El catal¨¢n, en el Supremo

LA NORMALIZACI?N del uso de la lengua catalana en Catalu?a discurre por cauces de serenidad que han quedado reforzados con el reciente fallo del Tribunal Supremo al recurso presentado por 39 maestros castellanohablantes contra la regulaci¨®n auton¨®mica en la ense?anza. Estos ense?antes impugnaron una orden de la Generalitat que incorporaba el conocimiento del catal¨¢n a los requisitos fijados para los concursos de traslado de profesores para optar a plaza definitiva en Catalu?a.El Supremo ha reconocido formalmente el derecho a que el catal¨¢n se introduzca en la estructura educativa b¨¢sica, y as¨ª declara que, si bien la exigencia de unos conocimientos especiales (los del idioma catal¨¢n) supone una diferenciaci¨®n entre los maestros que desarrollan su tarea en Catalu?a y los de otras comunidades aut¨®nomas monoling¨¹es, esa disparidad es racional y proporcional al tipo de docencia que se debe impartir, protege la cooficialidad de las dos lengua instaurada en Catalu?a e impide que quede esto en simple papel mojado. Y estima fundamentada la disposici¨®n de la Generalitat de que los profesores de otras regiones que soliciten y consigan una plaza de EGB y preescolar en Catalu?a obtengan, en un plazo m¨¢ximo de cuatro cursos, la capacitaci¨®n suficiente para ense?ar el catal¨¢n en dichos niveles educativos.

Pero el fallo del Supremo, sobre la base del reconocimiento de esos principios generales, tambi¨¦n da la raz¨®n a los recurrentes en un importante punto concreto. Los magistrados no han aprobado el art¨ªculo 30 de la citada orden de la Generalitat, que fijaba una prueba de lengua y cultura catalanas, a superar en dos a?os, para los profesores provisionalmente destinados en Catalu?a que quieran optar a plaza definitiva en dicha comunidad aut¨®noma. De acuerdo con la interpretaci¨®n del tribunal, ello hubiera establecido una desigualdad de trato para los maestros que ya trabjan en Catalu?a respecto a los de fuera. La consecuencia del fallo es la anulaci¨®n del examen previsto para los profesores por la Generalitat, con lo que ¨¦sta se queda sin la forma de averiguar el grado de conocimiento del catal¨¢n de dichos maestros que han de ser capacitados para ense?ar en una sociedad biling¨¹e. Adem¨¢s, el Supremo rectifica la afirmaci¨®n de la Audiencia de Barcelona -en sentencia previa de ¨¦sta, favorable a la Generalitat- de que los ciudadanos de Catalu?a tienen "el derecho y el deber de conocer el catal¨¢n y el castellano" por la de que tienen "el derecho de conocer el catal¨¢n y el deber de conocer el castellano". Lo que pone de relieve la complejidad del problema y la dificultad de pretender resolver los contenciosos ling¨¹¨ªsticos mediante v¨ªas jur¨ªdicas.

En cualquier caso, la sentencia que comentamos puede contribuir al objetivo que la normalizaci¨®n linguistica se propone alcanzar en Catalu?a: que los escolares concluyan su ciclo de EGB con un buen dominio del castellano y catal¨¢n. De otra manera, los peligros de una fractura social por motivos ling¨¹¨ªsticos est¨¢n a la vuelta de la esquina.