Graullera, del bufete de Adolfo Su¨¢rez, declara en la querella de los marcadores del Mundial 82

Jos¨¦ Luis Graullera, ahogado del bufete del ex presidente del Gobierno Adolfo Su¨¢rez, declar¨® ayer en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 27 de Madrid en la prueba testifical originada por la querella criminal que present¨® hace meses el club de f¨²tbol Alcorc¨®n, de Tercera Divisi¨®n, contra Pablo Porta, ex presidente de la Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol, por presunta "apropiaci¨®n indebida de fondos e infidelidad en la custodia de documentos p¨²blicos".

Graullera, como integrante del bufete de Suarez, asesor¨® a la empresa japonesa Mitsubishi, que proporcion¨® los v¨ªdeomarcadores de varios estadios del Mundial 82, que se disput¨® en Espa?a, operaci¨®n que pudo estar rodeada de alguna presunta irregularidad denunciada en la querella contra Porta.El Alcorc¨®n denunci¨® hace meses ante el juez las presuntas irregularidades que la Intervenci¨®n General del Estado hizo constar en su informe sobre las cuentas de la federaci¨®n de 1982, cuando la presid¨ªa Porta.

La instalaci¨®n de v¨ªdeomarcadores en los campos del Valencia, Atl¨¦tico de Madrid, Zaragoza y Athl¨¦tic de Bilbao, subvencionada con dinero de la Administraci¨®n a trav¨¦s del Consejo Superior de Deportes (CSD), figura entre esas presuntas irregularidades.

Tambi¨¦n declar¨® ayer sobre este asunto el secretario general de la federaci¨®n, Agust¨ªn Dom¨ªnguez, que, por su cargo, firm¨® documentos sobre los v¨ªdeomarcadores. El ex secretario de Estado para el Deporte Jes¨²s Hermida no compareci¨® en el juzgado al excusar su presencia por asistir a la Universiada, que finaliz¨® el pasado mi¨¦rcoles en Kobe (Jap¨®n).

El juez tom¨® tambi¨¦n ayer declaraci¨®n a Jaime L¨®pez Amor, ex director de deportes del CSD, y a Benito Casta?eda, tesorero de la federaci¨®n en 1982, sobre la empresa Ibermundial, que comercializ¨® el Mundial 82 en Espa?a y en la que el organismo federativo cont¨® con la mitad de sus acciones. La actuaci¨®n de Ibermundial tambi¨¦n figura en las presuntas irregularidades que denunci¨® la Intervenci¨®n General del Estado.

El informe de la Intervenci¨®n fue enviado por el Gobierno a la Fiscal¨ªa General del Reino y al Tribunal de Cuentas por si conten¨ªa materia delictiva. El fiscal general del Estado, Luis Antonio Bur¨®n, inform¨® hace un par de meses, en el Congreso, que dicho informe fue archivado. El Tribunal de Cuentas a¨²n no se ha pronunciado.