Euskadiko Ezkerra exigir¨¢ a altos cargos del Gobierno vasco que devuelvan indemnizaciones

Euskadiko Ezkerra exigir¨¢ pr¨®ximamente en el Parlamento vasco la devoluci¨®n a la Hacienda p¨²blica de las indemnizaciones cobradas por el lendakari, Jos¨¦ Antonio Ardanza; el portavoz del Ejecutivo aut¨®nomo, Eugenio Ibarz¨¢bal; el consejero de Hacienda, Fernando Spagnolo, y por todos los dem¨¢s altos cargos que no quedaron en situaci¨®n de desempleo al abandonar sus anteriores puestos en las diferentes ¨¢reas de la Administraci¨®n vasca.

Las cesant¨ªas, t¨¦rmino con el que se designa en los medios de la Administraci¨®n vasca a las indemnizaciones por cese o dimisi¨®n, han sido abonadas no s¨®lo por el Gobierno vasco y por las diputaciones de Vizcaya y Guip¨²zcoa, sino tambi¨¦n por los propios organismos aut¨®nomos y sociedades p¨²blicas: Eusko Trenbideak (Ferrocarriles Vascos), EITB (Radiotelevisi¨®n Vasca), HABE (Organismo para la alfabetizaci¨®n y euskaldunizaci¨®n de adultos), el ente vasco de la Energ¨ªa, etc¨¦tera.En el pasado ejercicio s¨®lo el Gobierno vasco entreg¨® en concepto de cese o dimisi¨®n un total de 119.530.000 pesetas. La partida presupuestaria correspondiente al a?o anterior establece una cifra de 100.620.000 pesetas, la de 1983 se sit¨²a en 34.723.000 pesetas y la del a?o 1982 en 24.576.000 pesetas.

Xabier Olaberri, diputado de Euskadiko Ezkerra en el Parlamento vasco, apunt¨® ayer la posibilidad de que su partido inicie acciones legales por malversaci¨®n de fondos contra determinados altos cargos que han cobrado estas prestaciones, pese a que las normas forales les exclu¨ªan como beneficiarios. Fuentes de la diputaci¨®n de Guip¨²zcoa indicaron que las indemnizaciones abonadas a Eugenio Ibarz¨¢bal, anterior jefe del gabinete t¨¦cnico del diputado general y ahora portavoz del Ejecutivo, y a Fernando Spagnolo, ex director general de Hacienda de la diputaci¨®n y en la actualidad consejero de Hacienda fueron decididas por el consejo de la diputaci¨®n y que las cantidades percibidas no superaron en ninguno de los dos casos el mill¨®n de pesetas.

Aplicaci¨®n de criterios

La norma foral aprobada por las Juntas Generales de Guip¨²zcoa reconoce ¨²nicamente al diputado general y a los diputados forales el derecho a recibir las prestaciones por cese o dimisi¨®n. Se plantea pues el interrogante de si el consejo de la diputaci¨®n puede aplicar de forma extensiva los criterios de la norma foral aprobada por las juntas generales de la provincia, el organismo de control del gobierno de la diputaci¨®n.Los dirigentes de EE consideran que el cobro de indemnizaci¨®n por cambios de puesto dentro del conjunto de la Administraci¨®n vasca, no es s¨®lo un hecho ¨¦ticamente reprobable, que cuestiona la moralidad de sus protagonistas, sino adem¨¢s una pr¨¢ctica ilegal establecida a partir de una interpretaci¨®n "torcidamente interesada" de la ley de Gobierno aprobada el 30 de junio de 1981 por el Parlamento vasco y de las correspondientes normas forales de las diputaciones.

Fuentes del Gobierno vasco aseguran, por el contrario, que el pago de las cesant¨ªas es perfectamente legal y ha sido realizado de conformidad con la ley de Gobierno, los acuerdos posteriores del Ejecutivo y las correspondientes normas forales. El 30 de enero de 1984, el Gobierno vasco adopt¨® una serie de disposiciones destinadas a regular la ley de Gobierno de 30 de junio de 1981, a la vista de que "este precepto adolece de una gran simplicidad y generalidad". El acuerdo del 30 de enero de 1984 limita el cobro de las indemnizaciones a los casos en que se abandone la Administraci¨®n de la sede del Gobierno vasco de Vitoria, de forma que se impide que una persona pueda cobrar por el simple cambio de puesto dentro de los servicios centrales de la Administraci¨®n.