Seis a?os para verificar una denuncia

Los tres abogados de la acusaci¨®n particular y los 36 que ejercieron la acci¨®n popular contra los funcionarios de la c¨¢rcel de Herrera de la Mancha destacaron ayer, poco despu¨¦s de conocidas las sentencias del Tribunal Supremo, la valent¨ªa de los internos que en 1979 arrostraron el riesgo de denunciar a quienes continuaban siendo sus carceleros. En una conferencia de prensa, Jaime Sanz de Bremond y Jos¨¦ Luis Gal¨¢n recordaron tambi¨¦n las dificultades de los seis a?os de proceso y la negativa del entonces director general de Instituciones Penitenciar¨ªas, Carlos Garc¨ªa Vald¨¦s, a aceptar que se hubieran producido actuaciones delictivas.Los letrados de la acusaci¨®n particular anunciaron que se opondr¨¢n a la remisi¨®n condicional de las condenas que pudieran solicitar los condenados, dada la carencia de antecedentes penales y la benignidad de las condenas que s¨®lo en un caso alcanza los 10 meses de privaci¨®n de libertad. La decisi¨®n ¨²ltima corresponder¨¢ a la Audiencia Provincial de Ciudad Real, encargada de la ejecuci¨®n de la sentencia. En opini¨®n de los abogados, una de las consecuencias que cabe extraer de la sentencia del Supremo es la necesidad de elevar las penas para el delito de torturas, aunque tras el rechazo parlamentario de la propuesta del diputado Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, no existen muchas esperanzas.

Los abogados manifestaron su satisfacci¨®n parcial, a pesar de la benignidad de la condena, porque el Supremo, que ha rechazado todos los recursos presentados por los abogados de los funcionarios y tambi¨¦n los formulados por el abogado del Estado, ha estimado parcialmente el recurso de casaci¨®n por infracci¨®n de ley interpuesto por las acusaciones particular y popular y ha condenado a los procesados al pago de las costas. Sin embargo, destacaron la actitud del ministerio fiscal, que se esforz¨® en demostrar la no existencia de torturas, t¨¦rmino rehu¨ªdo tambi¨¦n cuidadosamente por los magistrados en la sentencia.

Tres millones de fianza

Una de las consecuencias de la sentencia del Supremo ser¨¢ la devoluci¨®n de la fianza de tres millones de pesetas, exigida por el entonces juez de instrucci¨®n de Ciudad Real, Eduardo Hijas. Los abogados destacaron que dicho importe fue recogido mediante aportaciones peque?as de ciudadanos que quisieron contribuir a la clarificaci¨®n de la denuncia.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha anulado y sustituido la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real estuvo presidida por Fernando D¨ªaz Palos, actu¨® de ponente el magistrado Mariano G¨®mez de Lia?o y formaron tambi¨¦n parte de ella los magistrados Bernardo F. Castro P¨¦rez, Juan Latour Brot¨®ns y Jos¨¦ Augusto de Vega y Ruiz.