La crisis de Banca Catalana podr¨ªa costar 3.000 millones de pesetas m¨¢s al Estado

La crisis de Banca Catalana podr¨ªa costar unos 3.000 millones de pesetas m¨¢s al Estado si prospera la demanda judicial presentada por La Caixa contra Banca Catalana en la que reclama el pago de esta cantidad al exigir el cumplimiento de un contrato en el que esta ¨²ltima entidad figuraba como garante. La Caixa, que ya efectu¨® una primera reclamaci¨®n de esta deuda en junio de 1983 (v¨¦ase EL PA?S de 15 junio de 1983), ha mantenido negociaciones, sin ¨¦xito, con el Fondo de Garant¨ªa, que se hizo cargo del banco y responsabiliz¨® de los pasivos ocultos que aparecieran en el futuro para conseguir sus pretensiones.

El elevado coste de la crisis del grupo de Banca Catalana, que precis¨® unas ayudas del Banco de Espa?a y del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos de 344.049 millones de pesetas, seg¨²n la auditor¨ªa del Tribunal de Cuentas, y el control que ¨¦ste ¨®rgano ha ejercido sobre el propio Fondo de Garant¨ªa, han impedido el alcance de un acuerdo que significase m¨¢s gasto a¨²n para el erario p¨²blico. Ello ha forzado el recurso a la v¨ªa judicial.El conflicto arranca de 1979, cuando La Caixa y Banca Cata lana celebraron varios contratos cuya causa ¨²ltima era la de instrumentar un tipo de ayuda por parte de la entidad de ahorro a la bancaria para superar sus problemas de liquidez. Por una parte, la caja concedi¨® un cr¨¦dito hipotecario a Banca Catalana para la construcci¨®n del nuevo edificio y, por otra, compr¨® el 7% de acciones de mismo banco por un valor nominal de 333 millones de pesetas y que, valora dos al 300% supon¨ªan, unos 999 millones de pesetas.

El contrato, que se efectu¨® a trav¨¦s de dos sociedades instrumentales de Banca Catalana, Acti, SA y Plau, SA -que como tales figuran en la querella-, y garantizado por la misma entidad, establec¨ªa un pacto de re compra por el que al vencimiento del mismo, al cabo de tres a?os y medio, los vendedores se compromet¨ªan a comprar las mismas acciones revaloraizadas al 14% anual. Adem¨¢s, La Caixa asum¨ªa el compromiso de suscribir las ampliaciones que se produjesen con objeto de mantener su proporci¨®n de capital, como efectivamente hizo en una primera emisi¨®n, que supuso una aportaci¨®n de 200 millones de pesetas.

En diciembre de 1982, se efectu¨® la operaci¨®n acorde¨®n por la que se redujo el valor de las acciones de Banca Catalana a una peseta y procedi¨® a una nueva ampliaci¨®n de capital en la que La Caixa suscribi¨® acciones por valor de 1.086 millones de pesetas, para mantener su cuota del 7% del capital y cumplir la obligaci¨®n contractual de concurrir a todas las ampliaciones. La reclamaci¨®n de 3.000 millones corresponde al valor de compra de todas estas acciones incrementado en el 14% anual pactado.Cuando La Caixa efectu¨® su primera reclamaci¨®n en los primeros meses de 1983, el Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos, administrador de Banca Catalana y sus sociedades instrumentales, respondi¨® que las acciones se hab¨ªan reducido a una peseta en diciembre pasado y que por tanto este era su precio de recompra. No obstante, el secretario del Fondo de Garant¨ªa, Juan Antonio Ruiz de Alda, manifest¨® el 14 de junio de 1983 que el Fondo "seguir¨¢ haci¨¦ndose responsable de esta cuesti¨®n y la dilucidar¨¢".

Aunque la demanda actual de La Caixa va dirigida formalmente contra Banca Catalana, los efectos econ¨®micos de la misma repercutir¨¢n directamente contra el Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos. Ello es as¨ª en virtud del contrato de compra de Banca Catalana por el Banco de Vizcaya, en el que se estipulaba que el Fondo de Garant¨ªa asum¨ªa todos los pasivos ocultos que apareciesen, incluidas las obligaciones fiscales.

El actual recurso a la v¨ªa judicial equivale a la b¨²squeda de un arbitraje con fuerza ejecutiva que permita al Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos cumplir sus compromisos con suficientes garant¨ªas ante futuras inspecciones.