La autopsia de Zabaltza

LA HUELGA general convocada ayer en el Pa¨ªs Vasco y Navarra, en protesta por la muerte de Mikel Zabaltza, fue precedida por la difusi¨®n p¨²blica de los resultados de la autopsia del cad¨¢ver, practicada bajo el control del juez de instrucci¨®n de Pamplona. El dictamen forense no contradice la versi¨®n dada por el Ministerio del Interior y excluye a la vez otras hip¨®tesis. Mikel Zabaltza pereci¨® ahogado. Su cuerpo no presentaba huellas de malos tratos y hab¨ªa permanecido en las aguas del r¨ªo entre 15 y 20 d¨ªas. Ahora bien, el dictamen forense, seg¨²n el cual Zabaltza muri¨® asfixiado por sumersi¨®n, no cierra la discusi¨®n -como sugiri¨® acertadamente el propio fiscal general del Estado- sobre ese tr¨¢gico suceso. Persisten las dudas sobre c¨®mo lleg¨® Zabaltza a sumergirse en el r¨ªo, toda vez que apenas sab¨ªa nadar y se hallaba adem¨¢s esposado, con lo que cualquier intento de vadearlo parec¨ªa condenado al fracaso.No es preciso para nada alinearse con los terroristas -pese a las insinuaciones avanzadas ayer en el Congreso por el ministro Barrionuevo- a la hora de buscar hip¨®tesis que permitan conciliar los resultados de la autopsia con otras posibilidades interpretativas no coincidentes con la versi¨®n oficial. Ese esfuerzo de imaginaci¨®n lleva a algunos a alumbrar diversas conjeturas, desde un suicidio compulsivo para huir de una amenaza de torturas hasta el ahogamiento criminal de Mikel Zabaltza. Lo sucedido a?os atr¨¢s con Grimau y con Enrique Ruano alimenta a la imaginaci¨®n en esas tesis. Ahora bien, la carga de la prueba de acusaciones de este g¨¦nero corresponder¨ªa a quienes las formulen y no a las personas contra las que se dirigen. El Ministerio del Interior y la Guardia Civil no tienen que probar que no actuaron exactamente en la forma descrita en su versi¨®n oficial, compatible con los resultados de la autopsia. Y el principio acusatorio, elemental de un Estado de derecho, proh¨ªbe que la arriesgada conjetura del homicidio por terceros de Mikel Zabaltza pudiera prevalecer sobre la explicaci¨®n ministerial de su fallecimiento. Por lo dem¨¢s, pocas dudas existen acerca de la independencia y la competencia de los dos jueces -Francisco R¨ªos y Ferm¨ªn Zubiri- que han intervenido hasta ahora en el caso. Ambos instructores han dado sobradas pruebas de que los ¨²nicos objetivos de su labor son el esclarecimiento de los hechos y la dilucidaci¨®n de responsabilidades. Mientras no surjan nuevos datos, el dictamen de los forenses no resulta contradictorio con la versi¨®n policial de la muerte de Mikel Zabaltza.

