Hurtado sostiene que el fiscal general pretende dejar su caso ¡°en manos de un juez extranjero¡±
El instructor del Supremo rechaza la petici¨®n de Garc¨ªa Ortiz de enviar uno de sus recursos a las autoridades de Irlanda, a las que el Supremo ha pedido ayuda para reclamar datos a WhatsApp y Google


El magistrado ?ngel Hurtado, instructor de la causa por revelaci¨®n de secretos abierta al fiscal general del Estado, ha rechazado varias peticiones que hizo ?lvaro Garc¨ªa Ortiz sobre la solicitud a WhatsApp y Google de datos de sus cuentas que plante¨® el juez el pasado 20 de enero. Para recabar esos datos, Hurtado pidi¨® la ayuda de las autoridades judiciales de Irlanda, donde se ubica la sede europea de ambas empresas, para lo que emiti¨® una comisi¨®n rogatoria, la solicitud formal de auxilio entre jueces de distintos pa¨ªses. La Abogac¨ªa del Estado, que defiende a Garc¨ªa Ortiz, recurri¨® esa decisi¨®n y reclam¨® que ese recurso se enviara a las autoridades de Irlanda. Esta es la solicitud que ha desestimado ahora el instructor, que, en el auto en el que comunica su rechazo, sostiene que actuar como pretende el fiscal general ser¨ªa ¡°trasladar el debate sobre la instrucci¨®n de la causa fuera de las presentes actuaciones, adem¨¢s, a un tribunal extranjero¡±.
El magistrado apoya su decisi¨®n en los escritos que hab¨ªan presentado las acusaciones populares y la particular, ejercida por Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso e imputado por fraude fiscal. Todas pidieron a Hurtado que desestimara la petici¨®n de Garc¨ªa Ortiz, y el juez les da la raz¨®n y asume algunos de sus argumentos. ¡°Operar como pretende la representaci¨®n del investigado es dejar en manos de un juez extranjero, que haga valoraci¨®n de un material, que tendr¨ªa que pasar por los criterios sujetos a su propia normativa, y, adem¨¢s, en funci¨®n de las alegaciones de una sola de las partes, con vulneraci¨®n del principio de contradicci¨®n, y esto supondr¨ªa trasladarle a aquel una cuesti¨®n que, como indica la representaci¨®n procesal de Fundaci¨®n Foro Libertad y Alternativa, debe sustanciarse por los tribunales espa?oles¡±, advierte el magistrado.
La solicitud de datos a Google y WhatsApp la plante¨® Hurtado a petici¨®n de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para intentar recuperar la informaci¨®n vinculada a aplicaciones de mensajer¨ªa instant¨¢nea instaladas en dos dispositivos m¨®viles de Garc¨ªa Ortiz y en una cuenta de correo electr¨®nico. Los agentes reclamaron al juez que diera este paso tras constatar que Garc¨ªa Ortiz cambi¨® de tel¨¦fono m¨®vil cuando ya estaba siendo investigado por revelaci¨®n de secretos y borr¨® todo el contenido de su tel¨¦fono de acuerdo, seg¨²n asegur¨® ante el instructor, a los protocolos de seguridad y protecci¨®n de datos de la Fiscal¨ªa. El objetivo de la UCO y del magistrado al pedir la colaboraci¨®n de Google y WhatsApp es buscar pruebas de la supuesta filtraci¨®n de la denuncia por fraude a Hacienda presentada por la Fiscal¨ªa contra Gonz¨¢lez Amador y de un correo enviado por el abogado de este al ministerio p¨²blico en el que asum¨ªa que su cliente ha cometido dos delitos fiscales y propon¨ªa un pacto que le librara de la c¨¢rcel.
En el auto por el que desestima la petici¨®n de Garc¨ªa Ortiz, Hurtado cita textualmente al abogado de Gonz¨¢lez Amador para advertir de que ¡°no existe previsi¨®n legal alguna que ampare la petici¨®n de comunicaci¨®n efectuada por el investigado¡± y considera ¡°insuficiente¡± la invocaci¨®n al derecho a la defensa planteada por Garc¨ªa Ortiz. El juez insiste en el auto en que acceder a la petici¨®n del jefe del ministerio p¨²blico ¡°entra?ar¨ªa que un tribunal extranjero no dejase de supervisar el cometido jurisdiccional¡± del instructor del Supremo. Por esta raz¨®n, afirma Hurtado, ¡°parece acertada¡± la afirmaci¨®n que hace el Colegio de Abogados de Madrid, que ejerce como acusaci¨®n popular, cuando dice que la defensa pretende ¡°utilizar los mecanismos de cooperaci¨®n internacional en materia judicial para generar una suerte de control de legalidad por autoridades judiciales extranjeras; generando una distorsi¨®n absoluta de la competencia funcional, pues es ¨²nicamente a la Sala de Recursos del TS (Tribunal Supremo) quien compete resolver sobre los recursos contra resoluciones del Magistrado Instructor¡±
Garc¨ªa Ortiz tambi¨¦n pidi¨® que se comunicara a Eurojust (la agencia de la UE para la cooperaci¨®n judicial) que el auto de 20 de enero de 2025, por el que Hurtado acord¨® lanzar las comisiones rogatorias, no es firme y est¨¢ recurrido. El juez asegura que este argumento ¡°no se acaba de entender¡± porque esos recursos no tienen efecto suspensivo. ¡°Y si lo que se pretende es que, por no tenerlo, se espere a su firmeza para la tramitaci¨®n de lo acordado, estar¨ªa suponiendo una dilaci¨®n en el procedimiento que no ha de ser tolerada¡±, afirma el instructor.
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