La incomunicaci¨®n del detenido favorece la tortura en Espa?a, seg¨²n Amnist¨ªa Internacional

"La detenci¨®n bajo incomunicaci¨®n, incluso con garant¨ªas, propicia la tortura y los malos tratos", afirma Amnist¨ªa Internacional (AI), en relaci¨®n con Espa?a, en su informe de 1985, que se presentar¨¢ hoy en Madrid y Londres. El documento recoge la discrepancia del Gobierno espa?ol con las conclusiones de AI. Seg¨²n el informe, aunque el Gobierno s¨®lo admite "ocasionales infracciones de las normas", reconoce que durante sus dos primeros a?os de mandato se recibieron 111 denuncias de torturas o malos tratos contra 327 polic¨ªas o guardias civiles.

El informe recoge la situaci¨®n de los derechos humanos durante 1984 en todo el mundo, con datos relativos a 123 pa¨ªses, y destaca, respecto a Espa?a, que la tortura y los malos tratos infligidos a detenidos y presos siguieron centrando la atenci¨®n de AI. El informe resalta que, a pesar de las garant¨ªas introducidas por las leyes de asistencia letrada al detenido y de h¨¢beas corpus, "la incomunicaci¨®n ha seguido aplic¨¢ndose de manera generalizada y AI ha llegado a la conclusi¨®n de que ( ... ) dicha medida facilit¨® la tortura y los malos tratos".Al hace referencia al Memorando relativo a las denuncias de torturas y malos tratos en Espa?a remitido en mayo de 1984 al presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, en el que se consignaban, a t¨ªtulo de ejemplo, 11 denuncias concretas, relativas a hechos ocurridos en Madrid, Barcelona y el Pa¨ªs Vasco, en todos los cuales el control judicial hab¨ªa sido insuficiente. Entre otras conclusiones del documento enviado a Gonz¨¢lez destacaban la deficiente situaci¨®n de los detenidos a los que se aplicaba la ley Antiterrorista y el hecho de que "la polic¨ªa y la Guardia Civil hicieron caso omiso de las normas que sobre asistencia m¨¦dica al detenido dict¨® el Ministerio del Interior en 1981" (etapa de Juan Jos¨¦ Ros¨®n).

El 31 de octubre de 1984, el secretario general de AI y otros dos miembros de la organizaci¨®n, se entrevistaron en Madrid, por separado, con Felipe Gonz¨¢lez; el ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, y el de Justicia, Fernando Ledesma. Tanto en estos encuentros -en los que el Gobierno manifest¨® la necesidad de protegerse del terrorismo dentro de un marco de garant¨ªas jur¨ªdicas-, como en la respuesta enviada a AI en diciembre de 1984 por el ministro del Interior, se rechaz¨® la conclusi¨®n de AI sobre la relaci¨®n directa de la detenci¨®n incomunicada y las torturas. Sin embargo, el propio fiscal de la Audiencia Nacional, en la Memoria de 1984, opinaba en favor de la eliminaci¨®n de la facultad de prorrogar la detenci¨®n e incomunicaci¨®n hasta 10 d¨ªas.

111 denuncias

En la respuesta del ministro del Interior a Al se inform¨® que, desde que el actual Gobierno entr¨® en funciones, en diciembre de 1982, 327 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado resultaron afectados por un total de 111 denuncias de torturas o malos tratos, 88 de las cuales se encontraban en fase de diligecias previas. El volumen total de detenidos en aplicaci¨®n de la ley Antiterrorista fue, seg¨²n AI, de 691 en 1983 y 673 hasta el 13 de noviembre de 1984. El informe de AI destaca las actuaciones judiciales contra polic¨ªas y guardias civiles en 1984.Los datos sobre Espa?a contrastan con los relativos a otros pa¨ªses europeos occidentales. As¨ª, en cuanto a Francia, AI muestra su preocupaci¨®n por el procesamiento y encarcelamiento de objetores de conciencia, inquietud compartida respecto a Italia, pa¨ªs del que el informe destaca la exce siva duraci¨®n de las actuaciones judiciales en los procesos pol¨ªticos. En cambio, en cuanto al Reino Unido, AI expresa su preocupaci¨®n por las denuncias provenientes de Irlanda del Norte respecto a torturas y malos tratos infligidos durante los interrogatorios a personas sospechosas de delitos pol¨ªticos, as¨ª como por las denuncias de malos tratos policiales a los mineros.