La Diada

FRENTE A la idea de la Diada entendida como una conmemoraci¨®n suprapartidista que permitiera a los catalanes festejar juntos todo lo que les une, este a?o el Onze de Setembre se ha diversificado en m¨²ltiples manifestaciones, cada una con su propia significaci¨®n y en busca de objetivos pol¨ªticos diferentes. Contra la tendencia apuntada en 1983 a considerar que la normalidad -con la Constituci¨®n y el estatuto de autonom¨ªa ya traducidos en instituciones plenamente dernocr¨¢ticas- deber¨ªa transformar la Diada en una fiesta apacible y desprovista de matices reivindicativos, este a?o la celebraci¨®n ha estado presidida por las dificultades entre los Gobiernos de Madrid y Barcelona, en cuyas relaciones los incumplimientos legales y las tensiones en torno a la financiaci¨®n auton¨®mica parecen abrir nuevos cap¨ªtulos de conflicto.La principal caracter¨ªstica de la jornada fue la repentina decisi¨®n de Converg¨¨ncia Democr¨¢tica de Catalunya (CDC), el partido de Pujol, que modific¨® -en la v¨ªspera de la conmemoraci¨®n- su anterior criterio de ce?ir las reivindicaciones a las estrictas v¨ªas constitucionales. En el contexto de la dif¨ªcil situaci¨®n financiera de la Generalitat, que discrepa del Gobierno central en la valoraci¨®n de competencias transferidas, el anuncio de que la Administraci¨®n central incumplir¨¢ su obligaci¨®n de poner en marcha el procedimiento definitivo para la financiaci¨®n de Catalu?a antes- de enero de 1986 y los prop¨®sitos del ministro de Econom¨ªa y Hacienda de transferir en el futuro a las autonom¨ªas algunos de sus recortes presupuestarios han dado argumentos a CDC para la protesta. Y en la estela de ese argumento, Jordi Pujol se siente con autoridad moral suficiente para solicitar de todos los catalanes, pertenezcan o no a su partido, un respaldo activo a fin de defender la viabilidad econ¨®mica de la Generalitat. Por ello su mensaje se ha convertido en una denuncia del Gobierno socialista, acusado de otorgar un trato desconsiderado y discriminatorio a Catalu?a, y en un llamamiento a los ciudadanos para que reaccionen "con estilo sereno" de una manera "que sea comprensible para el Gobierno central, que la entienda o que no pueda dejar de entenderla".

Ante ese planteamiento reivindicativo, los actos convocados por las restantes fuerzas pol¨ªticas han pasado a un segundo plano. Previamente, los socialistas hab¨ªan renunciado a participar en la manifestaci¨®n convocada por los dem¨¢s partidos y grupos de la izquierda catalana bajo el triple lema de Autodeterminaci¨®n, trabajo y salida de la OTAN. Pero, en definitiva, tanto los socialistas como el resto de los adversarios pol¨ªticos de CDC parecieron preocupados sobre todo por dedicar la Diada a resta?ar sus todav¨ªa recientes heridas electorales, sin dar la sensaci¨®n de haber salido a¨²n del desconcierto en el que quedaron sumidos tras los ¨²ltimos comicios auton¨®micos. Para la oposici¨®n a Pujol, la campa?a lanzada por la Generalitat contra la decisi¨®n del Gobierno central de no aumentar la participaci¨®n de las autonom¨ªas en los Presupuestos Generales del Estado no es sino una muestra de la incapacidad de los dirigentes de CDC para hacer prosperar una negociaci¨®n pol¨ªtica por los estrictos cauces institucionales.

Sin embargo, en este asunto el Gobierno central tiene el techo de cristal. Hasta ahora Catalu?a, al igual que el resto de las comunidades aut¨®nomas (salvo Navarra y el Pa¨ªs Vasco), actuaba en el marco de un procedimiento provisional que deb¨ªa ser sustituido en el pr¨®ximo a?o por un sistema definitivo, tal y como estipulan la ley org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) y, en el caso catal¨¢n, el propio estatuto. Ese mandato va a quedar incumplido. De otro lado, las quejas contra los recortes presupuestarios anunciados por el ministro Solchaga no proceden s¨®lo de las comunidades aut¨®nomas controladas por nacionalistas, sino tambi¨¦n de regiones gobernadas por socialistas. Tal y como explic¨® la semana pasada el alcalde de Barcelona, los municipios podr¨ªan verse obligados a retrasar el pago de sus deudas si no se incrementasen las cuentas del Fondo de Cooperaci¨®n. En Catalu?a, el aplazamiento indefinido del m¨¦todo para fijar la financiaci¨®n de la comunidad ,aut¨®noma es considerado como una conculcaci¨®n del estatuto perpetrada por el Gobierno central, cuya actitud vacilante no hace sino aumentar las dimensiones del conflicto e impedir un debate sobre todos los aspectos del -roblema, incluidos los defectos en la administraci¨®n de los servicios transferidos. Al permitir que la cuesti¨®n de la financiaci¨®n, de la que depende la viabilidad del proceso auton¨®mico, entre en un callej¨®n sin salida, la Administraci¨®n central no ha hecho sino multiplicar las tensiones y alimentar una conflictividad que se har¨¢ cada vez mayor a medida que se acerque la convocatoria de las pr¨®ximas elecciones legislativas.