La Federaci¨®n de Asociaciones de la Prensa discrepa del Defensor del Pueblo
La Federaci¨®n de Asociaciones de la Prensa de Espa?a (FAPE), que celebra desde el pasado martes en Canarias su 45? asamblea general, ha hecho p¨²blicas sus discrepancias con el Defensor del Pueblo y ha se?alado que los colegios profesionales son "garant¨ªa adecuado de la libertad de informaci¨®n. Varios juristas participantes en una mesa redonda calificaron de "falaces y patol¨®gicos" los argumentos de la impugnaci¨®n de la ley del Colegio Profesional de Periodistas de Catalu?a presentada por Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez ante el Tribunal Constitucional.
La FAPE muestra en una nota de prensa su "extra?eza", ya que "la ley ahora acusada de inconstitucionalidad ha sido aprobada de forma un¨¢nime por los grupos parlamentarios representativos de la totalidad de las fuerzas pol¨ªticas espa?olas, que en su d¨ªa dieron cuerpo al propio texto constitucional presuntamente vulnerado". La misma comunicaci¨®n precisa que los- colegios profesionales, lejos de atentar contra la libertad de informaci¨®n", constituyen "la garant¨ªa adecuada de integridad de la libertad de informaci¨®n concebida al servicio de su aut¨¦ntico titular: los ciudadanos".El Defensor del Pueblo present¨® el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento catal¨¢n a intancias de la secci¨®n espa?ola del Instituto Internacional de Prensa (IPI), organismo privado que agrupa a directores y editores del mundo occidental para la defensa de la libertad de informaci¨®n.
El magistrado del Tribunal Supremo Rafael Mendiz¨¢bal se?al¨® que "al igual que en otras actividades consolidadas", la colegiaci¨®n "no supone menoscabo de los derechos constitucionales, sino una garant¨ªa y reforzamiento de los mismos". La colegiaci¨®n profesional, "principal aspiraci¨®n hoy de los informadores", se?al¨® el presidente de la FAPE, Luis Apost¨²a, fue objeto de profunda reflexi¨®n jur¨ªdica ante las interrogantes legales abiertas por el recurso del Defensor del Pueblo.
Francisco Casares Potau, diputado del Parlamento de Catalu?a, record¨® que la ley cuestionada fue "aprobada por unanimidad" y fue "producto del deseo general de sus destinatarios". Asegur¨® que la C¨¢mara catalana se personar¨¢ en el recurso para ratificar el texto controvertido.
Modelo italiano
Potau manifest¨® que la figura del colegio profesional de periodistas discutida estaba en concordancia con el modelo de Italia, que ya ha sido refrendado por el alto tribunal de ese pa¨ªs en un proceso similar al iniciado en Espa?a por Ruiz-Gim¨¦nez. "Nuestra ley, si bien reconoce la obligaci¨®n de colegiarse, es flexible al establecer que tal obligatoriedad debe ser regulada por los propios periodistas en los estatutos de sus colegios", declar¨® el letrado catal¨¢n.En opini¨®n de Jes¨²s Santaella L¨®pez, secretario general de la FAPE, el recurso del Defensor del Pueblo "pone en juego la supervivencia del periodismo como actividad profesional". Adem¨¢s, se?al¨® que tal iniciativa "ha proporcionado al Gobierno la coartada para congelar la regulaci¨®n de la profesi¨®n en el ¨¢mbito nacional".
De otra parte, el director de los Servicios Informativos de Televisi¨®n Espa?ola, Enric Sopena, rechaz¨® que la ley catalana sea una "ley para privilegiados" por el hecho de que consagre las v¨ªas de acceso a la profesi¨®n para los titulados universitarios o los informadores con cinco a?os de experiencia reconocida. "El nepotismo existir¨¢ siempre con t¨ªtulo o sin t¨ªtulo", matiz¨®.
La asamblea de la FAPE, que se clausura hoy en Las Palmas, urgi¨® tambi¨¦n al Gobierno para que "desarrolle inmediato de los derechos profesionales recogidos por la Constituci¨®n de la cl¨¢usula de conciencia y el secreto profesional".
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