Serra desestima un informe del Consejo de Justicia Militar que propon¨ªa dejar libre a un coronel del 23-F

El ministro de Defensa, Narc¨ªs Serra, ha rehusado firmar una orden mediante la cual quedar¨ªa en libertad el coronel de la Guardia Civil Miguel Manchado Garc¨ªa -implicado en el golpe de Estado del 23-F-, a pesar de que el Consejo Supremo de Justicia Militar, en un informe calificado de confidencial, se?al¨® al ministerio que se cumpl¨ªan todos los condicionantes favorables para que fuera dejado libre el pasado d¨ªa 6. Fuentes de Defensa confirmaron ayer estos hechos e indicaron que, seg¨²n expertos del departamento, se hicieron unos c¨¢lculos de fechas favorables a Manchado al determinar cu¨¢ndo deb¨ªa dejar la prisi¨®n militar.

El Consejo Supremo de Justicia Militar -en el que figuran generales de los tres ej¨¦rcitos- envi¨® el informe al Ministerio de Defensa el pasado mes de octubre, firmado por el teniente general Ricardo Castillo del R¨ªo, que entonces presid¨ªa el alto tribunal militar. El texto indicaba que todos los informes elaborados al respecto eran favorables a la concesi¨®n de la libertad provisional para el coronel Manchado, recluido en la prisi¨®n militar de Cartagena (Murcia).Entre esos informes favorables, y de acuerdo con el Reglamento de Establecimientos Militares, figuraban un documento de la Junta Calificadora de Conducta de la prisi¨®n en que se encontraba; y una certificaci¨®n acreditativa del tiempo redimido por el trabajo. Este certificado fue hecho por la Junta Central Militar de Redenci¨®n de Penas, presidida por el mismo titular del Consejo Supremo de Justicia Militar.

El primero de los dos informes indicaba que la conducta del coronel en prisi¨®n hab¨ªa sido muy buena; y el segundo inclu¨ªa los c¨¢lculos seg¨²n los cuales a Manchado le correspond¨ªa salir en libertad provisional el pasado d¨ªa 6 de noviembre.

Los informes y la opini¨®n del Consejo Supremo de Justicia Militar fueron enviados, como propuesta -ya que el Consejo Supremo es un ¨®rgano asesor y consultivo del ministro en esta materia- a la Asesor¨ªa Jur¨ªdica del ministerio y a la Direcci¨®n de Personal. Desde ellas se inform¨® a Narc¨ªs Serra que el c¨®mputo sobre los d¨ªas de trabajo que hab¨ªa cumplido Manchado no era correcto, ya que, seg¨²n las fuentes consultadas en Defensa, se computaban como actos de trabajo -que sirven para reducir la pena- acciones que no deben ser consideradas como tales.

Errores en el c¨®mputo

Por ello, el ministro fue informado de la situaci¨®n y se decidi¨® no firmar la correspondiente orden de puesta en libertad. En estos d¨ªas, la Asesor¨ªa Jur¨ªdica est¨¢ elaborando su propio c¨®mputo para determinar en qu¨¦ fecha concretamente le corresponde a Manchado salir de la prisi¨®n.

Una vez hecho este informe, ser¨¢ presentado al ministro de Defensa, quien, si est¨¢ de acuerdo, fijar¨¢ con exactitud el d¨ªa de la puesta en libertad de Manchado. En Defensa prefirieron ayer no aventurar cu¨¢l puede ser ese d¨ªa.

La primera condici¨®n para que un militar condenado por el c¨®digo castrense obtenga la libertad provisional es que haya cumplido las tres cuartas partes de su pena, si bien es computable el tiempo redimido por el trabajo en prisi¨®n.

Manchado, que se encuentra privado de libertad desde febrero de 1981, fue condenado a ocho a?os de prisi¨®n militar por su participaci¨®n en el frustrado golpe de Estado de 1981. Las tres cuartas partes de su condena se cumplir¨¢n, por tanto, a los seis a?os, es decir, en febrero de 1987. Sin embargo, el c¨®mputo del tiempo redimido por el trabajo fijaba, en opini¨®n del Consejo Supremo de Justicia Militar, la fecha del pasado d¨ªa 6 como la indicada para la puesta en libertad.

Un general miembro del Consejo Supremo de Justicia Militar declar¨® ayer que el informe enviado a Defensa era de la Sala de Justicia del alto tribunal, y que este organismo no ten¨ªa ning¨²n comentario que hacer al respecto: "No hay ninguna contestaci¨®n. El consejo tiene obligaci¨®n de informar a Defensa y eso es lo que ha hecho. Lo que despu¨¦s haya hecho Defensa, preg¨²ntelo all¨ª".

Las fuentes oficiales del departamento minimizaron estos hechos y se?alaron que no tiene importancia alguna que el Ministerio de Defensa no acepte los informes del Consejo Supremo de Justicia Militar o discrepe de ellos. "Parece simplemente que en el c¨¢lculo hecho se amortizaban como d¨ªas de trabajo algunos que eran muy opinables".

El hecho, no obstante, se ha producido poco despu¨¦s de que se registrase una fuerte pol¨¦mica en Espa?a al descubrirse que los tres guardias civiles implicados y condenados por su participaci¨®n en el caso Almer¨ªa -en el que murieron tres j¨®venes tras ser detenidos por la Guardia Civil- llevaban dos a?os perteneciendo todav¨ªa al citado instituto armado y cumpliendo sus penas en establecimientos militares, cuando la condena establec¨ªa su expulsi¨®n del cuerpo y el cumplimiento en prisiones civiles.

Expulsado de la Guardia Civil

El coronel Manchado, puesto que fue condenado a una pena superior a los tres a?os y un d¨ªa de prisi¨®n, fue expulsado de la Guardia Civil. El 23 de febrero de 1981 era jefe del Parque de Automovilismo de la Guardia Civil, de donde, al mando del entonces teniente coronel Antonio Tejero, salieron varios autobuses con guardias hacia el Congreso de los Diputados. La operaci¨®n se fragu¨® despu¨¦s de que Tejero hablara con Manchado y, seg¨²n ¨¦ste, se le dijo que se trataba de una operaci¨®n querida por el Rey.

En la actualidad, permanecen en prisi¨®n ocho de los 30 condenados por su participaci¨®n en el 23-F: Jaime Milans del Bosch, Alfonso Armada, Antonio Tejero Molina, Luis Torres Rojas, Jos¨¦ Ignacio San Mart¨ªn, Diego Ib¨¢?ez Ingl¨¦s, Miguel Manchado y Ricardo Pardo Zancada.