Carreteras en estado de 'buena esperanza'

El Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU) se ha tomado el cumplimiento de los objetivos del Plan General de Carreteras, cuyo desarrollo va desde 1984 a 1991, como una cuesti¨®n personal Las partidas presupuestarias anuales para hacer frente al reto inversor, cifrado para todo el plan en torno a los 800.000 millones de pesetas, se cuidan en extremo y son de las pocas intocables a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Al cumplirse los dos a?os del plan, las inversiones desembolsadas ya por el MOPU se elevan a 125.000 millones de pesetas, de los que 70.000 millones se hicieron efectivos en 1985.

No se trata de superar un tercermundismo vial, aunque para muchos usuarios de las carreteras espa?olas no existe otra explicaci¨®n, sino de modernizar la red de carretera de inter¨¦s general del Estado, para lo que se cuenta con recursos financieros m¨¢s bien escasos. En principio, ¨¦ste es el objetivo b¨¢sico del Plan General de Carreteras, iniciado en 1984. Un objetivo que, en cualquiera de los supuestos que se tomaran, era imprescindible afrontar.El Estado corr¨ªa el riesgo, si no atend¨ªa urgentemente esta obligaci¨®n, de perder un importante activo, cuyos valores absolutos iban depreci¨¢ndose de forma paralela al recorte de las inversiones p¨²blicas en este cap¨ªtulo. Seg¨²n estimaciones oficiales, el total de la red espa?ola de carreteras tiene un valor patrimonial que se pod¨ªa cifrar en torno a los tres billones de pesetas -entre 80.000 y 100.000 pesetas por habitante-, de los que 1,2 billones de pesetas podr¨ªa ser el valor patrimonial de las carreteras consideradas de inter¨¦s general y, por tanto, dependientes del Ministerio de Obras P¨²blicas; es decir, no transferidas.

Para los responsables del MOPU, la pol¨ªtica que se ven¨ªa siguiendo en los ¨²ltimos a?os, en lo que se refiere a inversiones p¨²blicas en carreteras, estaba mermando el valor de dichos activos. En este sentido, las inversiones destinadas por el MOPU a este cap¨ªtulo desde mediados de la d¨¦cada de los a?os setenta oscilaron entre los 27.000 y los 3 1.000 millones- de pesetas, con excepci¨®n del a?o 1977, en el que se invirtieron cerca de 38.000 millones. A partir de 1982, las inversiones se incrementan considerablemente, movi¨¦ndose, bien es verdad que con altibajos, como el del a?o 1984 -la inversi¨®n rond¨® los 55.500 millones de pesetas-, entre los 60.000 y los 70.000 millones de pesetas.

Actuaci¨®n necesaria

En el Ministerio de Obras P¨²blicas est¨¢n deseosos de sacarse la espina que tienen clavada con la carretera. A los responsables de esta ¨¢rea les duele que sus esfuerzos por mejorar la red de carreteras no se vean compensados -reconocen que a partir de 1987 el usuario empezar¨¢ a apreciar ya las diferencias- por el agradecimiento del usuario. "No s¨®lo no ven las mejoras", aseguran, "sino que, adem¨¢s, las obras que se est¨¢n haciendo para llevarlas a cabo suponen molestias adicionales". Por otra parte, las mismas fuentes consideran que hay otras variables, que, "generalmente el p¨²blico no valora por desconocimiento", que influyen el los retrasos.

La causa principal son los tr¨¢mites burocr¨¢ticos, cuyos plazos parecen inamovibles. Desde que se realiza el estudio informativo hasta que el proyecto aparece a informaci¨®n p¨²blica suele transcurrir m¨¢s de un a?o, plazo al que hay que sumar entre seis meses y otro a?o mientras se aprueba el proyecto informativo, se redacta definitavamente y se procede a la expropiaci¨®n de bienes y servicios necesarias. A partir de ah¨ª, entre adjudicaci¨®n y ejecuci¨®n, suelen transcurrir otros 24 meses.

"A las trabas burocr¨¢ticas", afirman fuentes oficiales, "se vienen sumando oposiciones determinadas por intereses econ¨®micos locales, que ampl¨ªan a¨²n m¨¢s los plazos". Un ejemplo ser¨ªa el caso de la variante de Aranjuez (Madrid), en la que ha sido preciso el compromiso del MOPU de aportar terrenos de su propiedad para construir dos ¨¢reas de servicio donde instalar a los comerciantes que se sent¨ªan, perjudicados por la supresi¨®n del paso de la carretera por el medio de la poblaci¨®n.

Sin embargo, a nivel oficial se cree que las quejas habidas hasta ahora estaban m¨¢s que justificadas.

