De nuevo Rumasa

LA RECIENTE discusi¨®n en el Congreso de los Diputados sobre el proceso de reprivatizaci¨®n de las empresas de Rumana ha vuelto a poner de actualidad un asunto que dista mucho de estar cerrado. M¨¢xime si se tiene en cuenta la previsible extradici¨®n de Ruiz-Mateos en las pr¨®ximas semanas y si se recuerda que se halla todav¨ªa pendiente la sentencia del Tribunal Constitucional para resolver la cuesti¨®n de inconstitucionalidad promovida por un juez de Madrid sobre la ley de expropiaci¨®n del holding. Seg¨²n las estimaciones de la Direcci¨®n General del Patrimonio, la expropiaci¨®n de Rumasa ha costado unos 540.000 millones de pesetas. Esta cifra es discutidapor la oposici¨®n, que avanza sumas considerablemente m¨¢s elevadas. Sea como fuere, hasta el presente se han emitido 440.000 millones de deuda p¨²blica para cubrir el d¨¦ficit patrimonial del grupo, siendo a¨²n necesarios otros 100.000 millones para hacer frente a las deudas pendientes.

De esta manera, las aventuras econ¨®mico-financieras de Ruiz-Mateos han costado -o van a costar- a cada familia espa?ola unas 40.000 pesetas, cifra considerable, que plantea un serio problema de equidad. La expropiaci¨®n de Rumasa, que suscit¨® r¨ªos de tinta en sus aspectos jur¨ªdicos, apenas ha provocado debate sobre el punto fundamental de saber qui¨¦n o qui¨¦nes deber¨ªan haber pagado los platos rotos en el estropicio. Algunos dir¨¢n que la decisi¨®n adoptada por el Gobierno de transferir a los contribuyentes la carga del desastre es ya irreversible. Sin embargo, esa estrategia del pasado merece ser discutida, aunque s¨®lo sea para evitar situaciones similares en el futuro y para analizar si las medidas decretadas por el Gobierno socialista en aquellos fren¨¦ticos d¨ªas de febrero de 1983 eran las ¨²nicas posibles y las m¨¢s convenientes para el erario p¨²blico. Pocos dudan ya de que el imperio de Ruiz-Mateos descansaba sobre fr¨¢giles cimientos y de que su derrumbamiento hubiese constituido una cat¨¢strofe para nuestro sistema financiero. Pero queda por demostrar que las decisiones tomadas para hacer frente a esa tambaleante amenaza

fuesen t¨¦cnicamente las m¨¢s correctas y socialmente las m¨¢s equitativas.

Cualquiera que fuese la complejidad del entramado jur¨ªdico de Rumana, las relaciones b¨¢sicas entre las empresas y el grupo financiero eran sencillas: aqu¨¦llas viv¨ªan y cubr¨ªan sus p¨¦rdidas gracias a las ayudas y cr¨¦ditos del holding Rumana y de los bancos del grupo; ¨¦stos, a su vez, obten¨ªan unos recursos del p¨²blico gracias a la promesa de unos tipos de inter¨¦s muy superiores a los del mercado. Los tenedores de t¨ªtulos de Rumana y los depositantes sab¨ªan -o deber¨ªan haber sabido- que la contrapartida de una mayor remuneraci¨®n es siempre un mayor riesgo. Este punto fundamental fue olvidado por los expropiadores, quienes honoraron dep¨®sitos, letras y pagar¨¦s de Rumana hasta el ¨²ltimo c¨¦ntimo sin discutir siquiera la remuneraci¨®n a sus poseedores. Dicho de otra manera: la responsabilidad del d¨¦ficit patrimonial de Rumana se transfiri¨®, sin mayores miramientos, a todos los ciudadanos espa?oles. No se intent¨® hacer recaer una parte de este d¨¦ficit sobre quienes, por buscar una mayor remuneraci¨®n a su ahorro, hab¨ªan adquirido pasivos de Rumana, sin que se haya dado justificaci¨®n alguna de este proceder.

La tesis seg¨²n la cual hab¨ªa que proteger los dep¨®sitos en los bancos de Rumana no puede servir de explicaci¨®n, puesto que el Fondo de Garant¨ªa daseguramiento en los bancos de Rumana como medio de forzar la realizaci¨®n de la auditor¨ªa reclamada por el Banco de Espa?a. I:lcluso aceptando su intervenci¨®n, el Fondo de Garant¨ªa & Dep¨®sitos no estaba obligado a asegurar dep¨®sitos superiores a 1,5 millones de pesetas. Finalmente, una buena parte del pasivo de Rumana circulaba bajo la forma de pagar¨¦s o letras de cambio, cuyo respaldo patrimonial no deber¨ªa haber sido otro que el de la sociedad o sociedades emisoras. Desde el punto de vista de la gesti¨®n econ¨®mica, probablemente sea ¨¦ste uno de los aspectos m¨¢s discutibles -y menos discutidos- de la operaci¨®n Rumana. La gesti¨®n de fondos p¨²blicos no s¨®lo debe ser transparente, sino que ha de ajustarse, cuando menos, a los criterios de gesti¨®n del buen padre de familia. Y es aqu¨ª donde se plantea el problema, pues es muy probable que es<; modelo te¨®rico de prudente administrador hubiese defendido con mayor vigor sus 40.000 pesetas que quienes una buena ma?ana decidieron alegremente transferir el riesgo de Rumana al conjunto de los contribuyentes.