El Parlamento vasco reclama las transferencias para la administraci¨®n de justicia

El Parlamento vasco aprob¨® ayer una proposici¨®n no de ley por la que se demanda al Gobierno central la realizaci¨®n de transferencias en materia de administraci¨®n de justicia "en los t¨¦rminos que se desprenden del estatuto de autonom¨ªa", al mismo tiempo que denuncia "la situaci¨®n insostenible" por la que atraviesa la Administraci¨®n de justicia en el Pa¨ªs Vasco. Por este motivo, los ahogados de Euskadi han convocado una huelga para los pr¨®ximos d¨ªas 18, 19 y 20 de marzo. Durante la jornada de ayer, cuatro miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se entrevistaron con abogados laboralistas de Guip¨²zcoa para dar a conocer las nuevas medidas que se han tomado para resolver la crisis judicial en Euskadi.

La proposici¨®n no de ley presentada en la C¨¢mara vasca por el PNV y defendida por el consejero de Presidencia y de Justicia del Gobierno vasco, Juan Ram¨®n Guevara, fue aprobada con los votos de los partidos PNV, Euskadiko Ezkerra y Coalici¨®n Popular. El grupo socialista hab¨ªa presentado una enmienda a la totalidad, que fue rechazada.En el texto aprobado se denuncia "la situaci¨®n existente en la administraci¨®n de justicia de nuestra comunidad y las grav¨ªsimas deficiencias de medios personales materiales que han ocasionado una situaci¨®n insostenible". De otro lado, se insta al Gobierno central a "la urgente adopci¨®n de medidas para un servicio adecuado y eficaz a los ciudadanos". Y, finalmente, se demanda la realizaci¨®n de las transferencias en materia de justicia y "en los t¨¦rminos que se desprende del estatuto, no s¨®lo de gesti¨®n, sino personales, econ¨®micos y materiales".

Fernando Buesa, del PSE-PSOE, consider¨®, por su parte, que la situaci¨®n del Pa¨ªs Vasco es precaria, pero, declar¨®, "la responsabilidad comprende a tres partes en lugar de, como entienden los nacionalistas, al Gobierno central. De un lado, al Consejo General del Poder Judicial; de otro, al Ministerio de Justicia, y, tambi¨¦n, al Gobierno vasco, que, por un prurito de discutir las competencias, no puede hacer una pol¨ªtica de lavarse las manos".

El pasado 2 de octubre, el Gobierno vasco present¨® un recurso ante el Tribunal Constitucional, respecto a la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. La l¨ªnea fundamental del recurso se bas¨® en que la interpretaci¨®n literal del art¨ªculo 149,15 de la Constituci¨®n, que establece competencia exclusiva al Estado sobre administraci¨®n de justicia, entraba en contradicci¨®n -seg¨²n el Ejecutivo vasco- con las atribuciones que en esta materia contempla el estatuto de autonom¨ªa, en los art¨ªculos 13, 31, 34 y 35.

En ellos se prev¨¦ la provisi¨®n de medios materiales y econ¨®micos a la comunidad aut¨®noma y la competencia y organizaci¨®n del poder judicial cuando act¨²a en la propia comunidad del Pa¨ªs Vasco. Otra de las motivaciones del recurso se centraba en que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial atribuye la regulaci¨®n de los conflictos al Tribunal Supremo, lo que, para el Gobierno vasco, debiera ser asumido por el Tribunal Superior de Justicia.

Dedicaci¨®n exclusiva

Las medidas urgentes que adoptaron el jueves el Ministerio de Justicia y el CGPJ para afrontar el retraso acumulado en algunos ¨®rganos judiciales vascos son, entre otras, el traslado a esta comunidad de magistrados que actuar¨¢n en r¨¦gimen de comisi¨®n de servicios, con dedicaci¨®n exclusiva, en las salas de lo civil y lo contencioso de la Audiencia Territorial de Bilbao y los juzgados de Guernica y Baracaldo (Vizcaya) y de Vergara (Guip¨²zcoa), por lo que se les asignar¨¢ una retribuci¨®n especial.Este tema fue objeto de la conversaci¨®n mantenida durante la ma?ana de ayer, en San Sebati¨¢n, entre cuatro representantes del CGPJ y abogados laboralistas de Guip¨²zcoa, que, al igual que los de Vizcaya, se pusieron en huelga a finales del mes pasado por la situaci¨®n de la justicia en Euskadi. Los pr¨®ximos d¨ªas 18, 19 y 20 se ha convocado un paro, que afectar¨¢ a todos los abogados de la comunidad aut¨®noma vasca, para denunciar esta crisis. Durante el pasado a?o 1985 quedaron 53.906 expedientes sin resolver. Y en esta comunidad aut¨®noma est¨¢ la proporci¨®n m¨¢s grande entre jueces y habitantes, uno por cada 28.000, frente al uno por cada 18.600 en el Estado.