El reparto de los impuestos

LA DISTRIBUCI?N territorial del poder en Espa?a no es lo que puede llamarse una cuesti¨®n caracterizada por su f¨¢cil comprensi¨®n ni por la transparencia en el reparto de atribuciones y funciones entre el Gobierno central y las 17 comunidades aut¨®nomas. Probablemente el asunto alcanza perfiles pr¨®ximos a los dramas insolubles en lo que se refiere al sistema de financiaci¨®n de los Gobiernos de las nacionalidades y regiones y a las relaciones econ¨®micas de la Administraci¨®n central y las auton¨®micas. Todav¨ªa no se cuenta con un esquema definitivo, y la complejidad hace que, en buena medida, esta cuesti¨®n capital de la nueva estructuraci¨®n del Estado carezca del inter¨¦s y la dedicaci¨®n con que realmente debiera contar.El Estado de las autonom¨ªas est¨¢ todav¨ªa en proceso de creaci¨®n, y lograr armonizar los leg¨ªtimos derechos de autogobierno con la eficiencia del propio sistema constituye una cuesti¨®n t¨¦cnica complicada, pero sobre todo un asunto. pol¨ªtico de primera entidad. Porque parece claro que sin una aut¨¦ntica capacidad financiera los Gobiernos aut¨®nomos apenas son otra cosa que ¨®rganos administrativos descentralizados.

Hasta este momento los dineros llegaban a las autonom¨ªas seg¨²n un acuerdo provisional. S¨®lo Navarra y el Pa¨ªs Vasco ten¨ªan definitivamente la f¨®rmula de los conciertos econ¨®micos, por la que estas comunidades aut¨®nomas recaudan todos los impuestos en sus territorios y entregan a la Administraci¨®n central un cupo (parte de los ingresos percibidos) para pagar los servicios y las funciones desarrolladas por el Gobierno del Estado. No obstante, en 1986, como cada cinco a?os, se tendr¨¢ que negociar ese cupo con las autoridades de Vitoria y Pamplona. Las dem¨¢s autonom¨ªas han venido sirvi¨¦ndose de un sistema provisional (v¨¦ase EL PAIS del domingo pasado) que deb¨ªa ser sustituido para el pr¨®ximo ejercicio econ¨®mico (seg¨²n mandato de la ley org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas, LOFCA, y en el caso de Catalu?a, por su propio Estatuto) por un sistema definitivo. Esto parece, a estas alturas, que no va a suceder, y a lo largo del a?o se va a tener que comenzar la discusi¨®n pol¨ªtica para resolver la cuesti¨®n. Tambi¨¦n se ha incumplido este a?o la LOFCA, ya que un mes antes de la fecha prevista constitucionalmente para la entrada de los Presupuestos Generales del Estado no se tienen noticias de que existan los preceptivos acuerdos financieros entre el Gobierno central y las comunidades aut¨®nomas para el ejercicio econ¨®mico venidero.

Estos incumplimientos legales y las tensiones que rodean el espinoso asunto hacen prever para el curso pol¨ªtico un horizonte de peleas entre la administraciones, que, por si fuera poco, estar¨¢ azuzado por los tradicionales calentamientos de los a?os electorales. Pero todav¨ªa hay m¨¢s: la incorporaci¨®n a la Comunidad Econ¨®mica Europea introduce nuevos cambios en la gesti¨®n tributaria, y su aplicaci¨®n modifica tambi¨¦n las relaciones entre la Hacienda central y las auton¨®micas. Navarra, por ejemplo, est¨¢ firmemente decidida a gestionar el nuevo impuesto sobre el valor, a?adido (IVA), cuando algunas recomendaciones no aconsejan esta fragmentaci¨®n de la gesti¨®n.

Lo que est¨¢ en juego no son s¨®lo cuestiones econ¨®micas que afectan al buen funcionamiento de los gobiernos aut¨®nomos; hay tambi¨¦n aspectos pol¨ªticos de gran entidad. En Catalu?a, principalmente, el aplazamiento de un acuerdo definitivo sobre la financiaci¨®n, es visto como un desaire pol¨ªtico, adem¨¢s de suponer un incumplimiento del Estatuto de Sau.

De cualquier manera, parece claro que el sistema de distribuci¨®n de los recursos p¨²blicos entre las diversas instancias de poder que componen el Estado no est¨¢ suficientemente debatido, y no parece que exista una soluci¨®n. El Gobierno central debiera conceder prioridad a este cap¨ªtulo si realmente desea que sus relaciones con las autonom¨ªas no se despe?en por el carrusel de los agravios. Nadie pone en duda que la articulaci¨®n definitiva del Estado de las autonom¨ªas constituye un asunto complejo y que, por su novedad, se parece en ocasiones, a la exploraci¨®n de una tierra ignota. Pero estos aspectos se transforman realmente en los s¨ªmbolos de la voluntad pol¨ªtica que se posee para hacer realidad el llamado Estado de las autonom¨ªas.

Y junto a estos forcejeos pol¨ªticos, tampoco estar¨ªa de m¨¢s que se levantara un poco el velo de secretismo que rodea estos concili¨¢bulos de los poderes del Estado, que dejan ayunos de informaci¨®n a los contribuyentes, que miran entre atemorizados y con redoblada conciencia de ignorancia una cuesti¨®n ya de por s¨ª compleja y aburrida y que, tratada de espaldas a la opini¨®n p¨²blica, se transforma en asignatura para iniciados. Porque, al final de todo, no se debe olvidar que de lo que se trata es de distribuir el dinero de nuestros impuestos y c¨®mo y de qu¨¦ forma se van a prestar los servicios a los Ciudadanos.