El aborto inquisitorial

La pol¨¦mica suscitada por la aplicaci¨®n de la Ley 9/1985 sobre despenalizaci¨®n del aborto en tres supuestos excepcionales (¨¦tico, eugen¨¦sico y por grave peligro para la madre) est¨¢ siendo una muestra m¨¢s de la resistencia de la derecha sociol¨®gica y pol¨ªtica de nuestro pa¨ªs contra la estructuraci¨®n de una sociedad civil moderna, acorde con los principios generales establecidos en la Constituci¨®n.La incapacidad de la derecha para asumir la evoluci¨®n de esta sociedad, fundamentada cada vez m¨¢s en el ejercicio responsable de las libertades individuales, se pone de manifiesto en este caso movilizando mecanismos inquisitoriales para hacer inviable la promulgaci¨®n y la aplicaci¨®n de la ley despenalizadora.

Perdida por la derecha pol¨ªtica de nuestro pa¨ªs, representada en este caso por la Coalici¨®n Popular, la batalla legislativa, invocando la Constituci¨®n para que la sociedad siguiera castigando a las mujeres que asumen -libremente y en virtud de sus convicciones ¨¦ticas- la necesidad de abortar en los tres supuestos se?alados por la ley, as¨ª como a los profesionales que presten su colaboraci¨®n asimismo libre, ahora toma el relevo la derecha sociol¨®gica para presionar a los distintos sectores afectados por la aplicaci¨®n de la ley: mujeres, m¨¦dicos y Administraci¨®n sanitaria p¨²blica.

Las mujeres

La postura de la derecha en relaci¨®n con las mujeres se manifiesta en la necesidad de arbitrar medidas cautelares (contra m¨¢s mejor) para evitar una utilizaci¨®n desmesurada o no adecuada de una ley aprobada contra su voluntad. Parecer¨ªa ser que para la derecha las mujeres adolecen de irresponsabilidad civil en este caso. Pero ?a qu¨¦ mujeres afectar¨ªa la no aplicaci¨®n de la ley en Espa?a?, ?qu¨¦ mujeres han sido procesadas en nuestro pa¨ªs por abortos ilegales?, evidentemente no aquellas que tienen suficientes recursos econ¨®micos para abortar en el Reino Unido o Francia ni para aquellas con suficiente nivel cultural para tener acceso al conocimiento de las t¨¦cnicas de planificaci¨®n familiar.

Obviar, como hace la derecha, que en nuestro pa¨ªs todav¨ªa existe una mala distribuci¨®n de la riqueza, as¨ª como una alta tasa de desempleo con un acceso restringido al mercado de trabajo para las mujeres, y que todav¨ªa existe una elevada -para un pa¨ªs occidental desarrollado- tasa de analfabetismo en los adultos, m¨¢s alta entre las mujeres, es descontextualizar el problema. De haber impuesto la derecha sus postulados, se seguir¨ªa condenando a las mujeres de los sectorres de poblaci¨®n m¨¢s necesitados a tener un hijo con graves deficiencias, a morir o agravar su enfermedad por el embarazo o parto y a tener un hijo producto de una violaci¨®n o, como alternativa, a someterse a un aborto ilegal, la mayor¨ªa de ellos realizados en malas condiciones sanitarias, y sufrir la condena de la sociedad a trav¨¦s de un proceso penal. Imposici¨®n en vez de libre albedr¨ªo (la ley no obliga a abortar), inquisici¨®n en lugar de tutela de los derechos: ?he aqu¨ª el mensaje de la derecha!

El aborto es un ¨²ltimo y desgraciado recurso. Una lucha honesta contra el aborto debe ser tambi¨¦n la defensa de una educaci¨®n p¨²blica y lograr una m¨¢s justa distribuci¨®n de la riqueza, objetivos ambos en los que el Gobierno socialista ha establecido bases importantes. Ahora se trata de hacer efectivo el cumplimiento de la ley.

Los m¨¦dicos

Los m¨¦dicos son agentes fundamentales para la puesta en pr¨¢ctica de la despenalizaci¨®n del aborto en los tres casos que contempla la ley. Los argumentos seudocient¨ªficos con los que se ha tratado de influir a este colectivo han sido desbaratados con los datos aportados por la experiencia de los pa¨ªses con aborto legalizado, que son la inmensa mayor¨ªa de nuestro entorno socioecon¨®mico y cultural: las ci fras de mortalidad infantil y maternal han disminuido significativamente a partir de la legalizaci¨®n del aborto en estos pa¨ªses.

Perdida la raz¨®n, la derecha sociol¨®gica del pa¨ªs recurre a la fuerza: se denuncia judicialmente a los m¨¦dicos que practican los abortos y a los responsables de la Administraci¨®n sanitaria, se emiten valoraciones de su puestas malpraxis o se presiona a los profesionales desde reductos gr¨¦mialistas que afortunadamente no representan a la mayor parte del colectivo m¨¦dico. La legalidad y la inmensa mayor¨ªa de la sociedad respaldan a los profesionales sanitarios que, en virtud de sus conocimientos cient¨ªficos y convicciones ¨¦ticas, prestan su colaboraci¨®n a las mujeres para llevar a cabo su resoluci¨®n de abortar.

La Administraci¨®n sanitaria socialista, tanto la central como auton¨®mica y local, ha realizado un considerable esfuerzo -cumpliendo otro compromiso electoral- en facilitar a toda la poblaci¨®n el acceso a las t¨¦cnicas de planificaci¨®n familiar a trav¨¦s de los centros de orientaci¨®n familiar.

Evidentemente, la generalizaci¨®n del acceso a las t¨¦cnicas de planificaci¨®n familiar y consejo gen¨¦tico disminuir¨¢ la necesidad de utilizar el recurso del aborto eugen¨¦sico o por grave peligro para la madre. Es este enfoque positivo hacia la vida el que verdaderamente est¨¢ caracterizando a la Administraci¨®n sanitaria socialista en este problema.

En relaci¨®n con el aborto, los servicios sanitarios p¨²blicos deben garantizar, tanto por imperativo legal como para hacer efectivo el derecho a la salud independientemente de la posici¨®n socioecon¨®mica, el ejercicio de la facultad de abortar en los supuestos excepcionales que la ley establece, en unos centros sanitarios que re¨²nan las adecuadas condiciones y que se encuentren razonablemente pr¨®ximos al lugar de residencia de la embarazada.

La resistencia de la derecha pol¨ªtica y sociol¨®gica de nuestro pa¨ªs est¨¢ utilizando la despenalizaci¨®n del aborto como un instrumento m¨¢s contra la utilizaci¨®n responsable de los derechos que se ha otorgado una sociedad madura. Es inaceptable, por falso, el planteamiento del problema por parte de la derecha. En estos momentos los centros sanitarios p¨²blicos deben hacer posible el ejercicio de una facultad legal, libre y responsablemente asumida por la mujer, en los tres supuestos excepcionales contemplados en la ley, no -como se pretende- en convertir el ejercicio de un derecho en un proceso inqu¨ªsitorial.