La l¨ªnea de sombra en 1985

LA ASOCIACI?N pro Derechos Humanos (APDH) ha publicado su informe sobre la situaci¨®n de las libertades en Espa?a durante 1985. La APDH sabe que sus observaciones suelen suscitar la hostilidad de los gobernantes: "no podemos evitar la sensaci¨®n de ser una voz no grata ni suficientemente comprendida por el entorno oficial al que van dirigidas nuestras cr¨ªticas y sugerencias". Aunque la ceguera del poder para captar las l¨ªneas de sombra de su gesti¨®n se prolongue en la sordera para escuchar a quienes las denuncian, cabe esperar, al menos, que el Gobierno no intente convertir en mudos a sus cr¨ªticos. El eventual recorte de las subvenciones presupuestarias asignada desde 1979 a la APDH ser¨ªa la prueba mas contundente de que esa sospecha se halla justificada.El Informe anual registra la permanente ofensiva contra la libertad de expresi¨®n en nuestro pa¨ªs, derivada en gran medida de la "hipersensibilidad" de los poderes p¨²blicos y de su incapacidad para "aceptar las informaciones y la cr¨ªtica leg¨ªtima". A finales de 1985, cerca de 200 periodistas se hallaban procesados. La APDH denuncia la desviada utilizaci¨®n de la ley de Protecci¨®n del Honor para defenderse de la cr¨ªtica pol¨ªtica, tal y como sucediera con las demandas de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura contra Pablo Castellano y de Jos¨¦ Barrionuevo contra el director de EL PA?S. Durante este a?o, la Fiscal¨ªa Togada del Consejo Supremo de Justicia Militar ha elevado 22 mociones al Fiscal General del Estado para pedir el procesamiento de periodistas acusados de presuntas injurias a las Fuerzas Armadas.

El informe se ocupa con detalle de la incontrolada autonom¨ªa de los aparatos de seguridad. La APDH recuerda que los gobernantes, al respaldar el espionaje policial de los partidos pol¨ªticos, transmiten a la sociedad el "mensaje decepcionante" de que "los derechos y libertades p¨²blicos no son la base sino la debilidad del sistema". La brecha existente entre los mandatos constitucionales, que encomiendan a los jueces la supervisi¨®n de las actuaciones policiales, y el funcionamiento real de la Administraci¨®n, dominada por el esfuerzo del Ministerio del Interior para conseguir su independencia, no se ha reducido. Los intentos gubernamentales para subordinar al Poder Judicial emplean como veh¨ªculos habituales la unilateral selecci¨®n de los delitos perseguibles, la ocultaci¨®n de fuentes, la interesada filtraci¨®n a la Prensa de los atestados, los traslados arbitrarios de los detenidos y la utilizaci¨®n de los mandamientos judiciales como cheques en blanco para los registros domiciliarios o las intervenciones telef¨®nicas.

En id¨¦ntico sentido operan las injustificadas detenciones preventivas de ciudadanos que no pasan posteriormente a disposici¨®n judicial. Las garant¨ªas constitucionales del detenido llegan a ser consideradas por las autoridades gubernativas como simples obst¨¢culos a la labor policial. Sucede as¨ª que el imperativo de la asistencia letrada suele ser burlado con diversas a?agazas. La aplicaci¨®n de la ley antiterrorista no hace sino reforzar esa "anormalidad del comportamiento policial" que ha terminado por transformarse "en preocupante y parad¨®jica normalidad estad¨ªstica". Para la APDH, las acciones terroristas no s¨®lo son condenables "por su propia e intr¨ªnseca perversi¨®n" sino tambi¨¦n porque "sirven de pretexto para desarrollar una pol¨ªtica restrictiva de derechos y libertades".

El Informe anual subraya la contradicci¨®n existente entre las formulaciones program¨¢ticas del Gobierno contra la tortura y su renuencia a la hora de aplicar tales principios. Se tiene a veces incluso la sensaci¨®n de que las autoridades encontrar¨ªan "alg¨²n tipo de justificaci¨®n" para los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente autores de esas condenables pr¨¢cticas. En esa perspectiva resulta altamente preocupante el reciente rechazo por el Grupo Parlamentario Socialista de una proposici¨®n de ley para endurecer las penas contra los responsables de delitos de tortura. Los datos en poder de la APDH tampoco permiten concluir que se hayan dado pasos decisivos encaminados a erradicar la tortura en dependencias gubernativas. Se siguen produciendo, adem¨¢s, "amplias resistencias" en medios oficiales para facilitar las investigaciones judiciales ante denuncias de torturas.

El Informe anual pasa tambi¨¦n revista a otras l¨ªneas de sombra de la realidad espa?ola de 1985: el vaciamiento del habeas corpus en los delitos terroristas y en los delitos militares; la ausencia de una regulaci¨®n precisa del uso de las armas de fuego por los cuerpos de seguridad y la frecuencia de muertes y lesiones graves producidas por esa causa; la deteriorada situaci¨®n penitenciaria; los accidentes mortales en el servicio militar y los tratos vejatorios a los reclutas; los aspectos inconstitucionales de la ley de Extranjer¨ªa y los agravios de los ceut¨ªes y melillenses de origen marroqu¨ª; las carencias y los defectos de la ley de Objeci¨®n de Conciencia; los abusos contra los menores; el desempleo juvenil; la desviaci¨®n de recursos productivos hacia gastos militares; la falta de control parlamentario de las exportaciones de armamento. Tal vez esa severa mirada sobre el a?o transcurrido irrite a quienes, desde la distancia del poder, crean que vivimos en el mejor de los mundos. Sin embargo, el informe puede leerse de una forma muy diferente: simplemente como un programa de las tareas pendientes de la democracia espa?ola.