La ley general de Sanidad, una reforma a la inversa / 1

La reforma sanitaria espa?ola es, desde hace a?os, un permanente intento fallido. Estudios, informes, anteproyectos y proyectos gubernamentales, debates parlamentarios e incluso una Propuesta de Resoluci¨®n de la Reforma Sanitaria aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo de 1980, se malograron uno tras otro despu¨¦s de suscitar ilusiones. Ahora, otro proyecto, el de ley general de Sanidad, introducido el pasado mes de junio en el Congreso por los votos socialistas (los restantes grupos, todos, pidieron su devoluci¨®n al Gobierno), defrauda otra vez y de ra¨ªz las esperanzas de modernizar nuestra sanidad. La necesaria reforma sanitaria se desvanece de nuevo. Peor a¨²n, ser¨¢ sustituida por una reforma a la inversa que consolidar¨¢ la mala calidad de la actual asistencia, sus insuficiencias, sus lacras t¨¦cnicas y sus desigualdades e injusticias. La sanidad espa?ola de ma?ana ser¨¢ todav¨ªa m¨¢s deplorable que la de hoy.El proyecto de ley general de Sanidad mantiene b¨¢sicamente para el futuro Sistema Nacional de Salud el mismo mecanismo regresivo de financiaci¨®n -cuotas de trabajadores y empresarios- de la actual asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Los recursos disponibles estar¨¢n tambi¨¦n en similar proporci¨®n con la poblaci¨®n protegida y, naturalmente, seguir¨¢n siendo tan escasos como ahora lo son.

Pagan y no utilizan

Se reproducir¨¢, por tanto, en el venidero Sistema Nacional de Salud la parad¨®jica situaci¨®n que hoy se observa en la Seguridad Social: una asistencia m¨¦dica sostenida en una peque?a parte por aquellos afiliados y sus familiares que han renunciado de forma t¨¢cita a hacer uso de ella. M¨¢s de cuatro millones de asegurados-cotizantes y sus beneficiarios de la Seguridad Social pagan a la vez voluntariamente una p¨®liza de seguro de enfermedad a entidades privadas, que son a las que solicitan asistencia. El hecho de que esos millones de personas renuncien a ser atendidos por la Seguridad Social representa para ¨¦sta un important¨ªsimo ahorro, que es, en realidad, una subvenci¨®n financiera oculta y decisiva. Y, claro est¨¢, eso mismo significar¨¢ para el pr¨®ximo Sistema Nacional de Salud.Si un d¨ªa, atra¨ªda por una medicina p¨²blica de suficiente calidad, la mayor¨ªa de esas personas (que en su casi totalidad no son privilegiadas econ¨®micamente, sino pacientes naturales de la Seguridad Social empujados a la sanidad privada por los fallos de la medicina socializada) decidiese rescindir sus p¨®lizas privadas y ejercer, sus derechos en el Sistema Nacional de Salud, la asistencia m¨¦dica y la econom¨ªa de ¨¦ste quebrar¨ªan.

El Sistema Nacional de Salud, heredero directo del mecanismo de financiaci¨®n de la Seguridad Social, no tendr¨ªa de d¨®nde sacar el dinero para atender a esos millones de asegurados y beneficiarios.

As¨ª, pues, la viabilidad del Sistema Nacional de Salud va a depender en buen grado, chocantemente, de que no atraiga a esas personas voluntariamente alejadas de ¨¦l; es decir, va a depender de que la sanidad p¨²blica de ma?ana sea como la de hoy: desatenta con el enfermo, hospitalocentrista, con consultas ambulatorias expr¨¦s, con listas de espera de a?os, etc¨¦tera.

El mecanismo de financiaci¨®n establecido por el proyecto de ley supedita la propia existencia del Sistema Nacional de Sanidad a que no se reforme la sanidad p¨²blica, a que no se mejore. Condena a la medicina p¨²blica al adocenamiento y a la imperfecci¨®n.

Tanto en los ¨ªndices de equipamiento asistencial como en los de mortalidad standard y mortalidad infantil se producen tremendas variaciones entre las regiones de Espa?a. Galicia, por ejemplo, dispone de 4,15 camas hospitalarias por 1.000 habitantes, mientras Madrid cuenta con 6,08, Cantabria con 8,41 y La Rioja con 8,09; la media nacional es de 5,13 (datos de 1981).

El ¨ªndice de mortalidad standard es en Castell¨®n de 11,5, en Valladolid de 7,1 y en Madrid de 6,6, y el de mortalidad infantil es en Palencia de 31,3, en Lugo de 29,1, de 13,3 en Segovia y baja a 11 en Cuenca (Bohigas, 1983). Los ejemplos podr¨ªan multiplicarse.

