. Altos cargos y funcionarios del Ministerio del Interior han dejado, empero, o¨ªr su voz para poner en duda lo correcto del veredicto. Es cierto que el propio Tribunal Supremo ha alentado el derecho de los ciudadanos a criticar con argumentos las decisiones de la magistratura. Pero la libertad de los ciudadanos para discrepar razonadamente de los fallos de los jueces no debe ser confundida con esa guerra interna dentro del sector p¨²blico que el departamento de Interior, una simple rama del poder ejecutivo, est¨¢ librando con el poder judicial, parte integrante del Estado. La situaci¨®n reproduce lo sucedido en ocasi¨®n del juicio contra el comisario Ballesteros, y trae a la memoria las amenazas y presiones policiales sobre el juez que investigaba el espionaje a los partidos.

Cuatro d¨ªas despu¨¦s de ser abatido a tiros Juan Mart¨ªn Luna en las calles de Barcelona, Jos¨¦ Barrionuevo sentenci¨®, sin m¨¢s justificaci¨®n aparente que el deseo de caer bien a sus subordinados, que esa actuaci¨®n policial, declarada ahora como homicida por un tribunal de justicia, hab¨ªa sido "correcta, meritoria y ejemplar". Cuando los tres inspectores de polic¨ªa fueron procesados por la Audiencia Provincial por un supuesto delito de homicidio, el ministro del Interior expres¨® la solidaridad "afectiva y efectiva" del Gobierno con los inculpados. Ning¨²n ministro desminti¨® esta solidaridad. Tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que declara como probados hechos enf¨¢ticamente negados por los condenados, Barrionuevo ha vuelto a reiterar su apoyo a los sentenciados y ha tolerado que la Brigada Regional de Informaci¨®n de Barcelona, pieza subalterna del poder ejecutivo, haga p¨²blica una nota provocadora sobre la sentencia. Que unos funcionarios que sirven a la justicia, y no a su esp¨ªritu de cuerpo ni a la arrogancia de su ministro, afirmen tras el veredicto de la Audiencia "que ante las mismas circunstancias actuar¨ªamos de la misma forma, por considerar que, en conciencia, es la ¨²nica actuaci¨®n legal en el orden jur¨ªdico y correcta en el orden judicial" es verdaderamente preocupante. Pero, que se sepa, no han sido objeto de ning¨²n expediente disciplinario estos servidores de la seguridad ciudadana capaces de dirigirse a la opini¨®n para ofender a la Audiencia de Barcelona cuando afirman "que decisiones de este tipo contribuyen a sembrar el desconcierto e indefensi¨®n de la sociedad ante la violencia terrorista y la violencia com¨²n". En cualquier caso, es interesante se?alar que el ministro Barrionuevo ha vuelto a solidarizarse en p¨²blico con conductas declaradas homicidas por los jueces, y que sus compa?eros de Gobierno, del primero al ¨²ltimo, asienten o callan. Indica una sensibilidad concreta y una actitud pol¨ªtica evidente respecto a la manera y forma que el Gobierno tiene de combatir el terrorismo.