Como labor previa a la fijaci¨®n de objetivos y actuaciones del Plan General de Carreteras, los .responsables del MOPU evaluaron, mediante diversos procedimientos, el estado de las carreteras espa?olas. Las conclusiones no pod¨ªan ser m¨¢s contundentes. Del orden del 90% de las carreteras convencionales inspeccionadas -unos 15.500 kil¨®metros precisan refuerzo de firme en los pr¨®ximos ocho a?os, con independencia de las labores de conservaci¨®n -el coste anual de la conservaci¨®n de los 20.108 kil¨®metros de red de carreteras de inter¨¦s general supone una cifra que oscila entre los 24.000 y los 25.000 millones de pesetas- de dichas carreteras. Tambi¨¦n se detectaron importantes deficiencias en se?alizaci¨®n, caracter¨ªsticas geom¨¦tricas de firme exigibles y otras no menos importantes relacionadas con la accesibilidad a poblaciones o calidad de comunicaciones.

La suma de las carencias de las carreteras espa?olas y del mal end¨¦mico de la econom¨ªa espa?ola de falta de recursos -lo que oblig¨® a abandonar la construcci¨®n de nuevas autopistas, salvo el tramo Santiago-Pontevedra que contemplan las actuales actuacionesdio como resultado el Plan General de Carreteras ya en marcha. La estrella de dicho plan es el programa de autov¨ªas como alternativa m¨¢s barl¨¢ta a las autopistas, para el que hay previstas unas inversiones de 330.000 millones de pesetas, lo que supondr¨¢ la construcci¨®n de 3.250 kil¨®metros de este tipo de carreteras.

De acuerdo con los planes oficiales, deber¨¢n abrirse al tr¨¢fico en la pr¨®xima legislatura 2.000 kil¨®metros. A lo largo de 1987 saldr¨¢n a licitaci¨®n todas las obras para la construcci¨®n de autov¨ªas, que entrar¨¢n ¨ªntegramente en servicio entre 1990 y 1993. El resto de las inversiones previstas en el plan -sobre los 800.000 millones ya se han invertido 125.000 millones en los dos primeros a?os- se dirigen al programa de acondicionamiento, con 240.000 millones; el de reposici¨®n y conservaci¨®n, otros 140.000 millones, y el programa de actuaci¨®n del medio urbano, cuyo presupuesto inicial se eleva a unos 90.000 millones de pesetas.

Dos nuevas fronteras

El Plan General de Carreteras contempla el acondicionamiento de carreteras que permitan el afianzamiento de dos nuevos pasos fronterizos. El primero de ellos pasar¨ªa por la localidad oscense de Canfrac y estar¨ªa concluido aproximadamente en el a?o 1990, con una inversi¨®n prevista del orden de los 8.000 millones de pesetas. El otro nuevo punto fronterizo pasar¨ªa por la localidad gerundense de Puigcerd¨¢.Esta obra se realizar¨¢ en colaboraci¨®n con la Generalitat de Catalu?a, que aportar¨¢ unas inversiones pr¨®ximas a los 17.000 millones de pesetas de los 20.000 millones presupuestados, y enlazar¨¢ con el t¨²nel del Cad¨ª. Por otra parte, se van a mejorar todos los accesos a Portugal, lo que supondr¨¢ unos desembolsos -en algunos casos, compartidos con el Gobierno luso, como en el puente y variante de Tuy, en Galicia, y en el puente de Ayamonte, en Huelvadel orden de los 30.000 millones de pesetas.

Una vez llevadas a cabo todas las actuaciones previstas en el Plan General de Carreteras, en el horizonte de 1991, la red de carreteras del Estado o de inter¨¦s general contar¨¢ con 1.930 kil¨®metros de autopistas, frente a los 1.820 de la actualidad, 3.733 de autov¨ªas -483 ahora-, 14.768 kil¨®metros de carretras de dos carriles con plataforma superior a los nueve metros, frente a los 8.389 que hab¨ªa en 1984, y la mejora de 9.374 kil¨®metros de carreteras con calzadas inferiores a los nueve metros.

Paralelamente, la comunidades aut¨®nomas proceder¨¢n paulatinamente a mejorar el estado de las carreteras que les fueron transferidas a partir de 1980. La red espa?ola de v¨ªas p¨²blicas tiene una extensi¨®n aproximada de 317.763 kil¨®metros, de los que tan s¨®lo 20.108 kil¨®metros -el 6% del total, por el que circula el 60% del tr¨¢fico- dependen directamente del Estado. Las comunidades aut¨®nomas controlan unos 60.000 kil¨®metros, y las diputaciones, unos 80.000 kil¨®metros m¨¢s. El resto queda a cargo de otros organismos de la Administraci¨®n.

Para las obras de mejora de las carreteras que no pertenecen a la red de inter¨¦s general est¨¢n previstos convenios de colaboraci¨®n con el MOPU que faciliten dicha tarea, como el que firmar¨¢n la Comunidad de Madrid y el MOPU para mejorar los accesos a Madrid, as¨ª como la mejora de los cinturones de la capital de Espa?a. Dicho convenio contemplar¨¢ un presupuesto de unos 22.000 millones de pesetas, de los que 15.000 millones corresponder¨¢n a aportaciones de Obras P¨²blicas.