Un principio de acuerdo para Ceuta y Melilla

LA REUNI?N celebrada en Madrid entre dirigentes de las comunidades musulmanas de Ceuta y Melilla y representantes autorizados de la Administraci¨®n del Estado enciende una luz de esperanza en el oscuro t¨²nel de prejuicios, discriminaciones y torpezas al que hab¨ªa sido empujada la poblaci¨®n de origen marroqu¨ª y religi¨®n musulmana con larga residencia -en bastantes casos, desde el nacimiento- en esas dos ciudades. Ciertas ambig¨¹edades del comunicado conjunto, hecho p¨²blico tras la reuni¨®n, y algunas discrepancias de ambas partes en la interpretaci¨®n del documento, que afectan a sus implicaciones jur¨ªdico-pr¨¢cticas, impiden, sin embargo, dar completa rienda suelta al optimismo.La promulgaci¨®n de la ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en Espa?a, que conced¨ªa un plazo para que los ciudadanos de otros pa¨ªses pusiesen en regla sus papeles, suscit¨® la justificada protesta de los melillenses musulmanes carentes de nacionalidad espa?ola (m¨¢s de 20.000 sobre un total de 27.000, en una ciudad con una poblaci¨®n de 72.000 habitantes), a quienes se forzaba a aceptar -so pena de expulsi¨®n de nuestro territorio- el reconocimiento formal de una condici¨®n de extranjer¨ªa que en su fuero interno rechazan. Ante esas cr¨ªticas, el Gobierno se limit¨® a recordar que las normas son de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. Sin embargo, la situaci¨®n especial de los musulmanes de origen marroqu¨ª residentes en Ceuta y Melilla habr¨ªa exigido una regulaci¨®n, tambi¨¦n especial, que atendiese a las peculiaridades hist¨®ricas del caso y garantizase los derechos adquiridos. Porque esa minor¨ªa religiosa y ¨¦tnica, arraigada en Ceuta y Melilla por su trabajo, pero sometida tambi¨¦n a discriminaciones jur¨ªdicas, sociales, econ¨®micas y laborales, se considera con derechos hist¨®ricos, pol¨ªticos y morales suficientes para disponer de la ciudadan¨ªa espa?ola y para ejercer por entero las garant¨ªas y libertades que la Constituci¨®n de 1978 otorga.

En nuestro ordenamiento jur¨ªdico existe un vac¨ªo o una carencia legal que priva a los marroqu¨ªes (pese a la larga etapa de presencia espa?ola en la zona del Protectorado) de los beneficios que el C¨®digo Civil concede, para la adquisici¨®n de la nacionalidad espa?ola, a los oriundos de pa¨ªses latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y a los sefard¨ªes. Todo nuestro sistema jur¨ªdico se halla recorrido por ese olvido o ese menosprecio hacia los melillenses y ceut¨ªes de origen marroqu¨ª y religi¨®n musulmana, nacidos o inmigrados en esas ciudades, que hablan el castellano, han crecido en nuestro medio cultural y se identifican con los valores y los principios de la democracia espa?ola. La propia ley de extranjer¨ªa establece un trato preferente -para los permisos de trabajo - en favor de "los nacionales iberoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, sefard¨ªes y las personas originarias de la ciudad de Gibraltar", pero equipara, con su silencio, a los habitantes no cristianos de Ceuta y Melilla con los ciudadanos de los m¨¢s ex¨®ticos y lejanos pa¨ªses. Pero las leyes no son eternas y las mayor¨ªas parlamentarias pueden y deben modificar el ordenamiento jur¨ªdico para dar respuesta a nuevas situaciones o reparar injusticias.

La reuni¨®n celebrada ayer convoc¨®, junto a los delegados de las comunidades musulmanas en Ceuta y Melilla, a los subsecretarios de los Ministerios del Interior y de Justicia, al director general de Pol¨ªtica Interior y a un adjunto del Defensor del Pueblo. El resultado ha sido un conjunto de acuerdos que permiten ganar tiempo y evitar cuando menos la atropellada adopci¨®n por la Administraci¨®n de medidas irreparables contra los melillenses y los ceut¨ªes musulmanes, que hubieran llenado de verg¨¹enza, por su contenido discriminador y racista, a nuestras instituciones democr¨¢ticas. Una comisi¨®n mixta, integrada por representantes de los Ministerios de Justicia y del Interior y de las dos comunidades musulmanas estudiar¨¢ "soluciones tendentes a favorecer la plena integraci¨®n en la sociedad espa?ola de los residentes musulmanes en el territorio nacional". Con ayuda de los dirigentes locales de esos colectivos, se elaborar¨¢ un censo de ciudadanos musulmanes residentes en ambas plazas de soberan¨ªa. La definici¨®n del "concepto de arraigo" de los melillenses y ceut¨ªes y la decisi¨®n de dar "la m¨¢xima celeridad a la tramitaci¨®n de los expedientes" de nacionalizaci¨®n en tr¨¢mite permitir¨¢ -al menos en teor¨ªa - que los musulmanes residentes en Ceuta y Melilla no se vean afectados por la aplicaci¨®n de la ley de extranjer¨ªa.

El esp¨ªritu de la reuni¨®n parece resumirse en el anuncio de la "decisi¨®n" de las autoridades espa?olas de "favorecer la plena integraci¨®n en la sociedad espa?ola de los ciudadanos musulmanes residentes en Ceuta y Melilla". La ¨²nica reserva de la Administraci¨®n es que esa "plena integraci¨®n" se realice "de acuerdo con la legalidad vigente". Aqu¨ª puede tener su guarida ese gato encerrado que los dirigentes musulmanes temen. Los grupos parlamentarios ampliamente mayoritarios en ambas C¨¢maras -socialistas y Coalici¨®n Popular- podr¨ªan alcanzar un r¨¢pido consenso para modificar, mediante tr¨¢mite de urgencia, las normas que dificulten o retrasen la instrumentaci¨®n legal del derecho hist¨®rico, pol¨ªtico y moral de los melillenses y ceut¨ªes de religi¨®n musulmana y origen marroqu¨ª a conseguir la plena ciudadan¨ªa espa?ola.