Sin embargo, la extensi¨®n y la violencia de la huelga de ayer en el Pa¨ªs Vasco y en Navarra se explican en buena parte por la reacci¨®n emocional de muchos ciudadanos, moralmente convencidos de que Mikel Zabaltza falleci¨® a consecuencia de los malos tratos recibidos. Para explicar las causas de esa generalizada presunci¨®n de culpabilidad dirigida contra la Guardia Civil y el Ministerio del Interior por sectores significativos de ambas comunidades aut¨®nomas no basta con referirse a las campa?as de agitaci¨®n -en s¨ª mismas ciertas- de los grupos nacionalistas radicales emparentados pol¨ªtica o ideol¨®gicamente con ETA. Tambi¨¦n es preciso recordar que la larga y dolorosa etapa de represi¨®n generalizada, ausencia de garant¨ªas procesales y conculcaciones de derechos humanos iniciada bajo el franquismo y a¨²n no concluida bajo la democracia ha contribuido a la deslegitimaci¨®n del Estado en esos territorios. La inteligente declaraci¨®n del Gobierno de Vitoria se?ala que el caso Zabaltza ha puesto de relieve la existencia de "un profundo rechazo por parte de la poblaci¨®n vasca ante cualquier versi¨®n que provenga de las actuales fuerzas de seguridad del Estado". Si el Gobierno socialista contin¨²a aferrado a sus dogm¨¢ticas anteojeras que le impiden analizar serenamente las causas profundas de ese rechazo y examinar autocr¨ªticamente sus propias responsabilidades en esa deteriorada situaci¨®n, el conflicto vasco seguir¨¢ recorriendo un camino circular -de Ryan a Arregui, de Ibarz¨¢bal a Zabaltza- y ahondando las distancias entre las instituciones estatales y la confianza de los ciudadanos. El lastimoso espect¨¢culo de impertinencia, nervios incontrolados y agresividad dado ayer por su ministro del Interior en el Congreso hace temer que estemos todav¨ªa muy lejos de esa deseable etapa de reflexi¨®n.

Otro ejemplo de la resistencia a morir de las pr¨¢cticas del pasado es la desenvoltura con que el ministro Barrionuevo ha sentado como un hecho probado la culpabilidad de Mikel Zabaltza bas¨¢ndose exclusivamente en las declaraciones prestadas por otros detenidos. Aunque el Gobierno socialista no cese de esgrimir el principio constitucional de la presunci¨®n de inocencia en favor de los miembros de las fuerzas de seguridad, el responsable de Interior parece resuelto a usurpar las funciones del poder judicial y a dictar sentencias condenatorias por su cuenta a partir del principio inconstitucional de la presunci¨®n de culpabilidad. Esa aplicaci¨®n de la ley del embudo ha permitido a Jos¨¦ Barrionuevo decretar que el fallecido Mikel Zabaltza era un mugalari de ETA y manten¨ªa estrechas relaciones "de amistad y camarader¨ªa" con cualificados miembros de la banda terrorista. La muerte del inculpado impedir¨¢, desgraciadamente, que los tribunales puedan confirmar o invalidar tan graves acusaciones. Entre tanto, sin embargo, las cuatro personas detenidas al tiempo que Mikel Zabaltza, a las que se aplic¨® la ley antiterrorista y cuyos testimonios fundamentan la sentencia ministerial condenatoria contra el malogrado joven, han sido puestas en libertad "al no poderse comprobar fehacientemente su relaci¨®n con ETA". ?Alguien da m¨¢s en esta subasta de incongruencias?

En cualquier caso, el tiempo transcurrido entre el anuncio de la desaparici¨®n de Mikel Zabaltza y el descubrimiento de su cad¨¢ver flotando en las aguas del Bidasoa han mostrado el alto grado de inseguridad jur¨ªdica que la aplicaci¨®n de la ley antiterrorista est¨¢ sembrando en el Pa¨ªs Vasco. Porque los 10 d¨ªas de detenci¨®n gubernativa -en r¨¦gimen de incomunicaci¨®n, sin asistencia letrada eficaz y bajo la inoperante tutela te¨®rica de unos juzgados situados en Madrid- de esa legislaci¨®n excepcional crean las condiciones para que las garant¨ªas constitucionales b¨¢sicas de los detenidos puedan ser burladas y para que los derechos humanos de los interrogados, conculcados. Tal vez los miembros del Gobierno y los parlamentarios que votaron la ley antiterrorista llegaron a creer honradamente que los 10 d¨ªas de aislamiento en cuartelillos y comisar¨ªas nunca ser¨ªan utilizados como un espacio exento donde la tortura se convierte en ominosa posibilidad. En tal caso, la lectura del informe del Defensor del Pueblo -que ha realizado por vez primera un seguimiento de la aplicaci¨®n de la ley antiterrorista- sobre el asunto Zabaltza les sacar¨¢ de su error. A menos que aprueben los procedimientos utilizados en los interrogatorios y disculpen el orillamiento de las garant¨ªas procesales garantizadas por la Constituci¨®n.