La vejez del ex ministro

LA PETICI?N de 21 antiguos ministros del r¨¦gimen de Franco para que se respeten las pensiones que creen debidas al desempe?o de su cargo no es popular. Estamos en un momento hist¨®rico en el que trabajadores de toda la vida ven mermados sus derechos. El contraste es demasiado duro. Sobre todo si se hace con personas a algunas de las cuales se atribuye una riqueza previa y posterior al cargo; y la sospecha -justificada o no- tiende a creer que ese cargo y la ascendente carrera que les llev¨® hasta ¨¦l en una ¨¦poca en la que nadie les eleg¨ªa, sino que se les designaba, ha contribuido en alguna medida a su bienestar. Ellos mismos ridiculizan su causa cuando dicen que no han recurrido por dinero, sino porque juzgan que est¨¢n en su derecho, esto es, en su privilegio. El alegato contrario hubiese interesado m¨¢s. Nadie negar¨ªa su socorro a un ex ministro al que se viera situado en un buen sem¨¢foro exhibiendo una pancarta petitoria a los automovilistas. Quiz¨¢ alguno de la lista est¨¦ pasando estrecheces econ¨®micas por culpa de su antigua honestidad como administrador p¨²blico. Decirlo as¨ª no ser¨ªa humillante para ¨¦l, sino honroso.?ste es un pa¨ªs que colocaba bien a sus ex ministros. La costumbre que instaur¨® Franco les catapultaba -salvo casos de dignidad ejemplar o de desgracia absoluta- hacia presidencias de bancos, embajadas, direcci¨®n de empresas p¨²blicas o sinecuras importantes de cualquier orden. Era como un montep¨ªo invisible por el cual los que estaban en el poder favorec¨ªan a los que lo perd¨ªan, por si alg¨²n d¨ªa se ve¨ªan en tan molesto trance. Esta realidad, unida a las leyendas de que algunos han creado redes de influencia suficiente como para hacer un tr¨¢fico con ellas desde el exterior del poder, hace menos agradable la petici¨®n de estos ex ministros que quieren mantener privilegios tambi¨¦n en forma de pensi¨®n vitalicia.

Otra cuesti¨®n puede ser la raz¨®n jur¨ªdica, que tendr¨¢n que examinar los tribunales. Estos ministros lo fueron cuando estaban en vigor las leyes de pensiones vitalicias para su cargo -que funcionaban aunque s¨®lo hubiesen sido ministros un d¨ªa, el del juramento, como ha sucedido en alg¨²n Gobierno, y que no son responsabilidad del franquismo- y formaban parte de sus condiciones laborales. Podr¨ªan ahora defender la idea de que si hubieran sabido que se iban a suprimir las pensiones vitalicias no hubieran aceptado el cargo o el alegado y supuesto sacrificio de sus vidas privadas. Pero, dada la incredulidad reinante en este pa¨ªs, la sombra que pesa sobre el per¨ªodo de su Gobierno y el malestar que sienten los simplemente villanos -ciudadanos de la villa- por lo que les est¨¢ pasando con la Seguridad Social, ese argumento no va a ser bien acogido. En el terreno jur¨ªdico, esta ins¨®lita invocaci¨®n a la doctrina de los derechos adquiridos con el fin de perpetuar una merced graciosamente concedida, de la que se beneficiaban personas designadas discrecionalmente para ocupar cargos ministeriales durante un r¨¦gimen carente de legitimaci¨®n democr¨¢tica, proporcionar¨¢ al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional una excelente ocasi¨®n de aclarar las fronteras, hoy por hoy demasiado imprecisas que separan los derechos conquistados de los privilegios regalados.

Sea cual sea el resultado de sus recursos legales, la discreci¨®n de los demandantes les deb¨ªa llevar a retirarlos. Est¨¢n estimulando la idea de una voracidad sin l¨ªmites, ayudando a engordar la imagen insana de todo el que, fue ministro de Franco. Algunos se han abstenido: parecen ser los mismos que esperan volver a ser ministros, con pensi¨®n o sin ella, o tienen esperanzas de salir adelante gracias al dictamen p¨²blico. Pero si Manuel Fraga, Alfonso Osorio y Antonio Carro desean recibir un elogio sin reticencias por su renuncia a la demanda, deben pasar de la abstenci¨®n discreta a la cr¨ªtica p¨²blica de sus codiciosos ex colegas. Los m¨¢s insistentes parecen ser aquellos que han sido jubilados realmente por la vida pol¨ªtica y que no tienen grandes esperanzas de renovaci¨®n: les debe dar igual la opini¨®n p¨²blica. Con una excepci¨®n singular: Fernando Su¨¢rez, ex ministro de Trabajo con Franco, diputado de Alianza Popular y demag¨®gico cr¨ªtico precisamente de la pol¨ªtica de pensiones del Gobierno socialista. Todas van a verse recortadas, pero no, quiz¨¢, la suya.