La gesti¨®n de la crisis bancaria

EL GRUPO Popular se retir¨® hace unos d¨ªas de la comisi¨®n mixta Congreso-Senado ante la negativa de la misma a auditar la reprivatizaci¨®n de Rumasa y ante el retraso de la auditor¨ªa del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos (FGD). Las discutidas peripecias de ambos temas son significativas de la historia econ¨®mica reciente de nuestro pa¨ªs, por lo que parece sensato que no queden dudas sobre la actuaci¨®n del Ejecutivo en el primer caso y de los gestores del Fondo en el segundo.El informe provisional elaborado por los inspectores del Tribunal de Cuentas sobre la auditor¨ªa del FGD plantea bastantes dudas sobre la din¨¢mica cotidiana del organismo en los cuatro a?os fiscalizados. Hay que partir del hecho de que el informe es provisional, que a ¨¦l hay que incorporar las alegaciones que el propio Fondo debe hacer sobre el resultado de la fiscalizaci¨®n y que, probablemente, habr¨¢ un segundo texto antes de que la auditor¨ªa final llegue al Congreso de los Diputados. El informe presenta algunos hechos objetivos que confirman que la crisis financiera padecida por Espa?a en la transici¨®n pol¨ªtica ha sido una de las m¨¢s graves de Occidente: 51 bancos de los 110 que exist¨ªan a finales de 1977 han tenido que ser tratados quir¨²rgicamente para evitar el p¨¢nico financiero. El 20% del total de los dep¨®sitos y 3,5 millones de personas, titulares de esos dep¨®sitos, estaban implicados. Como media, cada dos meses y medio, las instituciones han tenido que intervenir en un nuevo caso de heterodoxia financiera.

Sin cuantificar el coste de tolerancia en la exigencia de cumplir los coeficientes exigidos por el Banco de Espa?a, el proceso de saneamiento de bancos en crisis ha costado 1,2 billones de pesetas. Una cifra semejante (aunque absolutamente heterog¨¦nea y nada homologable) a la del d¨¦ficit p¨²blico, lo que da idea de la magnitud de un crack que, sin intervenci¨®n, hubiera arrastrado posiblemente al mismo sistema pol¨ªtico espa?ol.

Una vez establecida esta idea, el informe del Tribunal de Cuentas plantea un grupo de interrogantes que s¨ª necesita explicaci¨®n. Por ejemplo, la falta de informaci¨®n de las memorias del FGD -que, seg¨²n los auditores, no cumple los requisitos exigidos en la ley de Sociedades An¨®nimas- acerca de las ayudas concedidas a los bancos en crisis, a los pr¨¦stamos concedidos o a las compras de activos efectuadas. Efectivamente, algunas de las conclusiones a que llegan los fiscalizadores del Tribunal de Cuentas indican la existencia de actas que no reflejan exactamente las cifras de la realidad contable o la existencia tambi¨¦n de discrepancias entre la verdadera situaci¨®n patrimonial del Fondo y la representaci¨®n de dicho balance. Por a?adidura, entre otras irregularidades, se muestran las sospechas que suscita la falta de cartas de invitaci¨®n a los concursos de adjudicaci¨®n de algunos bancos subastados.

Ante esta situaci¨®n ser¨¢ ahora de sumo inter¨¦s conocer las alegaciones que los gestores del FGD hayan hecho a este informe preliminar. El pasado mi¨¦rcoles finaliz¨® el plazo para presentar tales alegaciones, que promet¨ªan ser de un volumen casi igual al mismo informe del Tribunal de Cuentas. Falta con todo conocer el momento en el que la auditor¨ªa completa llegar¨¢ al Congreso de los Diputados. Lugar donde, mediante la discusi¨®n parlamentaria, deber¨¢ despejarse el proceso por el cual, mediante la absorci¨®n de entidades peque?as o en apuros por los grandes grupos financieros, se ha llegado a una concentraci¨®n, bancaria sin precedentes.