Desequilibrios

En sanidad, los desequilibrios sociales y territoriales son dif¨ªcilmente extinguibles. La experiencia ajena es terminante. El National Health Service brit¨¢nico, siempre movido por la preocupaci¨®n de la equidad asistencial, ha sido incapaz de aminorar siquiera, tras 30 a?os de asistir a toda la poblaci¨®n del Reino Unido, las graves diferencias sanitarias existentes en aquel pa¨ªs.En 1980, el famoso Black Report evidenci¨® que las desigualdades persisten, e incluso se han acentuado las m¨¢s dolorosas. Por ejemplo, las tasas de mortalidad standard en las clases sociales brit¨¢nicas I y II (profesionales y directores) han mejorado desde 1950, mientras que las correspondientes a las clases III, IV y V (trabajadores cualificados, semicualificados y peones) han empeorado, algunas notablemente. Los ni?os brit¨¢nicos nacidos en familias de peones tienen cuatro veces m¨¢s posibilidades de fallecer en su primer a?o de vida que los nacidos en familias de profesionales. Existen tambi¨¦n diferencias de mortalidad entre regiones. Las del Sur presentan ¨ªndices m¨¢s bajos que Gales y East Midland.

Para combatir las desigualdades sanitarias (resistentes, porque est¨¢n enraizadas en las desigualdades de la sociedad) es imprescindible aplicar con resoluci¨®n y empe?o durante no pocos a?os medidas espec¨ªficas igualatorias. Aun as¨ª, los resultados son dudosos, pero el sistema sanitario habr¨¢ cumplido, al menos, el deber de procurar la equidad.

No muestra tal preocupaci¨®n, sin embargo, el proyecto de ley general de Sanidad. Al contrario. Por una parte, no establece medidas espec¨ªficas de lucha contra las desigualdades; se limita, en el art¨ªculo 11, a proclamar sin entusiasmo unas buenas intenciones gen¨¦ricas ("los poderes p¨²blicos orientar¨¢n su pol¨ªtica de inversiones en orden (sic) a eliminar las desigualdades sanitarias con el fin de garantizar la igualdad de acceso...").

Por otra parte, decreta un m¨¦todo de financiaci¨®n adverso a la equidad asistencial: fundado principalmente, como antes dije, en las "cotizaciones sociales" (art¨ªculo 82.1), impone el criterio de "poblaci¨®n protegida", y no el m¨¢s justo de necesidades sanitarias, para repartir los recursos entre las comunidades aut¨®nomas. Como consecuencia inevitable, consolidar¨¢ las diferencias.

La participaci¨®n ciudadana en sanidad ha de ser espec¨ªfica y significa la intervenci¨®n o la colaboraci¨®n inmediata en el sistema sanitario de unos representantes del pueblo, salidos directamente del pueblo para este fin y designados de un modo -votaci¨®n, azar- que asegure su independencia.

El proyecto de ley general de Sanidad, en su art¨ªculo 5.1, desnaturaliza dicha participaci¨®n transform¨¢ndola en "participaci¨®n comunitaria a trav¨¦s de las corporaciones territoriales correspondientes".

Otros art¨ªculos, el 59.2 y 60.2, confirman esta aberrante conversi¨®n de la participaci¨®n ciudadana en participaci¨®n de los ayuntamientos y diputaciones al establecer que formar¨¢ parte de los Consejos de Salud de ?rea "la representaci¨®n de los ciudadanos a trav¨¦s de las corporaciones locales, y de los consejos de direcci¨®n, los representantes de las corporaciones locales elegidos por quienes ostentan tal condici¨®n en los consejos de salud".

La participaci¨®n ciudadana

As¨ª, la participaci¨®n ciudadana en sanidad, vivamente recomendada por los organismos sanitarios internacionales y exigida por los usos democr¨¢ticos, es escamoteada. M¨¢s a¨²n, es expropiada al pueblo y regalada a los pol¨ªticos y, en definitiva, a los partidos. Porque para el pueblo la participaci¨®n en los planes sanitarios y en el control de su ejecuci¨®n "a trav¨¦s de los representantes de las corporaciones locales" es una participaci¨®n imposible, incluso te¨®ricamente.El pueblo elige a dichos representantes -concejales, diputados- en el momento de las correspondientes elecciones, pero elegir no es participar en un asunto concreto, sino depositar la confianza en un programa o en unas personas. Cosa muy distinta y, en ocasiones, hasta opuesta a la participaci¨®n.