Los problemas para su pr¨¢ctica en Espa?a

La despenalizaci¨®n del aborto en los tres casos previstos por la ley parec¨ªa un avance, aunque t¨ªmido, para resolver en parte los problemas de unos centenares de miles de espa?olas que hasta ahora se ve¨ªan obligadas a recurrir a un viaje de turismo al extranjero, o a poner en peligro su salud y su vida, para resolver lo que ya era pr¨¢ctica habitual en los pa¨ªses civilizados. La realidad ha demostrado que no era as¨ª. En lo esencial, estos obst¨¢culos proceden de tres sectores:1. La Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial, que utilizando los medios puestos en su mano a costa de sus obligados colegiados ha realizado una campa?a continua de desprestigio y de boicoteo a todos los pasos que se han intentado dar: primero, para legalizar el aborto en los casos ya restringidos que permite esta ley, y luego, para su aplicaci¨®n concreta. A partir del Consejo General de Colegios de M¨¦dicos y de la Comisi¨®n Deontol¨®gica se ha realizado una amplia campa?a entre la sociedad y entre los propios m¨¦dicos destinada a convencer a la opini¨®n p¨²blica de sus argumentos seudocient¨ªficos, a amedrentar a los profesionales y a poner todas las trabas legales posibles para evitar una regulaci¨®n concreta que permitiera la puesta en pr¨¢ctica de los supuestos que la ley permite. En este tema, como en tantos otros, esta organizaci¨®n antidemocr¨¢tica ha pretendido imponer a la sociedad los intereses y la ideolog¨ªa de una parte de los m¨¦dicos.

2. La intolerancia ideol¨®gico-religiosa de un sector de la sociedad espa?ola, que intenta imponer sus convicciones a fuerza de prohibiciones legales al resto de los ciudadanos. Conocida es la postura de la Iglesia espa?ola, las amenazas de excomuniones y, m¨¢s recientemente, la querella presentada por la llamada Asociaci¨®n Pro-Vida contra los m¨¦dicos que participaron en los dos abortos de Asturias.

3. La actuaci¨®n del propio Ministerio de Sanidad y Consumo, que ha colaborado a poner las cosas cada vez m¨¢s dif¨ªciles. Es bien sabido que el ministro Ernest Lluch no es precisamente un partidario del aborto. Ya en la fase inicial de discusi¨®n parlamentaria del primitivo proyecto de ley realiz¨® declaraciones asegurando que el aborto nunca ser¨ªa gratuito ni se practicar¨ªa en la Seguridad Social. La sentencia del Tribunal Constitucional le oblig¨® a reflexionar y comenz¨® entonces el espinoso tema de su regulaci¨®n.

La soluci¨®n final ha superado lo esperable: en una simple circular interna se abren unas incre¨ªbles posibilidades de ser objetor de conciencia en cualquier lugar, momento y caso, y de comunicarlo "por escrito o por otro medio" cuando as¨ª se decida.

En aplicaci¨®n de la misma, un profesional puede decidir ser objetor en sus horas de trabajo en un hospital p¨²blico y no serlo, en cambio, en su pr¨¢ctica privada, e incluso, llev¨¢ndolo a un extremo en lo absurdo, un m¨¦dico podr¨ªa declararse objetor con la enferma anestesiada y en la mesa de intervenciones. Cualquier planificaci¨®n, y por tanto la aplicaci¨®n de la ley, se hace as¨ª casi imposible. Pero lo m¨¢s grave es que, tras los ¨²ltimos incidentes, Ernest Lluch no se ha recatado en hacer unas declaraciones p¨²blicas asegurando que "esta ley no ser¨ªa ning¨²n coladero" e incluso que en otros pa¨ªses hab¨ªa existido una oposici¨®n mucho mayor. Si se esperaba esto, ?c¨®mo es posible que el ministerio que de ¨¦l depende no haya puesto en pr¨¢ctica ning¨²n medio para asegurar la realizaci¨®n de los abortos permitidos?

Reticencias de los m¨¦dicos

As¨ª las cosas, no puede resultar extra?o que los m¨¦dicos, incluso los que son partidarios de la legalizaci¨®n del aborto, hayan tenido muchas reticencias en prestarse a realizarlo, pues son conscientes de que no van a encontrar apoyo ni respaldo ni en la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial ni en los responsables del sector p¨²blico sanitario, y quienes lo han hecho han tenido que moverse en un vergonzoso clima de clandestinidad y se ven expuestos a todo tipo de represalias sin ning¨²n apoyo de las autoridades del ministerio.

La soluci¨®n, si es que se quiere que el aborto, en los supuestos previstos por la ley, se realice en el sector p¨²blico y no se derive hacia las cl¨ªnicas privadas debe pasar por una normativa clara y tajante del ministerio, en la que se recojan los siguientes puntos:

1. La objeci¨®n de conciencia es un derecho recogido en la Constituci¨®n, pero no puede ir contra el derecho, tambi¨¦n leg¨ªtimo, de las mujeres a acogerse a los t¨¦rminos de esta ley.

2. Deben de elaborarse listas de objetores en los centros p¨²blicos, en las que se inscriban todos aquellos que quieran hacer uso de este derecho, mediante declaraci¨®n escr¨ªta. Estas listas deben de cotejarse con las de los que realicen estas intervenciones en el sector ptivado para evitar el fraude.

3. Dichas listas deben de renovarse con una periodicidad fijada, para que en ese momento, y s¨®lo en ¨¦se, puedan retirarse y/o incluirse de las mismas quienes hayan decidido cambiar su postura al respecto. Es imprescindible el compromiso por un tiempo fijo para poder asegurar cu¨¢les son los efectivos sanitarios disponibles y poder planificar a partir de ellos.

4. Las dotaciones de material y medios de los centros sanitarios p¨²blicos deben poder usarse para estos fines, con independencia de la opini¨®n de los respectivos jefes de servicios y/o departamentos, arbitrando las f¨®rmulas organizativas oportunas.

5. Deben de establecerse las sanciones pertinentes tanto para los que realicen estas intervenciones en el sector privado habi¨¦ndose declarado objetores en el p¨²blico como para los que obstaculicen el libre desevolvimiento de quienes quieran realizar abortos en el marco de la legalidad vigente.

6. El sector p¨²blico sanitario debe de asegurar la cobertura legal y jur¨ªdica suficiente para la defensa y representaci¨®n de aquellos profesionales que participen en estas intervenciones, pues, previsiblemente, la querella presentada sea s¨®lo la primera de una cascada que tenga como ¨²nico fin convencer a los profesionales de su no participaci¨®n en estas intervenciones.

Todos estos puntos ser¨ªan suficientes para asegurar la cobertura por el sector sanitario p¨²blico de todos los supuestos contemplados en la ley, pues existen profesionales y medios de infraestructura sanitar¨ªa m¨¢s que suficientes para ello. S¨®lo falta que por parte del Ministerio de Sanidad se demuestre que existe la voluntad pol¨ªtica de afrontar el problema y no que, como viene sucediendo hasta ahora, se ceda continuamente a las presiones de los sectores m¨¢s corporativos y de la profesi¨®n m¨¦dica en detrimento de los derechos sa,nitarios del conjunto de los ciudadanos.