La asociaci¨®n judicial progresista acusa a Bur¨®n de ser un "ap¨¦ndice togado" de Interior

El comit¨¦ permanente de Jueces para la Democracia, asociaci¨®n judicial progresista minoritaria, ha acordado expresar su sorpresa por el cambio de actitud del fiscal al retirar ante el Supremo la acusaci¨®n que hab¨ªa mantenido contra el comisario Manuel Ballesteros en la Audiencia Provincial de San Sebasti¨¢n, que le conden¨® a tres a?os de inhabilitaci¨®n y 100.000 pesetas de multa por denegaci¨®n de auxilio a la justicia. La asociaci¨®n reprocha al fiscal general del Estado, Luis Bur¨®n, que asuma el papel de "ap¨¦ndice togado del Ministerio del Interior" y se ampare en las llamadas "razones de Estado" para justificar "lo injustificable".

Entre las cuestiones tratadas por el comit¨¦ permanente de Jueces para la Democracia, en la reuni¨®n celebrada en Madrid el pasado fin de semana, destaca su postura en torno al cambio de criterio del fiscal sobre el caso Ballesteros. En la reuni¨®n se record¨® la sentencia dictada en mayo del pasado a?o por la Audiencia Provincial de San Sebasti¨¢n, que consider¨® al ex jefe del Marido ¨²nico de la Lucha Contraterrorista autor del delito de denegaci¨®n de auxilio a la justicia, al haberse negado a facilitar a la autoridad judicial competente la identidad de los tres confidentes de la polic¨ªa sospechosos de participar en el ataque perpetrado, en noviembre de 1980,al bar Hendayais, en el Pa¨ªs Vasco franc¨¦s. En ese atentado murieron tres personas y nueve resultaron heridas.La sentencia que conden¨® a Ballesteros rechaz¨® la eximente de cumplimiento del deber, por entender que "toda actividad policial est¨¢ sujeta a la Constituci¨®n y en un Estado de derecho no caben parcelas de ilegalidad o inmunidad". Asimismo, resalt¨® que Ballesteros dificult¨® la labor judicial, en lugar de prestar una cooperaci¨®n "que habr¨ªa permitido descartar, en beneficio del prestigio y honorabilidad del Estado espa?ol", dec¨ªa la sentencia, "cualquier sospecha de connivencia policial con el atentado de Hendaya".

En el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de San Sebasti¨¢n, el fiscal mantuvo la acusaci¨®n contra Ballesteros, mientras que en la vista de los recursos contra aquella sentencia, celebrada en pasado 11 de marzo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pidi¨® la absoluci¨®n. Invoc¨® para ello el estado de necesidad en que se encontr¨® el comisario Ballesteros, quien, seg¨²n el fiscal, tuvo que optar entre el sometimiento de la polic¨ªa al poder judicial y la vida de los confidentes, as¨ª como la seguridad en la lucha antiterrorista (ve¨¢se EL PA?S del 12 de marzo de 1986).

Sorpresa

Una vez estudiados los antecedentes del caso, el comit¨¦ permanente de Jueces para la Democracia -integrado por 20 jueces y magistrados, adem¨¢s de los siete que forman el secretariado- ha hecho p¨²blica por unanimidad su "sorpresa por el cambio de actitud del Ministerio Fiscal, que, desde el sostenimiento de la acusaci¨®n p¨²blica, ha optado por- llevar a cabo una encendida defensa del comisario por ¨¦l acusado en la instancia".El m¨¢ximo ¨®rgano entre congresos de Jueces para la Democracia muestra su "grave preocupaci¨®n por el argumento central utilizado por el fiscal general del Estado, que asumiendo un papel de ap¨¦ndice togado del Ministerio del Interior, no duda en acudir a la eximente de estado de, necesidad para tratar de justificar lo injustificable: que un miembro de la polic¨ªa judicial se niegue a poner en conocimiento de los tribunales datos esenciales para el esclarecimiento de graves hechos delictivos.

Seg¨²n la informaci¨®n facilitada por el portavoz de la asociaci¨®n judicial progresista, el magistrado Juan Alberto Belloch, "Jueces para la Democracia rechaza sin matices semejante argumento, tras el que se esconden de nuevo", dice, "las tristemente c¨¦lebres y mal llamadas razones de Estado, como artilugio justificador de actitudes inadmisibles en un Estado de Derecho".

Adem¨¢s de Belloch, integran el secretariado de Jueces para. la Democracia, elegido en el congreso celebrado el pasado enero, los magistrados Gerardo Thomas, Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro, Luciano Varela, Manuela Carmena, Perfecto Andr¨¦s y Antonio Nebot.

El cambio de actitud del Ministerio Fiscal sobre el caso Ballesteros fue tambi¨¦n estudiado el pasado viernes por el secretariado de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, que preside Fernando Jim¨¦nez Lablanca (ve¨¢se EL PA?S del 15 de marzo ¨²ltimo). Esta asociaci¨®n acord¨® informarse durante la semana actual de si era seguro que el fiscal general del Estado no hab¨ªa sometido este asunto a consulta de la junta de fiscales; para, en caso de confirmarse tal omisi¨®n, emitir su opini¨®n al respecto.

Seg¨²n fuentes de esta asociaci¨®n, en caso de que el cambio de actitud hubiera sido sugerido por el Gobierno, era obligada la consulta del fiscal general del Estado a la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo. En todo caso, la decisi¨®n ¨²ltima corresponde al fiscal general del Estado. Fuentes jur¨ªdicas progresistas destacan tanto la omisi¨®n de esta consulta ,como la rapidez con que se ha llevado este recurso ante el Tribunal supremo, a diferencia de las habituales dilaciones de la administraci¨®n de justicia.