CC OO reclama la anulaci¨®n de cuatro decretos de servicios m¨ªnimos

Los servicios m¨ªnimos decretados por el Consell Executiu de la Generalitat para la huelga general del 20-J, convocada por diversos sindicatos contra la reforma de las pensiones, debieron ser decretados con una antelaci¨®n m¨ªnima de seis d¨ªas, seg¨²n manifest¨® ayer en el transcurso de un juicio oral celebrado ante la Audiencia de Barcelona un letrado de CC OO de Catalu?a, Paco Gonz¨¢lez. El juicio pretende la anulaci¨®n de cuatro decretos de la Generalitat que regulaban los servicios m¨ªnimos para el transporte p¨²blico, la sanidad y algunos servicios sociales. Los decretos fueron hechos p¨²blicos apenas ocho horas antes de iniciarse la huelga.

El recurso contencioso administrativo que di¨® origen al juicio celebrado ayer sosten¨ªa que los servicios decretados por la Generalitat eran excesivos y no se hab¨ªan ajustado a los criterios restrictivos considerados oportunos por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. La Generalitat decidi¨® que tanto los autobuses como el metro deb¨ªan funcionar a pleno rendimiento el d¨ªa de la huelga entre las 6 y las 9,15 horas.Con anterioridad, la Audien cia ha anulado otro decreto de servicios m¨ªnimos relativo a la huelga del 204. En ese caso, la anulaci¨®n ha afectado a un de creto del Ministerio de Transportes que establec¨ªa para el metro de Madrid un servicio del 70% de sus efectivos. La Audiencia ha argumentado esta anulaci¨®n en base a que el decreto de la Administraci¨®n no se ajustaba a las m¨ªnimas condiciones de motivaci¨®n y negociaci¨®n con el comit¨¦ de huelga.

En el caso de la actuaci¨®n de la Generalitat, adem¨¢s de haber decretado m¨ªnimos superiores a los fijados por Transportes y, seg¨²n Gonz¨¢lez, tambi¨¦n infundamentados y faltos de negociaci¨®n, el representante de la instituci¨®n auton¨®mica consider¨® "ilegal" la convocatoria de huelga.El abogado de la Generalitat en este procedimiento, Alberto Ravent¨®s, manifest¨® que la huelga del 204 deb¨ªa considerarse ilegal por ir dirigida contra una medida gubernamental y no empresarial. Este supuesto de ilegalidad, seg¨²n la parte demandada, implica que no debe considerarse si los servicios m¨ªnimos fueron o no correctos.