Raz¨®n de Estado, raz¨®n de Partido

La actitud del PSOE respecto al proceso auton¨®mico, al igual que con respecto a las corporaciones locales, ha variado sustancialmente desde su acceso al Gobierno. Al margen de la ducha fr¨ªa que supuso para el Gabinete la sentencia constitucional sobre la ley org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA), la perspectiva de las autonom¨ªas como plataformas de poder, mayoritariamente en manos socialistas, frente al Gobierno de la naci¨®n, cambi¨® radicalmente al sustituir Felipe Gonz¨¢lez a los ucedistas Adolfo Su¨¢rez y Leopoldo Calvo Sotelo en la titularidad del palacio de la Moncloa.En la primera etapa del nuevo Gobierno socialista, en las negociaciones anuales sobre transferencias presupuestarias a las comunidades aut¨®nomas, quedaron claramente perfiladas dos posturas contrapuestas: la del ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer, que, llevado por su preocupaci¨®n por el d¨¦ficit del conjunto de las administraciones p¨²blicas y por la posible p¨¦rdida de la necesaria perspectiva global del gasto p¨²blico, se mostraba muy restrictivo ante las crecientes demandas de recursos financieros por parte de las comunidades aut¨®nomas, y la del ministro de Administraci¨®n Territorial, Tom¨¢s de la Quadra, y de la secretaria de Estado para las Comunidades Aut¨®nomas, Mar¨ªa Izquierdo, que, en clara sinton¨ªa con el vicepresidente, Alfonso Guerra, se mostraban m¨¢s favorables a ceder financiaci¨®n a los Gobiernos regionales para acallar las cr¨ªticas a la LOAPA. En esta ¨¦poca, el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda se convirti¨® en el gran antagonista de las autonom¨ªas, y el secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ Borrell, recibi¨® fort¨ªsimas acusaciones de sus paisanos catalanes.

Cambios

A lo largo del ¨²ltimo a?o la situaci¨®n ha variado. Hasta la crisis de Gobierno de julio, Boyer impuls¨® el entendimiento con las comunidades aut¨®nomas para lograr el acuerdo definitivo sobre su financiaci¨®n previsto en la LOFCA y en el Estatuto de Catalu?a previamente al 1 de enero de 1986. Tuvieron lugar algunas reuniones y se avanz¨® algo en este sentido (se conoci¨®, por ejemplo, el deseo de Catalu?a de participar en la recaudaci¨®n del. Impuesto sobre la Renta). Frente a estas tesis de Boyer, aparecen ahora posturas restrictivas por parte de Administraci¨®n Territorial y Vicepresidencia del Gobierno, cuyo titular ha visto con preocupaci¨®n la excesiva autonom¨ªa de los barones del PSOE, que, con la libertad que les otorgan los presupuestos propios de sus comunidades aut¨®nomas, han contestado algunas de las decisiones o directrices de Alfonso Guerra (conflictos con Rodr¨ªguez de la Borbolla, Joaqu¨ªn Leguina o el valenciano Joan Lerma). La hipoteca de las comunidades aut¨®nomas a las subvenciones del Estado y la existencia de ventanillas en la Administraci¨®n central para otorgar recursos a los Gobiernos regionales permite mucho mejor el control no s¨®lo de la Generalitat de Catalu?a o la Xunta de Galicia, sino tambi¨¦n de los Gobiernos socialistas de Andaluc¨ªa, Madrid o Valencia.

En este contexto se explica la actual demora en las negociaciones con las comunidades autonomas, la no inclusi¨®n de la f¨®rmula definitiva de financiaci¨®n de las mismas en los Presupuestos, y la t¨¢ctica' de agotar al m¨¢ximo el tiempo e interpretar que es a final de a?o cuando se cumplen los seis a?os de vigencia del Estatuto de Catalu?a y, por tanto, la fecha en que hay que comenzar negociaciones sobre este tema. Los nuevos ministros de Econom¨ªa y Hacienda, Carlos Solchaga, y, sobre todo, el de Administraci¨®n Territorial as¨ª lo han insinuado. Entre tanto queda tambi¨¦n en el aire la cuantificaci¨®n de las dotaciones presupuestarias en 1986 a las comunidades, qu¨¦ va a ocurrir con la gesti¨®n del IVA (Navarra ya ha dicho que no piensa cederlo al Estado y los expertos internacionales dicen que es, una locura fragmentar este complejo impuesto) y c¨®mo se va a compensar a los Gobiernos regionales por la desaparici¨®n el 1 de enero pr¨®ximo de algunos tributos que les han sido cedidos en sus estatutos (por ejemplo, el de lujo). Tambi¨¦n queda por resolver la incidencia sobre los estatutos auton¨®micos de la pol¨ªtica regional de la CEE.